Tras años luchando en
defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y después de la entrada en vigor
de la Ley de Igualdad y contra la violencia de género; el maltrato físico, el
asesinato, las vejaciones, el acoso laboral y sexual de mujeres a mano de sus parejas o ex parejas
y patronos, … sigue siendo una lacra
social inaceptable arraigada en la conciencia colectiva de la sociedad. Por lo
que es indispensable un mayor compromiso de los poderes públicos, las
administraciones e instituciones patronales, así como la sociedad en su
conjunto para erradicar esta lacra que hunde sus profundas raíces en la
desigualdad en la relación entre hombres y mujeres.
Una sociedad moderna, libre
y democrática no puede permitirse el asesinato de 41 mujeres a mano de sus
parejas o ex parejas. No puede permitirse el que se produzcan miles de
denuncias por violencia de género en España (1466 en Huelva durante 2011) y
centenares de denuncias de acoso laboral y/o sexual por parte de los patronos
en las relaciones laborales.
Hablar de una sociedad
moderna, igualitaria, libre y democrática en España comienza a ser una
entelequia como consecuencia del galopante retroceso en derechos y libertades al
que se somete a la ciudadanía por la imposición de las políticas de recortes,
no sólo económicos, sino sociales, políticos, laborales y democráticos al que
el gobierno del PP tiene sometido al pueblo, transformando el concepto de
ciudadanía en el de vasallaje.
Cada vez más, los derechos
sociales y civiles conquistados por la ciudadanía española convergen con los
que poseen los pueblos donde las ciudadanas y ciudadanos son exclusivamente individuas
o individuos, puros números en relación con los poderes económicos, políticos y
empresariales.
La mujer, solo por el hecho
de serlo se encuentra doblemente castigada, porque a las reformas y recortes
generales hay que sumar las consecuencias que sobre ellas tienen la aplicación
de las políticas gubernamentales, que ya precarizan las condiciones de vida y
laboral de las personas e incrementa la desigualdad y la pobreza.
Unas políticas que no solo
recortan considerablemente la inversión en materia de igualdad y de violencia
de género respecto a 20111, sino que orienta un cambio ideológico hacia
postulados ancestrales que imposibilitan la defensa de las mujeres víctimas de
acoso y violencia laboral y/o de género. Indefensión laboral propiciada por la
reforma laboral que genera miedo a la pérdida de empleo y abona el camino al
patrono acosador, e indefensión jurídica que produce el “TASAZO” de Gallardón,
inasequible a la mayoría de las familias que padecen una extraordinaria
precariedad económica por la estafa a la que nos están sometiendo con la crisis.
La dependencia económica en
la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género y la
consideración de las vejaciones hacia la mujer en el seno familiar como falta menor
sancionable con multa, en lugar de ser consideradas delito, o la no exención en
las tasas judiciales de los abusos vinculados
a las relaciones laborales, hacen de la mujer una víctima propicia e indefensa.
