Preocupado con el blog

Llevo un tiempo con problemas para poder escribir en el blog. Sin duda algo mal debo de star haciendo, porque no siempre he podido entrar mediante copiar y pegar de un documento en word, que es como acostumbro escribir mis reflexiones.
Espero que a partir de esta prueba pueda ser posible.

La reforma de las Entidades locales privatiza servicios públicos.

La Reforma de las Administraciones Locales en vigor desde el pasado día dos de enero, privatiza servicios públicos, expulsa del mercado de trabajo a cientos de empleados públicos y genera desigualdades entre la ciudadanía y los territorios.

¡Que no nos vengan con milongas! La Ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales -Ley 27/2013- (La Reforma de la Administración Local) es una ley, que reforma el ámbito competencial de las comunidades autónomas sin el concurso de los Parlamentos, ni la reforma de los estatutos de autonomías.

Esta reforma que entra en vigor el pasado día dos de enero, dispone unas transferencias a las comunidades autónomas de las competencias, que en materia de sanidad, educación y servicios sociales y sociosanitarios venían desempeñando los ayuntamientos, (dependencias, violencia contra la mujer, mayores, …) sin definir los costes y la financiación de las mismas, pero también prevé entre los objetivos contenidos en el PREAMBULO DE LA LEY: “... y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas privadas” Es decir, la propia Ley 27/2013 de 27 de diciembre, nace con una clara vocación privatizadora de los servicios que le son esenciales a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable y necesitada. Por otra parte, no es de extrañar ya que todo el catálogo reformista que ha desarrollado en estos dos años el Gobierno del PP tiene el mismo denominador común: “desmantelar los servicios públicos para que sean prestados por el mercado libre” -sanidad, educación, justicia,... ya no son iguales para toda la ciudadanía.

Este objetivo privatizador, junto con los de: “racionalizar la estructura administrativa de la Administración Local y, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso”, nos derivan hacia la expulsión del mercado de trabajo a centenares de empleados/as públicos, máxime cuando el propio Gobierno calcula una ahorro de 8.000 millones de euros en la plena aplicación de la Ley.

Respecto al objetivo de “clarificar las competencias locales y avanzar en el principio de una administración, una competencia” se trata, dice la Ley, de evitar problemas de solapamientos competenciales hasta ahora existentes. Afirmación no cierta, dado que en la legislación anterior todas las administraciones tenían definidas sus competencias propias, las delegadas y las impropias concertadas; otra cosa diferente es el uso de una política torticera que los regidores hayan hecho para utilizarla en contra del adversario/a político/a. Menester éste, que perfectamente pudiera haberse resuelto con la aplicación del Código Civil y/o Penal, en su caso.

Dando por cierto y admitiendo la mayor, -el loable propósito de clarificar las competencias y no producir duplicidades-, la Ley en virtud de este mismo objetivo, genera desigualdades sociales y territoriales al posibilitar mayor desarrollo de servicios públicos competenciales, o no, en los municipios con mayores recursos económicos. Así, quienes puedan financiarlos con sus recursos económicos estructurales ofrecerán por Ley, que no por derecho, unos servicios públicos diferentes cuantitativa y cualitativamente hablando, tal como se contempla en el propio Preámbulo y ello afecta muy negativamente a la vida en los municipios rurales.

Mucho se ha escrito y, mucho seguirá escribiéndose sobre una Ley a todas luces innecesaria, injusta y probablemente inconstitucional, que no satisface a nadie, ni tan siquiera a quienes la han apoyado en su tramitación parlamentaria a tenor del contenido argumental tan profundo utilizado, tal como se desprende de las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria. Rafael Merino (PP): “… otorga más garantías al municipalismo, no resta competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar apoyo a las diputaciones ...” Aitor Esteban (PNV): “... para que la ley respete el marco normativo del País Vasco y reconce que es difícil legislar sobre el asunto debido a la variedad de entidades locales, tamaño y recursos. Carlos Salvador (UPN): “... y aludió al abismo entre el primer borrador y el texto actual, que recoge sus propuestas para preservar el régimen foral”.

Respecto a la Reforma de las Administraciones Locales.

El modelo social, democrático y de derecho consagrado en el Art 1º de la CE, configura una Administración al servicio del estado social que preserve la atención a la ciudadanía en términos de igualdad, para lo que es indispensable la Administración Pública, los servicios públicos y el empleo público.

La ciudadanía es y, debe seguir siendo el eje central de la sociedad del bienestar y aquellos, son quienes generan demandas de servicios y atenciones a los que debe responder el sector público para cumplir con los preceptos constitucionales para la igualdad de oportunidades y, que el Gobierno del PP está poniendo en riesgo con sus continuas reformas orientadas a desmembrar, cuanto no a hacer desaparecer los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y, muy especialmente para las personas que más lo necesitan.

Las continuas agresiones del Gobierno del PP a los servicios públicos y sus empleados/as los demonizan ante la conciencia social, creando la justificación perfecta para recortar presupuestos, recortar derechos de ciudadanía y despedir de forma masiva a trabajadoras y trabajadores públicos de todas las Administraciones, con lo que, se profundiza en la descualificación en la atención a las demandas ciudadanas de servicios públicos, provocando un bucle social que considera “los servicios públicos caros, ineficaces e ineficientes”, precisamente los argumentos esgrimidos por quienes entre sus objetivos está ofrecer la gestión de los servicios públicos al sector privado.

Tras la reforma laboral que ha penalizado doblemente al personal laboral de las Administraciones Públicas; una, por su condición de persona trabajadora a quien le es de aplicación la normativa laboral general y dos, por la aplicación de EREs sin causalidad necesaria en la Administración Pública. Y los recortes en sanidad, educación, dependencias y políticas sociales, así como la congelación de las tasas de reposición han expulsado del mercado laboral onubense a más de 4.000 empleados y empleadas públicas, mientras quienes mantienen su empleo lo hacen en unas condiciones de precariedad salarial indignas como consecuencia de los reiterados planes de ajustes impuestos en las diferentes Administraciones Públicas que, les ha supuesto una caída de la capacidad de rentas del 30%.

Ahora el Gobierno del PP con una celeridad inusual, sin consenso y con el descontento de la inmensa mayoría de la sociedad, pretende imponer una nueva reforma para las Entidades Locales bajo la denominación de “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” que, solo con leer los objetivos previstos puede intuirse el fondo real que persigue esta reforma que no es otro, que generar una profunda desigualdad y descohesión social entre los los diferentes territorios de España, perjudicando muy especialmente los territorios rurales y pequeños municipios como los de la provincia de Huelva a cuya ciudadanía se le castiga especialmente suprimiendo los servicios de proximidad y con ello su calidad democrática.

La FSP – UGT Huelva rechaza de plano esta reforma porque supone un nuevo paquete de recortes, el desmantelamiento del bienestar y del empleo en la Administración Local para transferir su gestión a la empresa privada tal como recoge el cuarto objetivo del proyecto de Ley “favorecer la iniciativa económica privada ..”

La rechazamos igualmente porque La Reforma de las Entidades Locales es:

Inconstitucional por vulnerar el art. 140 de la CE y la Carta Europea de autonomía local ratificada por España en el año 1988. Autonomía local que es base de la arquitectura de cualquier democracia. Su ruptura se quiere justificar por eficiencia económica pero es dudosa esta pretendida rentabilidad, ya que, además, no son los ayuntamientos los culpables del déficit público.

Innecesaria porque no clarifica competencias, no elimina duplicidades, no se basa en la racionalidad sino en criterios económicos “ajustes presupuestarios y control del déficit”.

Injusta con las Administraciones Locales porque las penaliza no siendo las responsables del déficit público cuando tan solo representan el 4,5% del déficit público de toda España.

Además agrede a la autonomía municipal, a la democracia y su representación política, suprime servicios sociales básicos para la ciudadanía, desprecia lo público y a las personas a quienes les trasladan sufrimiento, recentraliza el núcleo de poder en las diputaciones y/o las CC AA al quitar competencias a los municipios pudiendo éstas decidir la prestación de un servicio municipal sin la correspondiente partida presupuestaria, además de controlar la gestión rehuyendo la necesaria reforma de las Haciendas Locales que es lo que necesitan los ayuntamientos y donde sí hay generado un amplio consenso, desatendiendo la reivindicación histórica del municipalismo de contar con suficiente financiación.

Los servicios municipales no solo no mejorarán sino que serán más caros para los ciudadanos y, supone de forma general un ataque al empleo ya que la sostenibilidad de la futura Ley que prevee un ahorro de 8.000 millones de euros que no será factible sino es por la via de la perdida de empleo.

Estamos ante un capítulo importante de los recortes a las administraciones públicas, en beneficio de los intereses económicos privados. La gestión de lo público quedará por ley más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos.

Asimismo, se anularán las competencias autonómicas sobre ordenación territorial y coordinación de las administraciones locales, atendiendo solo a cuestiones demográficas y obviando aspectos culturales, identitarios, económicos, productivos, de infraestructuras, recursos naturales o de articulación de servicios públicos.

La reforma del Gobierno es incongruente con lo que argumenta. Ni racionaliza la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarifica las competencias municipales, ni ahorrará dinero público. Pero sí que es uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha producido en nuestra democracia.

En consecuencia, la FSP-UGT Huelva promoverá una campaña divulgativa y de rechazo del Proyecto de Ley y/o la Ley en su caso, que genere apoyos para exigir al Gobierno su retirada.

Y aboga por la coherencia, la racionalización de la mejora de la viabilidad financiera municipal y la defensa y mejora del empleo y de los servicios públicos, así como la negociación con la Diputación de Huelva para minimizar las consecuencias de esta Ley.

Resolución que aprueba el 1º Comité Provincial de la UGT Huelva a propuesta de la FSP - UGT, en favor de las libertades y de la democracia.

La seguridad privada nace en España en los años veinte del pasado siglo cuando la patronal española se siente amenazada por las luchas obreras, y constituye lo que se conoció como el “sindicato libre” que protegía los intereses de empresarios/as y empresas contratantes. En este escenario, acceden a este “sindicato libre” personas con escasa o nula formación policial, con atribuciones para las que no están preparados, ni entrenados y que es perjudicial incluso para los trabajadores del propio sector.

Es verdad que desde entonces hasta hoy, los trabajadores han experimentado un profundo proceso de formación y cualificación profesional que les hace mejores profesionales, pero que en ningún caso puede convertirlos en policías sin someterse a los procesos de oposición y a una formación exigente que dura años, sin embargo la Ley les habilita para sustituir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (funcionarios públicos), únicos garantes del derecho fundamental a una seguridad pública, universal y gratuita que nos otorga la CE.

 

Los vigilantes privados no son los culpables, son victimas propiciatorias para seguir avanzando en la filosofía gubernamental y de las patronales empresariales para dotarse de instrumentos y de seguridad privada que responda, por una parte a las directrices ideológicas y, por otra, a las ordenes de empresas privadas en defensa de sus intereses para reprimir a personas que ejercen sus derechos laborales, sindicales y de manifestación, mostrando el profundo neoliberalismo de la derecha española y que, con extraordinaria diligencia y autoridad está imponiendo el Gobierno de España.

La reforma del Código Penal. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como “Ley Mordaza” y el proyecto de Ley de Seguridad Privada recientemente aprobada por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que permite a los vigilantes privados cachear, identificar y detener a personas en la vía pública, en los polígonos industriales, en urbanizaciones y zonas comerciales peatonales con la autorización y autoridad pertinentes; son claros ejemplos de un afán reformista con una profunda carga ideológica que sitúan los derechos fundamentales en la antesala de una nueva dictadura y así proteger adecuadamente a los vigilantes privados (nueva policía), a la par que se persiguen a los sindicatos y reprimen el derecho de manifestación, huelga y/o de libre expresión y circulación.

Desregular uno de los principios de la democracia -que el Estado tiene el monopolio de la autoridad y de la fuerza- es abrir una puerta que genera el riesgo de caer nuevamente en la privatización del derecho a la seguridad de la ciudadanía española, privatizando con ello el orden público y la seguridad y, puede propiciar la circunstancia de que patrullas ciudadanas ya existentes en algunos territorios puedan contratar seguridad privada para ejercer autoridad, o, pasar a los vigilantes de seguridad de colaborar con la policía a ejercer de agentes y la policía se convertirá en colaboradores, ya que cada vez que los vigilantes lleven a cabo cualquier trámite necesitarán de la policía para llevar a cabo las diligencias.

Si lo que se necesita para garantizar el derecho a la seguridad es más policías, levántese la congelación de la tasa de reposición y contrátese a más policías y no a un sucedáneo en el ámbito de lo privado que además, produce una injerencia profesional ilegítima con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al ser una ley para consolidar un sector productivo que genera más de 90.000 empleos y una facturación de más de 3.600 millones al año, tal como reconoce el Secretario de Estado de Seguridad, Frco. Martinez, además de rivalizar los unos con los otros al haber desaparecido en los últimos años más de 6.000 agentes de la autoridad.

La Ley de Seguridad Privada es una ley encaminada a la privatización de los servicios públicos para empobrecer a las personas y enriquecer a las empresas privadas, implementa el discurso de austeridad del gobierno y rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que a partir de esta Ley, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada atendiendo a criterios económicos, es decir, lo que sea más barato.

Al poner la vigilancia en manos privadas con intereses y planteamientos que nada tienen que ver con la seguridad pública, podría producirse actuaciones policiales oscuras propiciadas por algún/a empresario/a de la seguridad privada, a la vez que la ley autoriza la cesión de datos del Estado y bases de datos oficiales para ponerse a disposición de empresas, sin saber muy bien con qué objetivos.

Por todo lo expuesto, el Comité de UGT Huelva RESUELVE:

1.- Repudiar la política reformista ideológica del Gobierno del PP que sitúa los derechos y garantías fundamentales en la antesala de la dictadura, que persiguen a los sindicatos, reprimen el derecho de manifestación, huelga y/o de libre expresión y circulación.

 

2.- Renovar el compromiso de la UGT Huelva con la libertad y la democracia, defendiendo sus valores y para ello, declara innegociable que el Estado sea el depositario del monopolio de la autoridad, la fuerza y la seguridad ciudadana.

 

3.- Rechazar y exigir la retirada de la Ley de Seguridad Privada porque es una ley sustentada en los criterios económicos de la austeridad, en el ahorro y para la consolidación de un sector productivo privado que privatiza las garantías de derechos.

4.- Exigir la convocatoria inmediata de las vacantes existentes en los cuerpos y fuerzas de seguridad que propicie la reposición inmediata de los agentes necesarios para la seguridad ciudadana.

Todos los hombres del Presidente

En el año 1976 llega a las carteleras españolas una magnífica cinta: “Todos los hombres del Presidente”, un film (EE UU) galardonado con diversos premios, entre otros cuatro Oscars, dirigida por Alana J. Pakula y protagonizada por Roberte Redford y Dustin Hoffman, entre otros. La trama de la película cuenta como en el años 72, dos jóvenes periodistas del Wasington Post, interpretados por Hoffman y Redford, comienzan a investigar el allanamiento del Cuartel General del Partido Demócrata en Wasington. Sus descubrimientos desencadenan el llamado caso “WATERGATE” que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon tras reiteradas negativas de implicación en el caso.

Treinta y tres años después en España (febrero de 2009), en la investigación instruida por el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, aparece por primera vez imputado Luis Bárcenas. Éste, aparece en el sumario de forma confusa porque es nombrado bajo el seudónimo de “Luis el Cabrón”, circunstancia que Bárcenas niega ante el Juez de TS Francisco Monterde. En septiembre del mismo año y, ante la clara implicación en el caso Gürtel, la comisión de suplicatorios del Senado accede a conceder el suplicatorio solicitado por el TS, al ser Bárcenas persona aforada.

En Abril de 2010, una vez que se le levanta el secreto de sumario de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, Bárcenas pide la baja como militante del PP al señalar el sumario indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del PP. Hasta este momento el propio Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal y la totalidad de la Dirección Popular apoyan y justifican la honorabilidad del Tesorero del partido, mientras que sigue manteniendo su acta de senador y miembro del Grupo Parlamentario Popular. Solo la presión social lo obliga unos días después, a renunciar a su escaño de senador, a la vez que lo hacía Jesús Merino Delgado, diputado del PP también implicado en la trama Gürtel.

Hasta aquí parece repetirse la historia de la película “Todos los hombres del Presidente”, se produce la dimisión del presunto corrupto, pero a la vez y hasta la fecha, se produce una enorme diferencia: “no se han dirimido responsabilidades políticas” No ha dimitido el “Nixon” de España, Mariano Rajoy en su doble vertiente, como Presidente del PP y como Presidente del Gobierno en ambos casos señalado como cómplice necesario tal como podemos apreciar más adelante.

Desde entonces y hasta hoy, se han producido una serie de acontecimientos fuera de toda lógica racionalmente decente, a saber y, a tenor de que puedan olvidarse algunas y mezclar fechas y/o acontecimientos por su enorme arquitectura jurídica, argumental y política para salvar la cara del Presidente del Gobierno, ha ocurrido lo siguiente:

En julio de 2011, el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite un auto, que no se da a conocer hasta septiembre del mismo año, por el cual se archiva por falta de pruebas las causas contra Bárcenas. En noviembre del mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León llama a declarar a Bárcenas en calidad de imputado por su implicación en la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León), a la empresa Teconsa y el posterior cobro de comisiones.

No es hasta marzo del 12 cuando la Audiencia Nacional reabre el caso Gürtel contra Barcenas, Merino y Galeote (todos del PP), imputándoles delitos fiscales y de evasión de capitales, no sin censurar fuertemente la actuación del Juez Pedreira en el archivo de la causa de los tres peperos, al que acusa de carecer de competencias objetivas para ello.

Ya en 2013, concretamente en el mes de enero, los diarios "El Mundo" y "El País" publican respectivaente que Bárcenas, supuestamente, habia pagado en negro sobresueldos a altos cargos y, la contabilidad "B" del PP que vuelve a vincularlo con el caso Gürtel y de los que se ha comprobado su veracidad ya que, la Agencia Tributaria dice que habiéndose cobrado en negro, no se produce fraude fiscal porque el delito está prescrito y porque la pueba caligráfica y la propia declaración de Bárcenas corroboran la veracidad de los papeles y por tanto, la veracidad de la contabilidad "B" del PP. Ya aparece el Presidente, Mariano Rajoy, y todos sus hombres y mujeres (todos los/as secretarios/as generales y tesoreros de la historia del PP), quienes están directamente señalados e implicados porque todos son colaboradores necesarios para que toda la cúpula del PP cobre sobresueldos en negro y, para que el partido popular pueda financiarse ilegalmente con las empresas de la trama y otras.

El correlato de acontecimientos, dimes, diretes, contradiciones, mentidos y desmentidos son tantos, que relatarlos todos puede ser interminable, pero sí quiero pararme a destacar algunos acontecimientos más, que sin duda se recordarán. En este sentido cabe destacar cómo se consigue retirar al Juez Garzón de la investigación de la Gürtel, cómo se sustituyen de forma sorpresiva y en varias ocasones, a las cúpulas de las fiscalias anticorrupción, de la unidad de delitos fiscales de guardia civil y de la policía, de la inspección especializada en delitos fiscales de Hacienda, cómo desaparecen los discos duros de los ordenadores de uso de Bárcenas en el PP y los juzgados de Madrid se inhiben, cómo se paga en negro la reforma de la sede de Génova, cómo practicamente están manchadas por corrupción la mayoria de los gobiernos de CC AA del PP y, parece que hasta donde no ha gobernado nunca como es el caso de Andalucía. (Jaume Matas y sus gobiernos imputados y procesados en Baleares. En Valencia Cams y Fabra enjuiciados, un número muy considerable de parlamentarios encausados en diversos delitos por corrupción y/o recogen firmas para que se indulte a un alcalde del PP condenado por corrupción, cómo el PP de Castilla la Mancha dice no haber cobrado 200.000 euros de Bárcenas que tiene firmado....), cómo el Presidente igual que hizo Nixón, miente al pueblo en sede de la soberania nacional, cómo se amnistia fiscalmente a defreudadores, o, cómo los documentos de las nuevas cajas aparecidas del la Gürtel evidencian el pago en negro de una campaña del entonces líder de la oposición Mriano Rajoy, en Argentina, ...

Todos esto es malo para la marca España, es malo para la democracia, es malo para el afecto de la ciudadanía a las Instituciones. En definitiva, es malo para que no se tenga la sensación de que la corrupción, el cinismo, y el nepotismo forman parte del ADN del Partido Popular y por tanto del Gobierno, ya que las practicas delictivas, aunque prescritas algunas de ellas, se extienden desde la génesis del PP, más de 18 años de presunta financiación ilegal y conviviendo con la contabilidad "B" muy a pesar de González Pons, quien en un alarde de la estrategia del ventilador pretende equiparar al PP con todos los partidos cuando afirma: "todos los políticos del PP son igual de honrados que todos los políticos de todos los partidos, todos ...."

No reconocer los problemas de fraude y corrupción existentes en España no soluciona el problema que existe, no sirve para romper con la sensación de corrupción generalizada y de impunidad que la ciudadanía otorga a la clase política, además, si no se actúa, no se reacciona y no se ponen en marcha inmediatamente acciones que rompa con ellas, se corre el riego de que el pueblo asimile definitivamente con naturalidad que las mafias económicas gestionan la soberanía nacional a través de la política.

El fino hedor de la “MARCA ESPAÑA”

A lo largo de los dos últimos años y bajo en gobierno del PP, se han venido produciendo en España determinadas noticias y acontecimientos que no solo conmueven el alma, sino que agreden sustancialmente a la inteligencia y a la dignidad ciudadana. Y no me refiero a la política reformista contra los derechos sustanciales de la ciudadanía como el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la igualdad, … tan despreciados por las múltiples reformas y recortes emprendidas por el Gobierno, sino, por los últimos acontecimientos jurídicos que se han conocido y que me producen un cierto hedor a la “mafia España”, ¡uy perdón! quise decir “marca España” por asemejarse mucho al hedor que desprenden las acciones de las mafias.

La acción de gobierno del PP, en mi opinión, es una acción pseudomafiosa que ha utilizado la legitimidad democrática que otorgan las urnas junto con el poder económico-financiero y mediático para trasmitir temor, miedo, desasosiego a la ciudadanía y, hasta un chantaje imposible sustentado en la percepción de impunidad que la sociedad otorga al Gobierno y al partido que lo sustenta (el PP).

Un Partido Popular y un Gobierno, señalados como delincuentes por la propia Agencia Tributaria de España dependiente del Ministerio de Hacienda, al entender que han delinquido desde el Presidente del Gobierno y del partido, pasando por varios ministros y los secretarios generales del PP, pero que sus delitos han prescrito. Queda confirmado para la Agencia Tributaria que han cobrado sobresueldos de los diferentes tesoreros del PP que a su vez, se han servido de donaciones ilegales de determinadas empresas a cambio de favores y que actualmente están en investigación.

Puede desprenderse por tanto del informe de la Agencia Tributaria, que estamos ante unos delitos de prevaricación y de favores a cambio de dinero y, no ha pasado nada. No ha habido una sola imputación ni dimisión y sí, muchas mentiras y falsedades en sede judicial y mucha falta de memoria contrastada.

¿Es razonable que ante tan claras evidencias no haya habido imputación alguna por parte de los juzgados? En condiciones normales, tal vez no. Pero cuando el mismo partido y el mismo Gobierno consiguen apartar de sus carreras a jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y de la Guardia Civil con un mismo denominador: ser los responsables de la investigación en los casos de corrupción (el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas y la presunta, yo diría certera, financiación ilegal del PP y corrupción del Presidente del Gobierno,... ), cualquier profesional de la judicatura que le tenga apego y aprecio a su puesto de trabajo es posible que se lo piense mucho antes de instruir el caso, según qué dirección vaya tomando.

En los últimos días hemos sido informados de otra noticia en la misma dirección de la “mafia España” (en sentido figurado), que tiene que ver, conque ningún juzgado de Madrid quiere hacerse cargo de la investigación e instrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas que, amen de poder ser una prueba determinante para la causa de la presunta corrupción del PP y del Presidente del Gobierno y con ello del caso Gürtel, es enviado a los juzgados de Madrid por el juez "Ruz" como causa separada de los papeles de Bárcenas, por entender el juez, que debe ser una instrucción propia por considerar que hay indicios muy razonables de delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y perjurio por haber declarado previamente el PP que los discos de los ordenadores habían sido borrados cuando en realidad fueron destruidos una vez que se ordenó la ejecución de la autopsia pericial informática.

El libre mercado es el verdugo del capitalismo.

En contraposición a la creencia extendida de que el Estado del Bienestar es una concesión del capitalismo -distribución de los márgenes de beneficios-para generar una paz social duradera tras décadas de lucha y guerras en Europa; existe la teoría certera de que: el Estado del Bienestar es la única justificación para la subsistencia del capitalismo. Por tanto, no es el “Bienestar Social” una concesión capitalista sino, un factor del propio capitalismo que al ser desmembrado, aquel queda herido de muerte. Lo que es lo mismo que decir, que la absoluta libertad de mercados se convierte en el verdugo del propio sistema capitalista construido.

¿Alguien se imagina la vida en una sociedad de no bienestar, de vasallajes donde los poderosos actúan como mercenarios del negocio y las clases trabajadoras como súbditos de aquellos, cuyo único fin es servir a los intereses del amo? Esa es la situación a la que puede derivarnos la Reforma de las Entidades Locales y la política reformista emprendida por el Gobierno del PP.

En la sociedad del bienestar que hemos sido capaces de construir gracias a las estructuras públicas de prestación de los servicios, se ha alcanzado un muy digno y amplio nivel de desarrollo social y humano y, que en el llamado cuarto pilar del bienestar tiene su principal baluarte propiciando una gran transformación del concepto que pasa de ser asistencia social con carácter benéfico, a un derecho de ciudadanía de las personas más vulnerables y, es ahí, donde los ayuntamientos han jugado un papel trascendente en el cambio cualitativo de la prestación de los servicios sociales, especialmente tras el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 1987, por el que se articula la cooperación económica y técnica entre administraciones y logra la colaboración de la Admon del Estado y de las CC AA para financiar la red de atención de servicios sociales municipales que posibilite la prestación básica a las personas en situación de necesidad a través de la red pública; porque garantizar el derecho a la protección ante una necesidad social no solo es de justicia, sino que permite prevenir las situaciones de desigualdad y/o desventaja, superar conflictos interpersonales y sociales y, la falta de recursos básicos, etc.

Observando como ha evolucionado a lo lo largo de los años las partidas presupuestarias del Plan concertado, que abarca todas las prestaciones básicas de las corporaciones locales, podemos sacar conclusiones importantes.

Año	Importe
2005	90.802.350,00 €
2006	90.802.350,00 €
2007	94.892.360,00 €
2008	95.092.360,00 €
2009	96.174.030,00 €
2010	96.174.030,00 €
2011	86.633.150,00 €
2012	47.288.884,00 €
2013	27.593.730,00 €

Y la principal conclusión es, que en los últimos dos años ha habido un recorte del 68% en los PGE, lo que va más allá de un simple traspaso de competencias desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas y/o diputaciones con la reforma de las entidades Locales, sino que están desmontando todo el sistema público hasta su privatización o, el rescate del ampro social, la beneficencia y la caridad.

La Reforma se motiva en la necesidad d equilibrar el déficit, y con el pretexto de cumplir con la ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera acomete una modificación sustancial de la LRBRL que afecta a las competencias de los ayuntamientos, a la felicidad y la calidad de vida de las personas ocasionándoles grandes perjuicios.

En Huelva hay que dedicar una mención especial al ámbito rural, ya que este traspaso competencial supone un agravante para la población a la hora de acceder a los servicios y en algunos casos imposibilitar la prestación de los mismos, lo que puede suponer un nuevo éxodo hacia las grandes urbes, debido a la falta de servicios como los asistenciales, o la escasez de escuelas.

La Huelva rural, más del 62% de los pueblos, no tendrán la posibilidad de decidir donde quieren vivir, con qué condiciones y calidad de vida y, muy especialmente, sin la posibilidad de disponer de un tejido público de prestación social que las haga sentirse titulares de un bienestar construido al que le quitan su valor.