El Socialismo moderno, breve introducción.

En el año 1988 se publica en España la obra “PERSPECTIVAS DEL SOCIALLISMO MODERNO”de Adam Schaff, sociólogo y filósofo polaco nacido en 1913, quien en su obra escribe unas profundas reflexiones sobre el movimiento socialista y toda la izquierda en general, de la que dice encontrarse en esos momentos ante una importante etapa de reflexión sobre las perspectivas futuras como consecuencia de los cambios que está teniendo lugar por la segunda Revolución Industrial, que nos sitúa en un periodo de transición hacia la sociedad de la informática. (la globalización)

Para Schaff las transformaciones que se están produciendo en la estructura social conlleva la extinción de las clases sociales tradicionales de la sociedad burguesa, colocando al movimiento obrero ante la necesidad de cambios radicales. Estas transformaciones sociales plantean serias interrogantes sobre la posibilidad de que algunos de los partidos tradicionales de la izquierda puedan estar en condiciones de hacer frente a la revolución de nuestro tiempo, si previamente no son capaces de abordar modificaciones profundas en su propio carácter, en sus programas y en su forma de acción.

Bertolt Brecht, sobre la vida de Galileo. “Galileo: … En las muchas horas libres de que dispongo me he dedicado a considerar mi caso y a reflexionar acerca de cómo lo juzgará la comunidad cinetífica, a la que yo ya no pertenezco. Incluso un comerciante en lanas, además de comprar barato y vender caro, ha de procurar también que el comercio de lanas se realice sin cortapisas. A este respecto, me parece que el cultivo de la ciencia exige un coraje muy especial, pues negocia con conocimientos adquiridos a base de dudas. Hace acopio del conocimiento de todo y para todos, aspira a hacer de cada uno un escéptico … En mi condición de científico dispuse de una oportunidad única. En mi tiempo hasta en las ferias se abría paso la astronomía. En estas circunstancias tan especiales, la firmeza de un hombre puede haber causado una gran conmoción, si yo hubiera ofrecido resistencia … Traicioné a mi oficio. Un hombre que hace lo que yo hice no puede ser tolerado en las filas de los científicos”.

-Galileo en un prolongado y cadencioso juicio llegó a confesarse autor de todos los crímenes de que le acusaba la Inquisición, hasta que en un halo de rebeldía dijo: “yo he visto lo que he visto, y así lo cuento”-

Cabe preguntarse, -vista la situación social, política y económica actual nada improvisada, espontánea o desconocida- si los cambios sociales y políticos producidos en la izquierda y en el movimiento obrero han servido para alimentar la avaricia, el egoísmo, la lujuria y la orgía capitalista que nos invade, al tiempo de que si puede considerarse el cambio social y político el motor de toda revolución como elemento garante de la dignidad y la felicidad de las personas, sin que se produzca un cambio en la cultura económica capitalista.

Mucho que decir.

En estos dos o tres últimos días, se han anunciado y hecho realidad dos nuevas medidas, que una vez más están diseñadas para que sus efectos descabellados recaigan sobre las clases trabajadoras y las clases medias. Me estoy refiriendo a la desafortunada iniciativa de la peor ministra de empleo de la historia democrática de España, la ministra Bañez, quien despreciando la Ley recupera un procedimiento para que unos españoles se conviertan en chivatos de los otros; y una segunda, que hace recaer un nuevo lastre intelectual e ideológico sobre la sociedad española en forma de recomendación del FMI y de la UE para que se produzca una reducción del 10% del salario de las clases trabajadoras con el loable propósito de crear empleo.

Una (la Báñez), nos ponen a los españoles en la tesitura de utilizar un procedimiento anónimo de denuncias, para que con la escusa de la lucha contra el abuso y el fraude laboral se puedan realizar los ajustes de cuentas vecinales que cada cual considere, de forma similar, salvando la distancia y la época, de los ajustes con los que ajusticiaban las hordas falangistas en la posguerra.

Fruto de estas denuncias anónimas, anuncia con satisfacción esta nefasta ministra que se han sancionado y retirado la prestación a 60.000 trabajadores/as que cobraban fraudulentamente un salario no declarado. Esta inutilidad (la Báñez), no sabe que para que se produzca un fraude tienen que darse dos circunstancias; por una parte, que haya una perentoria necesidad económica del trabajador/a parada. Y por otra, una clara voluntad de defraudar y beneficiarse ilícitamente de las miserias de aquellos los pagadores, con el propósito de enriquecerse y eludir el compromiso fiscal que debe ser concebido como una obligación legal, moral y hasta solidaria. ¡Entonces, cómo es que sólo se denuncian, persiguen y sancionan a las personas paradas! Quizás, en el ADN de este País se tiene asimilado el profundo arraigo sumergido de la práctica económica empresarial.

Y los otros, los prestidigitadores (FMI, UE) que se dedican a lanzar mensajes y sus contrarios a la vez (las medidas aplicadas no están dando los resultados adecuados, pero hay que seguir profundizando con ellas, …), y a reconocer lo precario de sus propios errores sin importarles las consecuencias, ya que persisten en sus exigencias y/o recomendaciones obviando intencionadamente que todas las medidas restrictivas adoptadas, entre ellas la bajada de los salarios, han incrementado en España un 5% la tasa de paro y ha generado una reducción salarial del 6,3%, (el 7,3% en Andalucía y el 7,8% en Huelva) desde su aplicación, a la vez que ha propiciado el empobrecimiento del 22,00% la capacidad de renta de la familias.

Ambas iniciativas, la de la nefasta Báñez y el lastre ideológico del FMI y de la UE, han contando con el contundente rechazo de los Sindicatos mayoritarios UGT y CC OO y una gran parte de la sociedad española. Pero, y en Huelva, ha habido la misma contestación? Es a caso Huelva una burbuja aislada en la que no tienen efectos estas iniciativas?

En mi opinión, en Huelva hay mucho que decir al respecto porque son muchas las razones. Tenemos el mercado laboral con los peores indicadores de calidad de Andalucía. Una tasa de paro del 46% (EPA). 4,8 personas paradas de cada 10 no cobra ningún tipo de prestación. Hay convenios colectivos de sectores productivos muy importantes para la maltrecha economía onubense en el abismo de la perdida de la ultraactividad. Disfrutamos de forma normalizada, de un amplio porcentaje de economía sumergida según se desprenden de las palabras del Presidente de la Patronal (FOE) en dos vertientes, una en forma de pago en negro (B) de parte de los salarios de las trabajadoras y trabajadores, y de otra, en forma de competencia empresarial desleal por empresas ilegales, solo hay que recordar las manifestaciones de los representantes de la FOE reconociéndolo y condicionando la firma del convenio del metal a ello (ver hemeroteca). Gozamos del desagradable privilegio de contar con 40.000 familias en el umbral de la pobreza y 36.000 de ellas con todos sus miembros en paro (EPA). La gente deambula entre contenedores, ayer vi una familia por última vez, en busca de restos de comida y enseres que poder vender.

En definitiva, porque de entre las 60.000 personas sancionadas puede haber gente de Huelva, porque los salarios se han reducido un 7,8% de media y no se ha generado empleo y porque la gente en Huelva está pasando hambre son razones poderosas de obligan a decir muchas cosas al respecto y no se han dicho.

No me parece aceptable que una de las pocas voces oídas haya sido la del responsable del IAJ en referencia a la bajada del 10% del salario a las personas asalariadas y sus consecuencias sobre los jóvenes, mientras que las/os trabajadores han carecido de los mensajes de lucha y resistencia por la justicia social de sus representantes.

¿Es Rajoy el Gran Padrino?

Rubalcaba parece tomar el pulso a la política con dos iniciativas imprescindibles y necesarias.

Una, anunciar la convocatoria de una moción de censura al Presidente del Gobierno “Mariano Rajoy” si éste no comparece a dar explicaciones en la Cámara de Diputados/as ante las graves acusaciones declaradas por Luis Bárcenas ante el juez Rus, y mediante las cuales se pone bajo sospecha de corrupción al propio Rajoy y a toda la cúpula del PP.

En segundo lugar, el acuerdo con toda la oposición política, salvo UPyD, para que la primera medida de un nuevo gobierno sea derogar la Ley Wert tras su aprobación.

Sin duda, ambas iniciativas encierran un profundo calado y convicción democrática por pretender una, restituir la dignidad del Congreso de los Diputados para que vuelva a ser la sede del debate político y de la representación de la voluntad popular, la mayoritaria y la minoritaria; no la sede de un acto administrativo para ratificar las decisiones del Consejo de Ministros. Y la otra, restituir la universalidad de la igualdad de oportunidades para todos y todas que posibilitará la autonomía intelectual, cultural, del conocimiento y la libertad individual y colectiva.

La política de oposición en esta ocasión hace lo que debe y lo que puede ante la realidad política de España, realidad de una super mayoría absoluta convertida en absolutismo por el PP, pero que para la ciudadanía no es suficiente porque España se encuentra secuestrada por una “acción de gobierno” cuasi mafiosa donde el principal partido político se encuentra bajo sospecha de corrupción generalizada por financiación ilegal y el Gobierno tiene a su Presidente y presidente del PP, Mariano Rajoy, como el presunto “Gran Padrino” que orquesta y ordena la presunta corrupción.

Ahora es el tiempo de la sociedad civil, de la ciudadanía. No basta con que se presente una moción de censura que se sabe perdida. No basta con que Rajoy pueda dimitir y el PP nombre a otro/a Presidente/a porque la supuesta corrupción está generalizada en todo el PP y su cúpula.

La primera de las corrupciones en nuestra democracia es la propia acción de gobierno, una acción políticamente ilegitimada por gobernar contra el contrato social y político con el que el PP gana las elecciones generales y contra el pueblo, que debe suponer una reacción masiva y contundente de la ciudadanía a través de sus organizaciones y plataformas. La Cumbre Social de España, y por ende en cada provincia y territorio, debe promover una amplia protesta social saliendo a la calle el próximo día 20 de Noviembre para solicitar la convocatoria de elecciones generales que restituya la sustraída democracia que el gobierno del PP ha generado.

EREs de Anadalucía. ¿Caso jurídico. Caso Político? “Reflexión abierta”

Puestos a opinar, opinemos. Puestos a reflexionar, reflexionemos. Reflexión abierta sobre el llamado caso de los EREs en Andalucía con la que pretendo desinhibir la mente.

Bajo el calificativo de “salto cualitativo” a incluir en la investigación del caso de los EREs, la jueza Alaya imputa a parte de la clase política que permite, según ella, el incumplimiento de las normas para generar fraude, cundo éstas fueron aprobadas por el Parlamento de Andalucía.

Con la última hasta ahora, decisión adoptada por la jueza Alaya se imputan a decenas de personas muy estrechamente relacionadas con el/los gobiernos andaluz, y una vez más, haciéndola coincidir imprudentemente como ya han señalado diversos medios de comunicación con una significativa fecha para Andalucía y su proyecto democrático, nada más, ni nada menos, que con el inicio del proceso de primarias en el seno del PSOE A donde puede elegirse al/a posible sustituta del Presidente del Gobierno de la JA. Ante esta reiteración cabe todo tipo de especulaciones.

En primer lugar y a tenor de las múltiples coincidencias y/o imprudencias de laJjueza en este caso: “coincidiendo con la campaña de elecciones municipales de 2011 (10/05/2011) emite un auto para investigar los bienes del exconsejero de empleo Antonio Fernández. En la toma de posesión en el Parlamento de Andalucía del Presidente Griñan, (19/04/2012) ordena el ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández. En noviembre de 2011, en plena campaña de las elecciones generales emite la Jueza una declaración en el sentido de que Griñan en su calidad de Consejero de Economía tuvo que autorizar las partidas presupuestarias objeto de investigación. 10/03/2012, en plena campaña de las elecciones autonómicas ordena el auto de prisión de Javier Guerrero, exdirector general de empleo de la JA. El día de la firma del Pacto andaluz por la Economía firmado con los Sindicatos mayoritarios y la Patronal andaluza cuando el gobierno de España está haciendo oídos sordos permanentemente a la firma de un Acuerdo Nacional, manda a prisión a dos nuevos imputados tres horas antes de que Bárcenas vaya a declarar a la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.(http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/imprudencias-Alaya_6_113798634.html) ...” cabe plantearse si: ¿tiene a caso la instrucción la vocación de perjudicar al PSOE-A? ¿Es simple coincidencia?. Y en segundo término, habría que cuestionarse si la jueza Alaya está pretendiendo quebrantar el Pacto de Gobierno en Andalucía habida cuenta de las reiteradas manifestaciones vertidas por IU respecto a la presencia de personas imputadas en el Gobierno.

 

En opinión de Martín Pallín “Magistrado emérito del TS”, el último auto de la jueza Alaya, es un auto desconcertante, jurídicamente preocupante y nulo porque no dicen los delitos con los que se les acusa a las personas imputadas y es una obligación constitucional el que las personas imputadas conozcan de qué se les acusa para poder garantizarse su defensa procesal. En el mismo sentido, cuestiona el hecho de que el auto se sustente en unas observaciones del Tribunal de Cuentas de Andalucía por las que se vine a decir, que se vulnera la normativa reguladora sin tener en consideración que fue aprobada en el Parlamento de Andalucía y en las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo que es Ley. De ser como la Jueza interpreta estas observaciones, debe decírsele a las personas imputadas que se les acusan de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. La malversación exige ánimo de lucro y connivencia con los defraudadores, y la prevaricación es “dictar una disposición injusta” ¡Cuidado con esto! Porque la disposición la dicta el Parlamente de Andalucía, no las personas imputadas, por lo que la Jueza tendría que ir contra todos/as los/as parlamentarias que hayan votado esa norma, incurriendo con ello en una invasión de competencias muy peligrosa, en la que no es competente en ningún caso un Juzgado de Instrucción.

Dice la Jueza en su auto del pasado 2/07/2013, que los imputados tienen una culpa invigilando y debido a ello se produce el fraude. Es decir, que los imputan por lo que no hicieron más que por lo que hicieron; “no imponer el principio de autoridad a sus subordinados que actuaban conforme a la legalidad andaluza y ello es lo que propicia el fraude” ( Hay que tener en consideración que el proceso de transferencia de financiación para pagar ayudas fue aprobado por el Parlamento de Andalucía y la Ley de Presupuestos de la JA). En este sentido, parece razonable que la Jueza investigue el fraude y no la forma política, financiera y administrativa con el que se llevó a acabo el desarrollo del Acuerdo de dedicar fondos a estos fines, lo que no es competencia de un juzgado de instrucción y mucho menos delito.

En mi opinión el Magistrado Martín Pallín es categórico y desarma la presumible trama de imprudencias jurídicas de Alaya, que parece diseñada para influir en la voluntad del pueblo andaluz y beneficiar con ello al pensamiento conservador de la derecha andaluza sin importar las consecuencias de la gestión que realiza del caso.

En los últimos tiempos, la mirada está especialmente puesta en el descrédito y la acusación permanente de corrupción a la política trasladada desde la derecha mediática para bajar la tensión pública sobre los mayores casos de corrupción que se dan en la historia de España, “la Gürtel, Bárcenas y la presunta financiación irregular de PP”, curiosamente todos vinculados al partido del gobierno, hasta el prescrito Caso Naseiro. Pero también la presumible trama de imprudencias jurídicas de Alaya ha hecho correr ríos de tinta acusando de corruptos a los sindicatos de clase relacionados con la negociación de los EREs.

Las/os trabajadores y la sociedad en su conjunto somos respetuosos con la justicia, y en la actualidad hasta temerosos con las reformas regresivas que se están imponiendo. Y el mismo respeto que le tenemos, le exigimos a la acción judicial en relación al trabajo sindical, porque de su modo de actuar depende en gran medida el circo mediático que se monta para promover el linchamiento de los sindicatos y de los/as sindicalistas.

En Andalucía, la recalcitrante derecha mediática a tenor de las presuntas filtraciones del caso de los EREs estando declarado el secreto sumarial y del permanente lanzamiento de reflexiones públicas de la propia Jueza, arremetió contra la UGT y CCOO cuando su única tarea fue posibilitar la salvación de miles de empresas, decenas de miles de puestos de trabajo y de más de 6.000 prejubilaciones con salarios dignos, todo desde la legalidad y desarrollando el papel que corresponde a los sindicatos.

No soy quien para censurar el procedimiento procesal, pero sí para opinar que la actitud de permanentes reflexiones públicas sustentadas en declaraciones de personas imputadas, o no. Contrastadas, o no, es un acto que denigra a la acción jurídica y provoca el juicio social y político paralelo que ningún bien hace la independencia de la propia justicia.

Por el bien de la justicia, por el bien de la democracia, no es bueno mezclar las responsabilidades jurídicas con las responsabilidades políticas. No es bueno mezclar el juicio jurídico con el juicio político y social, cada cual tiene su ámbito para dirimir responsabilidades.

Persiste la caza ideológica en el Ayuntamiento de Valverde del Camino.

Loles López, alcaldesa de Valverde del Camino, parece padecer de fijación por el número dieciséis. Dieciséis fueron las/os empleadas/os públicos despedidos del ayuntamiento en un claro arrebato de genocidio laboral contra quienes no piensan como ella y han sido víctimas de un despido selectivo por motivos ideológicos.

Dieciséis los meses de suspensión de empleo y sueldo del funcionario municipal Pedro Domínguez a la vez Secretario General del PSOE valverdeño, y cuya base se sustenta en un expediente administrativo abierto tras la investigación pericial de su ordenador elaborado por el asesino ultraderechista de la joven estudiante Yolanda. En mi opinión, el informe pericial carece de contenido solvente para considerar dos faltas graves que justifiquen la suspensión de empleo y sueldo por dieciséis meses del funcionario Domínguez.

Animo a Loles López a que vuelva a hacer un ejercicio ideológico y contrate nuevamente al ultraderechista Hollin, esta vez para que realice una investigación pericial de todos los ordenadores del Ayuntamiento de Valverde, incluido el de su uso personal, los de sus concejales y los de los candidatos e interventores del PP contratados para desarrollar las tareas de los dieciséis despedidos. Con toda seguridad, se llevaría una enorme sorpresa porque encontrarían contenidos pasados y actuales que nada tienen que ver, o sí, con la dedicación profesional y/o política de los diferentes puestos.

Por tanto, una vez más Loles López hace gala de un talante innato para la caza del adversario ideológico entre los empleados públicos municipales y en esta ocasión, con la intención de inhabilitarlo políticamente.

Jorge Puente.

Del modelo constitucional de “Las Españas”, a la España única.

El próximo reto comprometido por el Presidente del Gobierno con la Troika, es abordar con urgencias las llamadas reformas estructurales y reducir el déficit en 37.000 millones de euros en los próximos dos años de los cuales, 8.000 corresponden a la Reforma de las Entidades Locales (EE LL) y 6.500 millones saldrán de la Reforma de las Administraciones Públicas (AA PP) y sin coste en empleo; el resto saldrá de la subida de impuestos, de los salarios de las/os trabajadores y de las/os pensionistas. Objetivo a todas luces imposible de alcanzar sin generar más sufrimiento y empobrecimiento de las clases trabajadoras y populares (las clases medias las han eliminado), porque la Iglesia, la grandes fortunas y los beneficios desaforados de las grandes Corporaciones Financieras y Empresariales son intocables para este Gobierno.

En este contexto y en la convicción ideológica de que hay que transformar el modelo de Estado Constitucional, es donde se originan las reformas de las EE LL y de las AA PP. Es un paso definitivo hacia la Administración Única “La España Única” anhelada por el Presidente fundador del PP Sr. Fraga y en el ADN de la derecha Española. Una derecha que ahora se apropia del espíritu constitucional, del discurso moderado y del respeto a las Instituciones cuando no ha hecho una sola concesión en la transición a la democracia, primero como AP y actualmente como PP. Se impuso una jefatura de Estado heredada del Dictador. Apostaron y apuestan por el fortalecimiento del Concordato con la Santa Sede a pesar de la laicidad declarada del Estado y ahora rescatan con sus reformas, la recentralización del Estado pasando del la España de las Autonomías a la “España Única”. No votaron la Constitución porque no creían en el modelo de Estado social, democrático, de derecho y plural que se estaba dibujando.

Con la reforma de las AA PP y sus 217 medidas se inicia el proceso de un profundo cambio del modelo de Estado sin articular el consenso necesario que estableció el proceso constituyente y supondrá una reforma en cubierta de la propia Constitución, ya que se legisla sobre la esencia de la democracias y de la capacidad de decidir de la ciudadanía.

Son 217 medidas que afectarán especialmente a las Comunidades Autónomas y a su derecho de organización en virtud de los respectivos Estatutos, pero eso sí, sólo serán recomendaciones que las propias Comunidades Autónomas decidirán, o no su aplicación, pero ésta será básica para las futuras relaciones bilaterales con el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas especialmente en lo relativo a la financiación de las CC AA. En función de las medidas adoptadas, el Estado se reserva la potestad de orientar la financiación, lo que es lo mismo, que despidan a empleados/as públicos las Comunidades Autónomas porque esa losa no está dispuesto el Gobierno a asumirla después de haber generado más de 1.200.000 desempleados/as con la reforma laboral, estar prevista la perdida de empleo de más de 300.000 empleados/as públicas con la reforma de las EE LL, o haber reducido el salario casi un 8% de media a las/os trabajadores del País. El Gobierno pretende que los/as empleados/as públicos del Estado que se vean afectados por alguna de las medidas, se despidan solos porque no acepten la movilidad geográfica que pueden proponerles, por ejemplo, a un/a funcionario/a con 55 años de Huelva, le ofrecen un puesto en Vitoria porque su departamento ha desaparecido y lo que hay está en Vitoria: lo toma, o lo deja.

217 medidas que van dirigidas a reducir democracia. Restringe el derecho de expresión de las minorías al reducir el número de escaños de los Parlamentos (aunque la decisión sea de la Comunidad Autónoma), con lo que sólo beneficia a los grandes partidos y busca consolidar el bipartidismo como modelo democrático. En el mismo sentido, cercena la participación democrática de la sociedad civil a la que deja sin herramientas colectivas de participación y protección ciudadana haciendo desaparecer los Defensores del Pueblo, los Tribunales de Cuentas, o el Consejo de la Juventud de España, …, con lo que definen como base de las relaciones sociales y humanas el individualismo y la competitividad donde los débiles serán claramente los perdedores, y que incide directamente en la cultura social española, basada en la profunda convicción de generar redes sociales de participación, apoyo mutuo y solidaridad, que hace posible hoy que no se haya producido un verdadero estallido social en las actuales circunstancias de falta de igualdad y oportunidades.

217 medidas que rompen con el principio de cercanía que debe presidir las relaciones entre administraciones y administrados, quienes van a ver muy lejanas las soluciones a sus problemas. No todas las familias españolas son familias estructuradas, formadas o con recursos, más bien todo lo contrario, la mayoría de ellas carecen de poder adquisitivo. La cercanía es un valor a no tener en cuenta por esta reforma y doblemente castigada, porque a la par que suprimen el transporte ferroviario de cercanía, único medio de viaje en muchos pueblos rurales de España, alejan la administración y la solución de los problemas ciudadanos.

El valor del diálogo social.

En los dos últimos años los Sindicatos de Clase UGT y CCOO, no sólo se han propuesto construir un gran frente social de autodefensa contra los intereses espurios y especulativos del capitalismo atroz que gobierna la globalidad económica y que tiene en la TROYKA Comunitaria su principal adalid,  y en la connivencia del Gobierno del PP su fundamental apoyo. 

En estos dos últimos años los Sindicatos de clase UGT y CCOO, han compatibilizado la acción, la movilización y la dinamización social y de las clases trabajadoras con los valores esenciales del movimiento obrero de clase, el diálogo, la negociación y la concertación. Y todo ello en un ambiente extraordinariamente hostil contra un derecho fundamental de las trabajadoras y trabajadores y reconocido constitucionalmente en el art. 7º de la Carta Magna.  

En los 125 años de sindicalismo de la UGT, el Sindicato ha pasado por momentos muy difíciles. En la historia del sindicato se han sucedido periodos de persecución que creíamos superados. Hoy, el neoliberalismo dominante al servicio de los intereses económico-financieros ha iniciado una cruenta lucha de clase a través de los herederos del Estado Totalitario que persiguió al sindicalismo durante cuarenta años, y que hoy son quienes desde el Gobierno de España y desde las Instituciones Internacionales ejercen la violencia sindical pretendiendo denigrar a los Sindicatos y sindicalistas, tramando toda clase de infamias con el propósito de liberalizar el Estado del Bienestar y los Servicios Públicos construidos para la ciudadanía. Para lo cual y conscientes de que los Sindicatos de Clase somos la trinchera aún no franqueada, han desencadenado un cruento ataque contra los sindicatos de clase desde todos los centros de poder de la derecha económica y política. 

En este contexto, es donde alcanza especial relevancia la iniciativa sindical de ofrecer diálogo, negociación y acuerdos y en este sentido, el Acuerdo Económico y Social (ASE) que garantiza entre otras medidas, el futuro del Sistema Público de Pensiones, el II Acuerdo por el Empelo y la Negociación Colectiva (II AENC), vilipendiado por la CEOE, una de las partes firmantes, las dos ILP presentadas ante el Congreso de los Diputados para una legislación laboral socialmente justa y para que la dación en pago impregne el espíritu de una nueva Ley Hipotecaria, o la oferta de un Pacto Nacional de Rentas son solo algunos de los ejemplos que justifican el indispensable papel que han jugado, juegan y jugarán las Organizaciones Obreras de clase en el pasado, presente y en el futuro del desarrollo socioeconómico de España; quizás por ello estorba tanto al neoliberalismo dominante que existan Sindicatos de Clase (UGT y CCOO) y si tienen que existir, que lo hagan lo más debilitadamente posible. 

Hoy mismo concluyen las cuatro jornadas de marcha por el Empleo que la UGT y CCOO han convocado en Andalucía,  jornadas de marcha que han propiciado recorrer gran parte de la geografía andaluza para explicarle a la gente, especialmente a la gente sin empleo, que en Andalucía es preciso un Plan especial de empleabilidad y que esa preocupación es prioritaria para las organizaciones obreras, a pesar de que el rendimiento del trabajo sindical y de todos los esfuerzos de cientos de hombres y mujeres de los sindicatos van destinados a beneficiar por igual a todos/as los trabajadores/as estén o no, afiliados/as a los sindicatos. Es por ello, que las/os trabajadores y la ciudadanía en general que no están afiliados deben saber que sus convenios, sus derechos laborales, sus pensiones, ... se consiguen y se defienden desde y por los Sindicatos, y que los Sindicatos se mantienen con la cuota de sus afiliado/as. Por lo que a los sindicatos no se les regala nada y se les debe mucho en términos sociales y de renta.