#28 F ¡Sal a la calle y reclama tu derecho, tu empleo y tu dignidad!

La llegada de la democracia a nuestras vidas no fue un camino de rosas. “LIBERTAD. DEMOCRACIA Y DERECHOS” fueron conquistados a través de la lucha y el compromiso personal y colectivo de miles de trabajadores y trabajadoras.

Con la CE de 1978 se construyó una nueva sociedad. Y para garantizar la convivencia en paz y poder reconstruir los lazos de vecindad destruidos por el Franquismo, hubo que dar por pasado el tiempo pasado.

El esfuerzo colectivo de las/os trabajadores y las clases populares tenia como único propósito construir una democracia representativa y participativa, donde el diálogo, el consenso y los acuerdos se proponían como valores esenciales para la convivencia en todos los ámbitos de la vida.

Repartir el poder acumulado por la Dictadura de Franco, fue la clave política que inspiró la legitimidad democrática, y que sustentada sobre la base de la confianza, el estado de derecho y la seguridad jurídica permitió construir el Estado y sus diferentes nivele administrativos.

El movimiento municipalista, como siempre inspirado en el pueblo y las/os trabajadores organizados en sindicatos de clase luchamos con ahínco por la libertad, por un futuro construido por nosotros mismos, por nuestro futuro escrito desde la base, desde lo local, desde el puesto de trabajo. Y ello permitió conformar una convivencia política y social que debía materializarse en la vocación de un autogobierno propio en Andalucía.

Y llegó el Referéndum del 28 de febrero de 1980. Un hito histórico que hizo posible que Andalucía alcanzara la misma autonomía, competencias y autogobierno que se reservaba a las llamadas Comunidades Históricas.

Sabíamos entonces, igual que sabemos ahora, que la mejor manera para garantizar un futuro de bienestar, riqueza, empleo y de defender lo conquistado era y es, desde la implicación personal y colectiva defendiendo la justicia social y la igualdad de oportunidades; porque en Andalucía tuvimos que recorrer un largo camino para tener nuestro propio Estatuto y que, además, fuimos las/os andaluces quienes orientamos la conformación actual de la España de las Autonomías.

Queríamos alcanzar la máxima expresión de autogobierno y lo conseguimos. Lo queríamos como trabajadoras y trabajadores porque sabíamos que era la única manera de alcanzar un futuro mejor. Y ahora, que las reformas y la acción política del Gobierno del PP genera incertidumbres y cuestiona el modelo social andaluz, lo queremos como andaluces y andaluzas para redistribuir equitativamente la riqueza, por los derechos sociales que consagran nuestro Estatuto de Autonomía, por el empleo y por la dignidad del pueblo andaluz.

El 28 F saldremos a la calle para defenderlo.

Difamar los sectores productivos públicos, desacredita a la CEOE.

La inmoralidad, la escasez de ética personal, el ridículo sentido de la vergüenza y de la impunidad, la desfachatez y hasta el descrédito empresarial con el que se manifiesta en presidente de la Patronal española, Joan Rosell, está interiorizado en el más profundo poso de la cultura empresarial de España.

Esa cultura, que interpreta la legislación laboral actual (Reforma Laboral) como un magnifico instrumento para abaratar el despido y el empleo, normalizar la economía sumergida y hegemonizar en las relaciones laborales criterios antidemocráticos como el totalitarismo de las patronales sobre las/os trabajadores y la impunidad de sus actos a los que no se les permite acceso a la autoridad laboral. Y que no conformes con tanto poder, sugieren, -“exigen”- seguir profundizando en su flexibilización para que las/os trabajadores paguen aún más por trabajar; porque pagar ya pagan parte de sus prestaciones por desempleo para complementar su salario en una de las modalidades contractuales que propone la Reforma Laboral.

Un Presidente de la CEOE, que no tiene pudor alguno al calificar como ridículo el nivel de corrupción empresarial (atendiendo a sus manifestaciones sobre las donaciones ilegales de empresas y empresarios/as en el caso Bárcenas) 

Un Presidente de la Patronal que valora como “insignificante” la visión cada vez  más generalizada de que la clase empresarial es corrupta, y que se dedica en exclusiva a ganar dinero sin importarle los procedimiento de los que se doten para ello, no merece otra cosa, que ser calificado como el gestor de la Cueva de Alí-Babá.

En mi opinión flaco favor le hace a sus representados, que los hay muy comprometidos con el desarrollo socioeconómico de España y con el empleo, cuando en cada una de sus comparecencias públicas en las que, en vez de poner en valor el papel de las Empresas y del tejido empresarial en el marco económico y laboral, y de proponer soluciones a los problemas del mundo empresarial, se dedica a difamar, desacreditar y vilipendiar a los sectores productivos públicos y a sus trabajadores y trabajadoras; los que ambiciona como negocio y a los que quieren someter como empleados/as.

Ciertamente escaso compromiso y aporte a España puede esperarse del Sr. Rosell, quien comparte tesis con el delincuente Díaz Ferrán -“los/as trabajadores tienen que trabajar más para ganar menos”- , los presuntos corruptos y mejores patriotas que financian ilegalmente a los Partidos Políticos atendiendo a intereses particulares, con quienes quieren mandar a las personas paradas a Laponia o, con quienes sus trabajadores/as tienen que asistir a trabajar en sus centros comerciales con el brazo en cabestrillo y con la pierna escayolada por temor a perder su empleo si faltan al trabajo. Y menos aún, cuando su palabra en forma de compromiso escrito y firmado con los sindicatos “II ANENC”, en el que se identifican las debilidades de la economía española a subsanar con medidas concretas: la precaria competitividad del modelo productivo y del tamaño de las empresas, la escasa cultura innovadora del tejido empresarial, la falta de financiación de las PYMES, la dependencia energética, o, la rigidez del mercado laboral en coyunturas económicas de crisis.

En fin, este Sr. carece de legitimidad moral y de ética personal para representar a una Institución indispensable para el desarrollo socioeconómico de España, tan necesitado de apuestas honestas, comprometidas y responsables para apuntar las soluciones que requiere nuestra economía.

La alfombra roja.

Sobre “alfombra roja” va a poner la ministra de empleo, Fátima Báñez, a los jóvenes emprendedores como medida para erradicar el paro juvenil. Se tata de una serie de actuaciones que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy para, al parecer, dar respuestas a las cada vez mayores críticas y exigencias de actuación de la UE, de las Instituciones Internacionales y del conjunto de los agentes sociales, quienes coinciden en reconocer que la tasa de paro juvenil en España, que supera el 55% es vergonzosa.

Pretende el Gobierno del PP establecer una especie de “tarifa plana”  (expresión utilizada por la ministra Báñez) de 50 euros en las cotizaciones sociales durante seis meses para los/as jóvenes emprendedores y personas trabajadoras autónomas menores de 30 años en los próximos dos años; junto con otras medidas dirigidas a: facilitar el acceso al crédito ICO. No pagar el IVA de las facturas hasta que no se cobren las mismas, etc. En definitiva, medidas destinadas al emprendimiento y al trabajo autónomo que pueden ser aceptables pero que, en mi opinión, son extremadamente cuestionables cuando se plantean como solución para mitigar la elevada tasa de paro juvenil, ya que parece querer dar la impresión de que con la “tarifa plana sobre alfombra roja” de 50 euros durante seis meses, las/os emprendedores consolidan una estructura empresarial potente capaz de absorber un porcentaje elevado de la demanda de empleo juvenil.

¿Y después de los seis meses qué? Seguramente se generará un proceso semestral rotatorio de empresas en el que estén produciéndose bajas y altas permanentes de las mismas.

Este afán del Gobierno del PP de gobernar a base de titulares para contentar las críticas de la UE  y de las Instituciones Internacionales, es ya preocupante al convertirse en la generalidad de la acción de gobierno por mucha “alfombra roja” que éste ponga.

Vincular la solución del paro juvenil a la promoción del emprendimiento y del trabajo autónomo, además de un error, es un descomunal despropósito porque el problema del empleo en España y en particular del empleo joven, está directamente imbricado con la cultura empresarial de nuestro país, con el  modelo productivo precario y manifiestamente mejorable, con la falta de compromiso con la economía productiva de las entidades financieras y con la impregnación especulativa que generan las políticas neoliberales desplegadas por el Gobierno del PP.

España y con carácter de urgencia, tal como manifestó en días atrás el Comisario Europeo de Economía, Olli Rehn, necesita un Plan específico en políticas activas de empleo (PAE) que facilite el acceso de las/os jóvenes al mercado laboral, pero no sólo con PAE se incorporan las personas jóvenes al mercado de trabajo, por lo que es preciso un PLAN DE CHOQUE que genere empleo de forma inmediata y para ello, las entidades financieras nacionalizadas deben, por mandato expreso, poner de inmediato en circulación crédito a la actividad comercial y productiva de las PYMES y micropymes, las Administraciones una nueva política de fiscalidad coyuntural que estimule la contratación en condiciones de dignidad y al menos, modificar los aspectos de la reforma laboral lesivos con el dialogo social como herramienta incuestionable para el crecimiento económico, el desarrollo y la cohesión social.

Si yo fuera Presidente.

El mercado laboral onubense es uno de los más precarios de España, es la evidencia que constatan por una parte los datos del paro, que eleva la tasa de desempleo al 36,19% y por otra, los indicadores socieconómicos, laborales y de igualdad sobre la calidad del mercado laboral en Andalucía y que califican a Huelva como la provincia andaluza con peores indicadores de calidad de su mercado laboral.

Esta realidad está llevando a las clases medias y trabajadoras a un empobrecimiento paulatino que contrasta con el enriquecimiento de los más ricos. A la caída del 1,7% de los salarios  se le contrapone el incremento medio de los beneficios empresariales del 3,9% y todo con un tejido empresarial escasamente emprendedor por falta de financiación, pero también escasamente comprometido con un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible y de calidad.

Identificar las causas y/o consecuencias de los principales problemas del mercado laboral onubense es una necesidad para poder afrontar soluciones en el corto plazo. En este sentido, parece existir un amplio consenso social en enumerar la falta de financiación de las PYMES (92% del  tejido empresarial onubense) y el paro como las principales preocupaciones.

Las administraciones autonómicas y provincial (JA y Diputación) parecen haber asumido un compromiso por promover soluciones urgentes al problema del paro, y ambas cada una en su ámbito, han suscritos sendos “Planes” de empleabilidad para generar empleo inmediato. Así, la JA ha diseñado un PLAN DE EMPPLEO en el que invertirá 200 millones de euros de los cuales, 60 millones se invertirán en Huelva, y la Diputación Provincial ha diseñado un PLAN DE EMPLEO para los municipios onubenses con una aportación de  un millón de euros que suma a otros 2,5 millones de fondos incondicionados para los municipios y que pueden redundar en la generación de empleo.

Las administraciones con los matices que cada cual quiera aportar, cumplen con el compromiso del empleo, pero no es el empleo patrimonio exclusivo de las administraciones, sino que éste se sustenta fundamentalmente en las estructuras empresariales convirtiéndose éstas en sus principales generadoras, por tanto es  una responsabilidad implícita a la propia acción empresarial.

Son muchas las corporaciones empresariales y financieras que operan en Huelva y que están teniendo suculentos beneficios y no se sienten comprometidas con la generación de empleo desde su responsabilidad social corporativa. Y es el momento, en mi opinión, de esa apuesta -invertir parte de los beneficios en empleo- facilitando de forma solidaria la empleabilidad en las PYMES que siguen encontrando enormes dificultades financieras para su propio desarrollo.

Si yo fuera el Presidente de la PATRONAL ONUBENSE, comprometería todo el esfuerzo institucional en trabajar para que las empresas con beneficios constituyeran un fondo de un millón de euros para facilitar a las PYMES la creación de empleo, destinando ese fondo al pago de los costes sociales de las empresas durante el periodo de contratación de las/os trabajadores, con lo que se estaría operando en las dos líneas de las preocupaciones de la economía onubense: la financiación y el empleo.

EL GOBIERNO DEL PP QUIERE EJERCER DE COMANADANTE EN JEFE DE ESPAÑA.

El determinismo con el que se desenvuelve el Gobierno del PP marca el rumbo ideológico de las acciones políticas que desarrolla y pone en la proa de las prioridades los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras del País. Y en la popa de la nave “España” los derechos e intereses de las clases trabajadoras y la ciudadanía en general.

Durante el largo y lastrado año de gobierno vivido, los 30 RDs que ha aprobado y apresurado en aplicar, bien ha dejado a las claras que toda la acción de gobierno ha ido dirigida por una parte, a generar un franco desequilibrio entre los diferentes intereses de partes, favoreciendo siempre al más poderoso: “patronos sobre trabajadores; banqueros sobre ahorradores; represión policial y judicial sobre el derecho al descontento; …” Y por otra parte, establecer por la vía de los hechos, o del derecho, un nuevo modelo de Estado equiparable al modelo preconstitucional.

En este sentido, socializar la deuda privada de los bancos, descapitalizar las políticas sociales que atienden a los derechos democráticos y constitucionalmente constituidos en nuestro Estado Social y de Derecho, desarrollar de forma cicatera e interesada la reforma constitucional que obliga al equilibrio presupuestario y que ha supuesto para las administraciones acogerse a un Plan socializador de Pago a Proveedores con el firme propósito de  garantizar el pago a empresas e intereses a los bancos prestatarios, las múltiples declaraciones -que son la antesala de la reforma- en el sentido de intervenir las cuentas de las CC AA y Aytos que no cumplan con el equilibrio presupuestario, … dejan bien a las claras el propósito de construir un Estado con vocación centralista, uniformado y con un único “Comandante en Jefe”

Este año 2013 parce que ha sido el elegido para reformar definitivamente la Administración, reforma que pretende adelgazar la representación democrática del pueblo, eliminar las EELLMM (no logrado), eliminar las mancomunidades de municipios, agrupar pequeños municipios cercanos en una única Entidad Local, …, para lo cual se necesita un gran Pacto, una alianza con el principal Partido de la oposición. ¿Cómo sino puede presentarse el Gobierno del PP ante España con tan profunda reforma del modelo democrático de Estado?

Cuando las alianzas y/o pactos se antojan imposibles, la estrategia del Gobierno deriva hacia los hechos consumados explorando las medidas pretendidas en los laboratorios del PP: Valencia. Madrid. Castilla la Mancha ...  para privatizar la sanidad, reducir la democracia participativa o ponerle cortapisa, … Y hacia el RDL sobre cuestiones colaterales que afectan a la autonomía de las CCAA y EE LL. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro en un acto de euforia, aventura el compromiso del Gobierno en intervenir las cuentas de las CCAA y Ayuntamientos para garantizar el pago a los proveedores de éstas. Una vez más, la prioridad del Gobierno es garantizar el pago a las empresas en lugar de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía.

Esta euforia del ministro Montoro, además de ser una barbaridad en democracia en mi opinión, se me antoja ilegal porque afecta directamente al criterio político a la hora de aplicar la autonomía de gobierno que se le supone a los legítimamente elegidos para gobernar las CCAA y los Ayuntamientos, amén de que, si ya existe una Ley de Morosidad que obliga el pago a proveedores en un plazo determinado, lo correcto sería establecer mecanismos dirigidos al cumplimiento de la Ley y de exigencia de responsabilidad de quienes la incumplan, y no que tenga que ser la ciudadanía a quien se les hace responsables indirectos de una decisión de gobierno.

BAJO EL DISEÑO ANTISINDICAL

El largo año vivido bajo el terror del gobierno más ultraliberal y de derechas de la democracia concluye, ¡POR FIN!

Un año sustentado fundamentalmente en la mentira de la acción política desarrollada, que en nada  se ha parecido a la oferta electoral con la que el PP se hace con el poder absoluto en España. Un poder legítimo, que sin embargo se ve ilegitimado por la propia acción política y por la interpretación de facto del Gobierno, que considera la legitimidad democrática como patente de corso para la impunidad, la intolerancia y el totalitarismo político que impregnan los 29 RDLs con los que el Gobierno del PP gobierna el destino de los más de 40 millones de españoles y españolas.

Un largo año de desgobierno, de fracasos en las políticas aplicadas para superar la crisis. Un año de retrocesos en libertades y en derechos en un contexto de permanente involución democrática. Un año de ofensiva contra el Estado del Bienestar y contra los servicios esenciales para la comunidad.

Un año para conseguir hacer de España uno de los Estados más vulnerable de la UE. Un año para erradicar a las clases trabajadoras la tutela jurídica efectiva.

Un año para desectructurar el tejido democrático de participación de la ciudadanía, para someter y hacer añicos el derecho laboral y las relaciones laborales, pretendiendo desde los poderes mediáticos de la derecha desacreditar y minar la fortaleza del sindicalismo de clase y con ello, la capacidad de organizarse las clases trabajadoras para defender sus derechos e intereses.

En definitiva, un año en el que han cambiado el modo de convivencia y el orden de las preocupaciones de la ciudadanía y para desmantelar la cadena de derechos que les protegen en un Estado Social y de Derechos como era España.

En solo un año, nos han imbuido hacia una etapa de la historia convulsa social y económicamente, arrastrada por los intereses neoliberales al servicio del poder económico y financiero, que aprovechando la crisis económica está consiguiendo imponer un modelo alejado del sistema del bienestar social, desahuciando principios básicos del derecho laboral que hasta ahora las organizaciones sindicales habíamos conseguido a través de la negociación colectiva principalmente.

Es aquí donde se sitúa el propósito estratégico último del Gobierno del PP, “acabar con la capacidad organizativa de las clases trabajadoras acabando con las organizaciones obreras de clase”, a las que históricamente la derecha española han perseguido, prohibido e ilegalizado para evitar que el mundo del trabajo pueda contrarrestar las políticas belicosas contra sus derechos e intereses mediante su organización. En este sentido, este largo año de desgobierno se ha caracterizado por una interminable oleada de ataques desde la derecha financiera, económica, política, mediática y eclesiástica al sindicalismo de clases. Un ataque sin precedentes en la historia de España desde los tiempos de la “dictadura Franquista” y que de no contrarrestar, pueden ser más devastadores para las clase obreras que la propia “dictatura del Caudillo Franco”.

Sin temor a incurrir en opiniones que puedan herir la sensibilidad de algunas personas, me atrevo a aseverar que en estos momentos el contenido sociopolítico de la historia de España ejerce una enorme influencia sobre la conciencia colectiva social, una influencia de incalculables consecuencias para el devenir del futuro de los sindicatos de clase, sustentada en la legitimidad que propicia la democracia a la libertad de prensa, de expresión y opinión, más allá de la veracidad de las mismas a la hora de orquestar múltiples y virulentas campañas de desprestigio continuado en contra de las grandes Confederaciones Sindicales de España, a las que la derecha temen por erigirse en el último bastión de la izquierda social.

Así como el fascismo “Franquista”, amén del coste humano que supuso, llevó a los sindicatos a la clandestinidad, a la persecución y represión de sus militantes y dirigentes, también generó amplia simpatía y solidaridad hacia las clases trabajadoras y populares creándose una importante red social de apoyos, colaboraciones y de difusión ideológica que hizo reaparecer la actividad sindical con fortaleza y esperanza. Sin embargo, la realidad sociopolítica actual está minando el crédito y la sensación de necesidad del sindicalismo generando la ambigua conciencia social de que las Organizaciones Obreras son prescindibles para el desarrollo socioeconómico y la defensa de los derechos e intereses de las personas más vulnerables.

La medicina neoliberal es nocivas para la salud económica y social.

Las medidas y reformas adoptadas por el gobierno del PP han producido un agravamiento de la economía, el aumento del desempleo (algo que va a ir a peor según a previsión de distintos organismos internacionales), el empobrecimiento de las clases populares y el deterioros social y democrático del Estado.

En este escenario y en las proyecciones futuras, e secretario General de la Organización para la Cooperación y el desarrollo (OCDE) entiende y recomienda medidas mayores y más contundentes en la misma dirección de las adoptadas. Una propuesta errónea y completamente nocivas para la economía porque insisten en profundizar en las políticas fracasadas que están llevando a nuestro país a la ruina económica y social y generando mucho sufrimiento y desasosiego a la ciudadanía.

Hay que partir de hecho de que la OCDE es una Institución democráticamente ilegitimada para hacer propuestas y adoptar resoluciones que obliguen a los países, no representativa del interés general al no ser elegidos sus miembros por sufragio. Está al servicio de quienes les pagan (que como todo en la UE) son los poderes financieros y económicos) y pactan los dictámenes y propuestas con los gobiernos de turno. Se reparten los papeles y en este caso ha correspondido al gobierno de España en la persona del ministro de Guindos, subrogarse el papel de gobierno rebelde para decir que España no tiene en su agenda abaratar el despido, reformar las pensiones, endurecer las condiciones para cobrar las prestaciones por desempleo, o subir el IVA. O sea, las próximas medidas y reformas que adoptará el Consejo de Gobierno, pero eso sí, no serán deseadas y lo serán por imperativo de la UE.

Que no nos confundan. Estamos ante una maniobra global en la que España aporta conniventemente el desmantelamiento del Estado y de la cadena de derechos que protege a la ciudadanía, a pesar de que la OCDE en el mismo informe y al mismo tiempo incurre y certifica las contradicciones de las medicinas neoliberales que desde hace años recorta salvajemente el sector público. Un mismo informe que afirma que el ambicioso plan de consolidación presupuestaria del gobierno es apropiado para devolver la confianza, pero al mismo tiempo reconoce que no da resultados ni cumplirán con los compromisos del déficit, por lo que desaconseja tomar medidas complementarias, aunque el S. Gral de la OCDE en su comparecencia con de Guindo hiciera referencia a algunas recomendaciones.

Frente a estas medidas de sacrificio, sufrimiento e insensibilidad ante los problemas de la sociedad, es preciso una actitud y unas políticas diferentes que cambien el rumbo de las cosas y cuyo eje central sean el empleo, la igualdad y la justicia social; y modificar el actual proyecto de Presupuestos para 2013 que ns llevará a una regresión social aún más profunda y a agravar la recesión económica con una caída que triplica la prevista por el gobierno que alzará la deuda hasta el 97,6% del PIB en 2014.