El
pasado día 12, intervine en representación de la FSP-UGT Huelva, en
una mesa redonda que organizó el PSOE de Bollullos del Condado y, en
la que estaban invitados representantes de los diferentes partidos
políticos (PSOE. PP. Independientes. IU) y CCOO. No hicieron acto de
presencia los representantes del PP y del Grupo Independientes del
Ayto de Bollullos.
El
acto se celebró en la Casa de la Cultura del Pueblo ante la
presencia de cerca de 200 personas que se mostraron muy interesadas y
participativas.
La
intervención.
La
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
no es una acción aislada en la estrategia reformista del Gobierno,
sino que obedece a una estrategia reformista contra “LA
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE LAS PERSONAS”
¿Por
qué digo esto?
Porque
todo el proceso reformista iniciado por el Gobierno de España, forma
parte de un Plan articulado en la fábrica de ideas del PP y obedece
a la identidad personal del propio Presidente del Gobierno, quien en
su juventud defendió con vehemencia la “desigualdad
natural de los seres humanos”.
Claros
ejemplos de ello son las tres grandes reformas que acomete:
A
las que se suman:
La
reforma del sistema Público de Pensiones.
La
Ley Mordaza.
La
reforma del Código Penal
La
reforma de la Justicia Universal.
Ley
del aborto.
…
Toda
una acción política que fulmina los derechos laborales, recorta con
severidad la sanidad y la educación, reduce al mínimo las ayudas a
la dependencia, precariza la situación de los pensionistas, deja sin
sanidad a los inmigrantes, etc. Toda una acción de gobierno contra
las personas, que construye una sociedad vulnerable y destructurada
que propicie miedo para producir sumisión y desigualdad.
Creo
que hemos errado en general, en el objetivo de la preocupación. No
es objetivo del Gobierno desmontar el Estado de Bienestar, que
también, eso es un medio para alcanzar el fin último: “CONSTRUIR
UN PAÍS DE DESIGUALES” y ello contiene una profunda carga
ideológica.
¿Por
qué luchan contra la igualdad?
Porque
la desigualdad produce una sociedad vulnerable, miedosa y sumisa que
es fácilmente adoctrinable y manipulable. Y para un gobierno que
abusa de la mayoría absoluta para gobernar con total impunidad, el
miedo que produce la desigualdad es su mejor aliado.
La
estrategia del miedo del gobierno.-
Reducen,
sino desmontan, las estructuras de protección social: Sanidad.
Dependencia. Políticas Sociales. … Lo que afecta a la cohesión
social (más vulnerables) y a la igualdad efectiva.
Crean
un dogma ideológico con el sistema Educativo. Lo que afecta a la
igualdad efectiva y por tanto a la cohesión social.
Desmontan
las estructuras de participación ciudadana en la vida pública y la
capacidad de desarrollar el derecho a protestar y/o manifestarse.
La Ley Mordaza. La Ley de Seguridad Privada y el endurecimiento del
Código Penal son claros ejemplos de ello.
Suben
impuestos a trabajadores/as, a la par que amnistían fiscalmente a
los defraudadores y corruptos.
Transfieren
más de 60.000 millones de euros de las rentas del trabajo a las
rentas del capital, poniendo en riesgo con ello, la sostenibilidad
de la SS.
Destituyen,
o sientan en el banquillo, a las estructuras de investigación e
inspección contra el fraude y la corrupción que salpica muy
directamente al gobierno y al partido que lo sustenta. –Gürtel.
Bárcenas. Tamayazo. Bankia. Matas. …-
Toda
esta estrategia del miedo produce en la sociedad, una sensación de
impunidad gubernamental que asola a la conciencia individual y
colectiva de la ciudadanía, provocando rechazo y desapego de las
instituciones y de la propia democracia.
Para
entender la Reforma de la Administración Local no es preciso ir más
allá del propio Preámbulo de la Ley y sus objetivos.
La
reforma arranca de una convicción política: que las
administraciones locales suponen un alto coste agregado para el
conjunto del Estado. Unas veces, porque realizan tareas que no les
corresponden, o que no deberían llevar a cabo. Otras veces, porque
son ineficientes. Esto se sustenta en la última reforma
constitucional que incorporó la estabilidad presupuestaria como
principio de cualquier administración pública, y ésta es la excusa
gubernamental para acometer, esta reordenación completa de las
corporaciones locales.
Objetivos
de la Ley:
Clarificar
y simplificar competencias:
(Una Administración, una competencia). Se establece que las
administraciones locales solo han de gestionar las competencias
fijadas por la ley; es decir, convierten a los gobiernos locales
en meras delegaciones a cargo de una serie de servicios. Con esta
base se ignora el papel de los gobiernos en la búsqueda de la
equidad y de la cohesión social mediante el servicio público.
Consecuencias:
La desaparición de la prestación de determinados servicios
públicos, los menos atractivos para las empresas privadas.
Racionalizar
estructuras: (Producir un
ahorro de entre 6.000/8.000 millones de euros). El fundamento de la
Ley se encuentra en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales
(IEF) titulado “Informe sobre el ahorro potencial por
establecimiento de un coste estándar en la prestación de servicios
en el ámbito local” .
El
informe se construye sobre una única fuente de datos: la liquidación
de los presupuestos municipales del ejercicio 2010. Ya de entrada, la
limitación del informe a una anualidad resulta insuficiente. Sobre
todo si tenemos en cuenta las profundas alteraciones en el gasto
municipal que -como consecuencia de las distintas medidas anticrisis-
se han producido en los dos últimos años. Consecuencia:
La desaparición de miles de
puestos de trabajo
(100.000/300.000)
Garantizar
el control financiero y presupuestario:
(elaborar duros planes de ajustes). El conjunto de las disposiciones
contienen medidas de control, básicamente estatal, con consecuencias
de carácter coactivo y punitivo, que abarcan desde la restricción
al acceso a los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de
autonomía fiscal, hasta la intervención de la gestión o la
supresión forzosa de entidades y organismos, en función de su forma
jurídica, de su función económica o de su tamaño, especialmente
las EELL de menor población.
Este
enfoque, limita injustificadamente la autonomía local y no considera
las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación
del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de
conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de
Autonomía Local, ratificada por el Estado Español en de enero de
1988. Consecuencias:
Transfiere poder
democrático hacia la tecnocracia de la intervención económica, y
máxime cuando se sigue desarrollando la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y control del gasto que orienta las prioridades de
pago (deuda y proveedores). Y, restringe la posibilidad de ser
representante público a quienes gozan de una cierta autonomía
económica.
Favorecer
la actividad económica local:
(Constituye una declaración de carácter ideológico y partidario).
Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin
matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de
lo público, subsidiaria de la iniciativa privada. El establecimiento
de un “coste efectivo de los servicios” en los supuestos de
inadecuación a los mismos, especialmente centrados en los
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las Mancomunidades y las
Entidades Locales menores, tendrá importantes consecuencias:
Condicionará
la gestión municipal y su autonomía para determinar sus costes
internos, incluidos los de personal, un umbral de penalización para
las EELL no ajustadas, un precio de mercado para la externalización
de los servicios y el coste de transferencia o traspaso entre
administraciones. Al prever la transferencia de los servicios, la
administración receptora o la transmitente incurrirán en superávit
o déficit, por imperativo legal o en importantes
ajustes de empleo y condiciones de trabajo
del personal afectado. Privatización
y/o desaparición de
servicios públicos.
Para
la UGT, la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración
Local es:
Inconstitucional:
Vulnera el principio de autonomía local, porque el enfoque
economicista que se le da a la Ley no considera las variables de
proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio
como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con la
Carta Europea de autonomía Local firmada por España en 1988.
Vulnera el art. 140 de la Constitución y múltiple normativa y
competencias de las Comunidades Autónomas.
Injusta
con los Ayuntamientos: Los
ayuntamientos no son los responsables del déficit público, aportan
aproximadamente el 5,5% del mismo. Sin embargo los penaliza y pone
en riesgo la cohesión social y territorial.
En
resumen:
Ya
está aquí la reforma de la Administración Local del PP. Sus
impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las
administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho
así, no suena mal. Lo que ocurre es que cuando se profundiza en lo
recogido en la Ley, nos damos cuenta de que nos quieren dar gato por
liebre. En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una
“reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una
“deconstrucción” de las administraciones locales.
Las
medidas recogidas en este programa consisten en reducir
la actividad municipal
fundamentalmente a través de dos vías:
Suprimiendo
competencias locales
(sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales).
Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los
ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas
superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino
centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta
de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán
pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son
los municipios menores quienes padezcan especialmente esta
situación.
Transferir
servicios públicos a manos privadas.
Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente
(nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su
gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de
hacerlas rentables, la actividad en concreto se perderá. Por
ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta
indicadores económicos aceptables según el gobierno, se
privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede
ser. Una medida aberrante, que olvida que la atención sanitaria
nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su
rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese
rentable en términos económicos, desaparecerían el ejército, las
fuerzas de seguridad, los juzgados, el propio Estado.
Así
las cosas, podemos extraer dos
conclusiones:
Por
un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la
supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la
incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances
organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta Ley, por lo
que obviamente no habrá
ninguna mejora en la calidad del servicio a la ciudadanía.
Por
otro, el ahorro máximo que el sector público puede generar con la
Ley es irrelevante en el
conjunto del déficit público. Y
máxime si la comparamos con el gasto de la administración central
que ha incrementado su déficit en más del 30%,a como estaba en
2011. Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta
reforma no la justifica en modo alguno.
Todo
ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la
Ley no es de carácter económico, sino de carácter ideológico en
la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las
administraciones públicas.
