Estuve en Bollullos.

El pasado día 12, intervine en representación de la FSP-UGT Huelva, en una mesa redonda que organizó el PSOE de Bollullos del Condado y, en la que estaban invitados representantes de los diferentes partidos políticos (PSOE. PP. Independientes. IU) y CCOO. No hicieron acto de presencia los representantes del PP y del Grupo Independientes del Ayto de Bollullos.

El acto se celebró en la Casa de la Cultura del Pueblo ante la presencia de cerca de 200 personas que se mostraron muy interesadas y participativas.

La intervención.

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no es una acción aislada en la estrategia reformista del Gobierno, sino que obedece a una estrategia reformista contra “LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE LAS PERSONAS”

¿Por qué digo esto?

Porque todo el proceso reformista iniciado por el Gobierno de España, forma parte de un Plan articulado en la fábrica de ideas del PP y obedece a la identidad personal del propio Presidente del Gobierno, quien en su juventud defendió con vehemencia la “desigualdad natural de los seres humanos”.

Claros ejemplos de ello son las tres grandes reformas que acomete:

• La reforma laboral.
• La reforma del Sistema Educativo.
• La reforma de las entidades locales.

A las que se suman:

• La reforma del sistema Público de Pensiones.
• La Ley Mordaza.
• La reforma del Código Penal
• La reforma de la Justicia Universal.
• Ley del aborto.
• …

Toda una acción política que fulmina los derechos laborales, recorta con severidad la sanidad y la educación, reduce al mínimo las ayudas a la dependencia, precariza la situación de los pensionistas, deja sin sanidad a los inmigrantes, etc. Toda una acción de gobierno contra las personas, que construye una sociedad vulnerable y destructurada que propicie miedo para producir sumisión y desigualdad.

Creo que hemos errado en general, en el objetivo de la preocupación. No es objetivo del Gobierno desmontar el Estado de Bienestar, que también, eso es un medio para alcanzar el fin último: “CONSTRUIR UN PAÍS DE DESIGUALES” y ello contiene una profunda carga ideológica.

¿Por qué luchan contra la igualdad?

Porque la desigualdad produce una sociedad vulnerable, miedosa y sumisa que es fácilmente adoctrinable y manipulable. Y para un gobierno que abusa de la mayoría absoluta para gobernar con total impunidad, el miedo que produce la desigualdad es su mejor aliado.

La estrategia del miedo del gobierno.-

• Reducen, sino desmontan, las estructuras de protección social: Sanidad. Dependencia. Políticas Sociales. … Lo que afecta a la cohesión social (más vulnerables) y a la igualdad efectiva.
• Crean un dogma ideológico con el sistema Educativo. Lo que afecta a la igualdad efectiva y por tanto a la cohesión social.
• Desmontan las estructuras de participación ciudadana en la vida pública y la capacidad de desarrollar el derecho a protestar y/o manifestarse. La Ley Mordaza. La Ley de Seguridad Privada y el endurecimiento del Código Penal son claros ejemplos de ello.
• Suben impuestos a trabajadores/as, a la par que amnistían fiscalmente a los defraudadores y corruptos.
• Transfieren más de 60.000 millones de euros de las rentas del trabajo a las rentas del capital, poniendo en riesgo con ello, la sostenibilidad de la SS.
• Destituyen, o sientan en el banquillo, a las estructuras de investigación e inspección contra el fraude y la corrupción que salpica muy directamente al gobierno y al partido que lo sustenta. –Gürtel. Bárcenas. Tamayazo. Bankia. Matas. …-

Toda esta estrategia del miedo produce en la sociedad, una sensación de impunidad gubernamental que asola a la conciencia individual y colectiva de la ciudadanía, provocando rechazo y desapego de las instituciones y de la propia democracia.

Para entender la Reforma de la Administración Local no es preciso ir más allá del propio Preámbulo de la Ley y sus objetivos.

La reforma arranca de una convicción política: que las administraciones locales suponen un alto coste agregado para el conjunto del Estado. Unas veces, porque realizan tareas que no les corresponden, o que no deberían llevar a cabo. Otras veces, porque son ineficientes. Esto se sustenta en la última reforma constitucional que incorporó la estabilidad presupuestaria como principio de cualquier administración pública, y ésta es la excusa gubernamental para acometer, esta reordenación completa de las corporaciones locales.

Objetivos de la Ley:

Clarificar y simplificar competencias: (Una Administración, una competencia). Se establece que las administraciones locales solo han de gestionar las competencias fijadas por la ley; es decir, convierten a los gobiernos locales en meras delegaciones a cargo de una serie de servicios. Con esta base se ignora el papel de los gobiernos en la búsqueda de la equidad y de la cohesión social mediante el servicio público. Consecuencias: La desaparición de la prestación de determinados servicios públicos, los menos atractivos para las empresas privadas.

Racionalizar estructuras: (Producir un ahorro de entre 6.000/8.000 millones de euros). El fundamento de la Ley se encuentra en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) titulado “Informe sobre el ahorro potencial por establecimiento de un coste estándar en la prestación de servicios en el ámbito local” .

El informe se construye sobre una única fuente de datos: la liquidación de los presupuestos municipales del ejercicio 2010. Ya de entrada, la limitación del informe a una anualidad resulta insuficiente. Sobre todo si tenemos en cuenta las profundas alteraciones en el gasto municipal que -como consecuencia de las distintas medidas anticrisis- se han producido en los dos últimos años. Consecuencia: La desaparición de miles de puestos de trabajo (100.000/300.000)

Garantizar el control financiero y presupuestario: (elaborar duros planes de ajustes). El conjunto de las disposiciones contienen medidas de control, básicamente estatal, con consecuencias de carácter coactivo y punitivo, que abarcan desde la restricción al acceso a los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de autonomía fiscal, hasta la intervención de la gestión o la supresión forzosa de entidades y organismos, en función de su forma jurídica, de su función económica o de su tamaño, especialmente las EELL de menor población.

Este enfoque, limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español en de enero de 1988. Consecuencias: Transfiere poder democrático hacia la tecnocracia de la intervención económica, y máxime cuando se sigue desarrollando la Ley de Estabilidad Presupuestaria y control del gasto que orienta las prioridades de pago (deuda y proveedores). Y, restringe la posibilidad de ser representante público a quienes gozan de una cierta autonomía económica.

Favorecer la actividad económica local: (Constituye una declaración de carácter ideológico y partidario). Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público, subsidiaria de la iniciativa privada. El establecimiento de un “coste efectivo de los servicios” en los supuestos de inadecuación a los mismos, especialmente centrados en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las Mancomunidades y las Entidades Locales menores, tendrá importantes consecuencias: Condicionará la gestión municipal y su autonomía para determinar sus costes internos, incluidos los de personal, un umbral de penalización para las EELL no ajustadas, un precio de mercado para la externalización de los servicios y el coste de transferencia o traspaso entre administraciones. Al prever la transferencia de los servicios, la administración receptora o la transmitente incurrirán en superávit o déficit, por imperativo legal o en importantes ajustes de empleo y condiciones de trabajo del personal afectado. Privatización y/o desaparición de servicios públicos.

Para la UGT, la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local es:

• Inconstitucional: Vulnera el principio de autonomía local, porque el enfoque economicista que se le da a la Ley no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con la Carta Europea de autonomía Local firmada por España en 1988. Vulnera el art. 140 de la Constitución y múltiple normativa y competencias de las Comunidades Autónomas.

• Innecesaria: No clarifica competencias, no elimina duplicidades y no se basa en la racionalidad y el conocimiento del municipalismo; sino en criterios meramente de ajustes presupuestarios y de control del gasto.

• Injusta con los Ayuntamientos: Los ayuntamientos no son los responsables del déficit público, aportan aproximadamente el 5,5% del mismo. Sin embargo los penaliza y pone en riesgo la cohesión social y territorial.

En resumen:

Ya está aquí la reforma de la Administración Local del PP. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena mal. Lo que ocurre es que cuando se profundiza en lo recogido en la Ley, nos damos cuenta de que nos quieren dar gato por liebre. En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1. Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios menores quienes padezcan especialmente esta situación.

2. Transferir servicios públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables, la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, desaparecerían el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados, el propio Estado.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones:

Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta Ley, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio a la ciudadanía.

Por otro, el ahorro máximo que el sector público puede generar con la Ley es irrelevante en el conjunto del déficit público. Y máxime si la comparamos con el gasto de la administración central que ha incrementado su déficit en más del 30%,a como estaba en 2011. Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no la justifica en modo alguno.

Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la Ley no es de carácter económico, sino de carácter ideológico en la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.

Preocupado con el blog

Llevo un tiempo con problemas para poder escribir en el blog. Sin duda algo mal debo de star haciendo, porque no siempre he podido entrar mediante copiar y pegar de un documento en word, que es como acostumbro escribir mis reflexiones.
Espero que a partir de esta prueba pueda ser posible.

La reforma de las Entidades locales privatiza servicios públicos.

La Reforma de las Administraciones Locales en vigor desde el pasado día dos de enero, privatiza servicios públicos, expulsa del mercado de trabajo a cientos de empleados públicos y genera desigualdades entre la ciudadanía y los territorios.

¡Que no nos vengan con milongas! La Ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales -Ley 27/2013- (La Reforma de la Administración Local) es una ley, que reforma el ámbito competencial de las comunidades autónomas sin el concurso de los Parlamentos, ni la reforma de los estatutos de autonomías.

Esta reforma que entra en vigor el pasado día dos de enero, dispone unas transferencias a las comunidades autónomas de las competencias, que en materia de sanidad, educación y servicios sociales y sociosanitarios venían desempeñando los ayuntamientos, (dependencias, violencia contra la mujer, mayores, …) sin definir los costes y la financiación de las mismas, pero también prevé entre los objetivos contenidos en el PREAMBULO DE LA LEY: “... y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas privadas” Es decir, la propia Ley 27/2013 de 27 de diciembre, nace con una clara vocación privatizadora de los servicios que le son esenciales a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable y necesitada. Por otra parte, no es de extrañar ya que todo el catálogo reformista que ha desarrollado en estos dos años el Gobierno del PP tiene el mismo denominador común: “desmantelar los servicios públicos para que sean prestados por el mercado libre” -sanidad, educación, justicia,... ya no son iguales para toda la ciudadanía.

Este objetivo privatizador, junto con los de: “racionalizar la estructura administrativa de la Administración Local y, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso”, nos derivan hacia la expulsión del mercado de trabajo a centenares de empleados/as públicos, máxime cuando el propio Gobierno calcula una ahorro de 8.000 millones de euros en la plena aplicación de la Ley.

Respecto al objetivo de “clarificar las competencias locales y avanzar en el principio de una administración, una competencia” se trata, dice la Ley, de evitar problemas de solapamientos competenciales hasta ahora existentes. Afirmación no cierta, dado que en la legislación anterior todas las administraciones tenían definidas sus competencias propias, las delegadas y las impropias concertadas; otra cosa diferente es el uso de una política torticera que los regidores hayan hecho para utilizarla en contra del adversario/a político/a. Menester éste, que perfectamente pudiera haberse resuelto con la aplicación del Código Civil y/o Penal, en su caso.

Dando por cierto y admitiendo la mayor, -el loable propósito de clarificar las competencias y no producir duplicidades-, la Ley en virtud de este mismo objetivo, genera desigualdades sociales y territoriales al posibilitar mayor desarrollo de servicios públicos competenciales, o no, en los municipios con mayores recursos económicos. Así, quienes puedan financiarlos con sus recursos económicos estructurales ofrecerán por Ley, que no por derecho, unos servicios públicos diferentes cuantitativa y cualitativamente hablando, tal como se contempla en el propio Preámbulo y ello afecta muy negativamente a la vida en los municipios rurales.

Mucho se ha escrito y, mucho seguirá escribiéndose sobre una Ley a todas luces innecesaria, injusta y probablemente inconstitucional, que no satisface a nadie, ni tan siquiera a quienes la han apoyado en su tramitación parlamentaria a tenor del contenido argumental tan profundo utilizado, tal como se desprende de las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria. Rafael Merino (PP): “… otorga más garantías al municipalismo, no resta competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar apoyo a las diputaciones ...” Aitor Esteban (PNV): “... para que la ley respete el marco normativo del País Vasco y reconce que es difícil legislar sobre el asunto debido a la variedad de entidades locales, tamaño y recursos. Carlos Salvador (UPN): “... y aludió al abismo entre el primer borrador y el texto actual, que recoge sus propuestas para preservar el régimen foral”.

Respecto a la Reforma de las Administraciones Locales.

El modelo social, democrático y de derecho consagrado en el Art 1º de la CE, configura una Administración al servicio del estado social que preserve la atención a la ciudadanía en términos de igualdad, para lo que es indispensable la Administración Pública, los servicios públicos y el empleo público.

La ciudadanía es y, debe seguir siendo el eje central de la sociedad del bienestar y aquellos, son quienes generan demandas de servicios y atenciones a los que debe responder el sector público para cumplir con los preceptos constitucionales para la igualdad de oportunidades y, que el Gobierno del PP está poniendo en riesgo con sus continuas reformas orientadas a desmembrar, cuanto no a hacer desaparecer los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y, muy especialmente para las personas que más lo necesitan.

Las continuas agresiones del Gobierno del PP a los servicios públicos y sus empleados/as los demonizan ante la conciencia social, creando la justificación perfecta para recortar presupuestos, recortar derechos de ciudadanía y despedir de forma masiva a trabajadoras y trabajadores públicos de todas las Administraciones, con lo que, se profundiza en la descualificación en la atención a las demandas ciudadanas de servicios públicos, provocando un bucle social que considera “los servicios públicos caros, ineficaces e ineficientes”, precisamente los argumentos esgrimidos por quienes entre sus objetivos está ofrecer la gestión de los servicios públicos al sector privado.

Tras la reforma laboral que ha penalizado doblemente al personal laboral de las Administraciones Públicas; una, por su condición de persona trabajadora a quien le es de aplicación la normativa laboral general y dos, por la aplicación de EREs sin causalidad necesaria en la Administración Pública. Y los recortes en sanidad, educación, dependencias y políticas sociales, así como la congelación de las tasas de reposición han expulsado del mercado laboral onubense a más de 4.000 empleados y empleadas públicas, mientras quienes mantienen su empleo lo hacen en unas condiciones de precariedad salarial indignas como consecuencia de los reiterados planes de ajustes impuestos en las diferentes Administraciones Públicas que, les ha supuesto una caída de la capacidad de rentas del 30%.

Ahora el Gobierno del PP con una celeridad inusual, sin consenso y con el descontento de la inmensa mayoría de la sociedad, pretende imponer una nueva reforma para las Entidades Locales bajo la denominación de “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” que, solo con leer los objetivos previstos puede intuirse el fondo real que persigue esta reforma que no es otro, que generar una profunda desigualdad y descohesión social entre los los diferentes territorios de España, perjudicando muy especialmente los territorios rurales y pequeños municipios como los de la provincia de Huelva a cuya ciudadanía se le castiga especialmente suprimiendo los servicios de proximidad y con ello su calidad democrática.

La FSP – UGT Huelva rechaza de plano esta reforma porque supone un nuevo paquete de recortes, el desmantelamiento del bienestar y del empleo en la Administración Local para transferir su gestión a la empresa privada tal como recoge el cuarto objetivo del proyecto de Ley “favorecer la iniciativa económica privada ..”

La rechazamos igualmente porque La Reforma de las Entidades Locales es:

Inconstitucional por vulnerar el art. 140 de la CE y la Carta Europea de autonomía local ratificada por España en el año 1988. Autonomía local que es base de la arquitectura de cualquier democracia. Su ruptura se quiere justificar por eficiencia económica pero es dudosa esta pretendida rentabilidad, ya que, además, no son los ayuntamientos los culpables del déficit público.

Innecesaria porque no clarifica competencias, no elimina duplicidades, no se basa en la racionalidad sino en criterios económicos “ajustes presupuestarios y control del déficit”.

Injusta con las Administraciones Locales porque las penaliza no siendo las responsables del déficit público cuando tan solo representan el 4,5% del déficit público de toda España.

Además agrede a la autonomía municipal, a la democracia y su representación política, suprime servicios sociales básicos para la ciudadanía, desprecia lo público y a las personas a quienes les trasladan sufrimiento, recentraliza el núcleo de poder en las diputaciones y/o las CC AA al quitar competencias a los municipios pudiendo éstas decidir la prestación de un servicio municipal sin la correspondiente partida presupuestaria, además de controlar la gestión rehuyendo la necesaria reforma de las Haciendas Locales que es lo que necesitan los ayuntamientos y donde sí hay generado un amplio consenso, desatendiendo la reivindicación histórica del municipalismo de contar con suficiente financiación.

Los servicios municipales no solo no mejorarán sino que serán más caros para los ciudadanos y, supone de forma general un ataque al empleo ya que la sostenibilidad de la futura Ley que prevee un ahorro de 8.000 millones de euros que no será factible sino es por la via de la perdida de empleo.

Estamos ante un capítulo importante de los recortes a las administraciones públicas, en beneficio de los intereses económicos privados. La gestión de lo público quedará por ley más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos.

Asimismo, se anularán las competencias autonómicas sobre ordenación territorial y coordinación de las administraciones locales, atendiendo solo a cuestiones demográficas y obviando aspectos culturales, identitarios, económicos, productivos, de infraestructuras, recursos naturales o de articulación de servicios públicos.

La reforma del Gobierno es incongruente con lo que argumenta. Ni racionaliza la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarifica las competencias municipales, ni ahorrará dinero público. Pero sí que es uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha producido en nuestra democracia.

En consecuencia, la FSP-UGT Huelva promoverá una campaña divulgativa y de rechazo del Proyecto de Ley y/o la Ley en su caso, que genere apoyos para exigir al Gobierno su retirada.

Y aboga por la coherencia, la racionalización de la mejora de la viabilidad financiera municipal y la defensa y mejora del empleo y de los servicios públicos, así como la negociación con la Diputación de Huelva para minimizar las consecuencias de esta Ley.

Resolución que aprueba el 1º Comité Provincial de la UGT Huelva a propuesta de la FSP - UGT, en favor de las libertades y de la democracia.

La seguridad privada nace en España en los años veinte del pasado siglo cuando la patronal española se siente amenazada por las luchas obreras, y constituye lo que se conoció como el “sindicato libre” que protegía los intereses de empresarios/as y empresas contratantes. En este escenario, acceden a este “sindicato libre” personas con escasa o nula formación policial, con atribuciones para las que no están preparados, ni entrenados y que es perjudicial incluso para los trabajadores del propio sector.

Es verdad que desde entonces hasta hoy, los trabajadores han experimentado un profundo proceso de formación y cualificación profesional que les hace mejores profesionales, pero que en ningún caso puede convertirlos en policías sin someterse a los procesos de oposición y a una formación exigente que dura años, sin embargo la Ley les habilita para sustituir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (funcionarios públicos), únicos garantes del derecho fundamental a una seguridad pública, universal y gratuita que nos otorga la CE.

 

Los vigilantes privados no son los culpables, son victimas propiciatorias para seguir avanzando en la filosofía gubernamental y de las patronales empresariales para dotarse de instrumentos y de seguridad privada que responda, por una parte a las directrices ideológicas y, por otra, a las ordenes de empresas privadas en defensa de sus intereses para reprimir a personas que ejercen sus derechos laborales, sindicales y de manifestación, mostrando el profundo neoliberalismo de la derecha española y que, con extraordinaria diligencia y autoridad está imponiendo el Gobierno de España.

La reforma del Código Penal. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como “Ley Mordaza” y el proyecto de Ley de Seguridad Privada recientemente aprobada por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que permite a los vigilantes privados cachear, identificar y detener a personas en la vía pública, en los polígonos industriales, en urbanizaciones y zonas comerciales peatonales con la autorización y autoridad pertinentes; son claros ejemplos de un afán reformista con una profunda carga ideológica que sitúan los derechos fundamentales en la antesala de una nueva dictadura y así proteger adecuadamente a los vigilantes privados (nueva policía), a la par que se persiguen a los sindicatos y reprimen el derecho de manifestación, huelga y/o de libre expresión y circulación.

Desregular uno de los principios de la democracia -que el Estado tiene el monopolio de la autoridad y de la fuerza- es abrir una puerta que genera el riesgo de caer nuevamente en la privatización del derecho a la seguridad de la ciudadanía española, privatizando con ello el orden público y la seguridad y, puede propiciar la circunstancia de que patrullas ciudadanas ya existentes en algunos territorios puedan contratar seguridad privada para ejercer autoridad, o, pasar a los vigilantes de seguridad de colaborar con la policía a ejercer de agentes y la policía se convertirá en colaboradores, ya que cada vez que los vigilantes lleven a cabo cualquier trámite necesitarán de la policía para llevar a cabo las diligencias.

Si lo que se necesita para garantizar el derecho a la seguridad es más policías, levántese la congelación de la tasa de reposición y contrátese a más policías y no a un sucedáneo en el ámbito de lo privado que además, produce una injerencia profesional ilegítima con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al ser una ley para consolidar un sector productivo que genera más de 90.000 empleos y una facturación de más de 3.600 millones al año, tal como reconoce el Secretario de Estado de Seguridad, Frco. Martinez, además de rivalizar los unos con los otros al haber desaparecido en los últimos años más de 6.000 agentes de la autoridad.

La Ley de Seguridad Privada es una ley encaminada a la privatización de los servicios públicos para empobrecer a las personas y enriquecer a las empresas privadas, implementa el discurso de austeridad del gobierno y rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que a partir de esta Ley, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada atendiendo a criterios económicos, es decir, lo que sea más barato.

Al poner la vigilancia en manos privadas con intereses y planteamientos que nada tienen que ver con la seguridad pública, podría producirse actuaciones policiales oscuras propiciadas por algún/a empresario/a de la seguridad privada, a la vez que la ley autoriza la cesión de datos del Estado y bases de datos oficiales para ponerse a disposición de empresas, sin saber muy bien con qué objetivos.

Por todo lo expuesto, el Comité de UGT Huelva RESUELVE:

1.- Repudiar la política reformista ideológica del Gobierno del PP que sitúa los derechos y garantías fundamentales en la antesala de la dictadura, que persiguen a los sindicatos, reprimen el derecho de manifestación, huelga y/o de libre expresión y circulación.

 

2.- Renovar el compromiso de la UGT Huelva con la libertad y la democracia, defendiendo sus valores y para ello, declara innegociable que el Estado sea el depositario del monopolio de la autoridad, la fuerza y la seguridad ciudadana.

 

3.- Rechazar y exigir la retirada de la Ley de Seguridad Privada porque es una ley sustentada en los criterios económicos de la austeridad, en el ahorro y para la consolidación de un sector productivo privado que privatiza las garantías de derechos.

4.- Exigir la convocatoria inmediata de las vacantes existentes en los cuerpos y fuerzas de seguridad que propicie la reposición inmediata de los agentes necesarios para la seguridad ciudadana.

Todos los hombres del Presidente

En el año 1976 llega a las carteleras españolas una magnífica cinta: “Todos los hombres del Presidente”, un film (EE UU) galardonado con diversos premios, entre otros cuatro Oscars, dirigida por Alana J. Pakula y protagonizada por Roberte Redford y Dustin Hoffman, entre otros. La trama de la película cuenta como en el años 72, dos jóvenes periodistas del Wasington Post, interpretados por Hoffman y Redford, comienzan a investigar el allanamiento del Cuartel General del Partido Demócrata en Wasington. Sus descubrimientos desencadenan el llamado caso “WATERGATE” que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon tras reiteradas negativas de implicación en el caso.

Treinta y tres años después en España (febrero de 2009), en la investigación instruida por el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, aparece por primera vez imputado Luis Bárcenas. Éste, aparece en el sumario de forma confusa porque es nombrado bajo el seudónimo de “Luis el Cabrón”, circunstancia que Bárcenas niega ante el Juez de TS Francisco Monterde. En septiembre del mismo año y, ante la clara implicación en el caso Gürtel, la comisión de suplicatorios del Senado accede a conceder el suplicatorio solicitado por el TS, al ser Bárcenas persona aforada.

En Abril de 2010, una vez que se le levanta el secreto de sumario de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, Bárcenas pide la baja como militante del PP al señalar el sumario indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del PP. Hasta este momento el propio Mariano Rajoy, Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal y la totalidad de la Dirección Popular apoyan y justifican la honorabilidad del Tesorero del partido, mientras que sigue manteniendo su acta de senador y miembro del Grupo Parlamentario Popular. Solo la presión social lo obliga unos días después, a renunciar a su escaño de senador, a la vez que lo hacía Jesús Merino Delgado, diputado del PP también implicado en la trama Gürtel.

Hasta aquí parece repetirse la historia de la película “Todos los hombres del Presidente”, se produce la dimisión del presunto corrupto, pero a la vez y hasta la fecha, se produce una enorme diferencia: “no se han dirimido responsabilidades políticas” No ha dimitido el “Nixon” de España, Mariano Rajoy en su doble vertiente, como Presidente del PP y como Presidente del Gobierno en ambos casos señalado como cómplice necesario tal como podemos apreciar más adelante.

Desde entonces y hasta hoy, se han producido una serie de acontecimientos fuera de toda lógica racionalmente decente, a saber y, a tenor de que puedan olvidarse algunas y mezclar fechas y/o acontecimientos por su enorme arquitectura jurídica, argumental y política para salvar la cara del Presidente del Gobierno, ha ocurrido lo siguiente:

En julio de 2011, el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emite un auto, que no se da a conocer hasta septiembre del mismo año, por el cual se archiva por falta de pruebas las causas contra Bárcenas. En noviembre del mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León llama a declarar a Bárcenas en calidad de imputado por su implicación en la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León), a la empresa Teconsa y el posterior cobro de comisiones.

No es hasta marzo del 12 cuando la Audiencia Nacional reabre el caso Gürtel contra Barcenas, Merino y Galeote (todos del PP), imputándoles delitos fiscales y de evasión de capitales, no sin censurar fuertemente la actuación del Juez Pedreira en el archivo de la causa de los tres peperos, al que acusa de carecer de competencias objetivas para ello.

Ya en 2013, concretamente en el mes de enero, los diarios "El Mundo" y "El País" publican respectivaente que Bárcenas, supuestamente, habia pagado en negro sobresueldos a altos cargos y, la contabilidad "B" del PP que vuelve a vincularlo con el caso Gürtel y de los que se ha comprobado su veracidad ya que, la Agencia Tributaria dice que habiéndose cobrado en negro, no se produce fraude fiscal porque el delito está prescrito y porque la pueba caligráfica y la propia declaración de Bárcenas corroboran la veracidad de los papeles y por tanto, la veracidad de la contabilidad "B" del PP. Ya aparece el Presidente, Mariano Rajoy, y todos sus hombres y mujeres (todos los/as secretarios/as generales y tesoreros de la historia del PP), quienes están directamente señalados e implicados porque todos son colaboradores necesarios para que toda la cúpula del PP cobre sobresueldos en negro y, para que el partido popular pueda financiarse ilegalmente con las empresas de la trama y otras.

El correlato de acontecimientos, dimes, diretes, contradiciones, mentidos y desmentidos son tantos, que relatarlos todos puede ser interminable, pero sí quiero pararme a destacar algunos acontecimientos más, que sin duda se recordarán. En este sentido cabe destacar cómo se consigue retirar al Juez Garzón de la investigación de la Gürtel, cómo se sustituyen de forma sorpresiva y en varias ocasones, a las cúpulas de las fiscalias anticorrupción, de la unidad de delitos fiscales de guardia civil y de la policía, de la inspección especializada en delitos fiscales de Hacienda, cómo desaparecen los discos duros de los ordenadores de uso de Bárcenas en el PP y los juzgados de Madrid se inhiben, cómo se paga en negro la reforma de la sede de Génova, cómo practicamente están manchadas por corrupción la mayoria de los gobiernos de CC AA del PP y, parece que hasta donde no ha gobernado nunca como es el caso de Andalucía. (Jaume Matas y sus gobiernos imputados y procesados en Baleares. En Valencia Cams y Fabra enjuiciados, un número muy considerable de parlamentarios encausados en diversos delitos por corrupción y/o recogen firmas para que se indulte a un alcalde del PP condenado por corrupción, cómo el PP de Castilla la Mancha dice no haber cobrado 200.000 euros de Bárcenas que tiene firmado....), cómo el Presidente igual que hizo Nixón, miente al pueblo en sede de la soberania nacional, cómo se amnistia fiscalmente a defreudadores, o, cómo los documentos de las nuevas cajas aparecidas del la Gürtel evidencian el pago en negro de una campaña del entonces líder de la oposición Mriano Rajoy, en Argentina, ...

Todos esto es malo para la marca España, es malo para la democracia, es malo para el afecto de la ciudadanía a las Instituciones. En definitiva, es malo para que no se tenga la sensación de que la corrupción, el cinismo, y el nepotismo forman parte del ADN del Partido Popular y por tanto del Gobierno, ya que las practicas delictivas, aunque prescritas algunas de ellas, se extienden desde la génesis del PP, más de 18 años de presunta financiación ilegal y conviviendo con la contabilidad "B" muy a pesar de González Pons, quien en un alarde de la estrategia del ventilador pretende equiparar al PP con todos los partidos cuando afirma: "todos los políticos del PP son igual de honrados que todos los políticos de todos los partidos, todos ...."

No reconocer los problemas de fraude y corrupción existentes en España no soluciona el problema que existe, no sirve para romper con la sensación de corrupción generalizada y de impunidad que la ciudadanía otorga a la clase política, además, si no se actúa, no se reacciona y no se ponen en marcha inmediatamente acciones que rompa con ellas, se corre el riego de que el pueblo asimile definitivamente con naturalidad que las mafias económicas gestionan la soberanía nacional a través de la política.

El fino hedor de la “MARCA ESPAÑA”

A lo largo de los dos últimos años y bajo en gobierno del PP, se han venido produciendo en España determinadas noticias y acontecimientos que no solo conmueven el alma, sino que agreden sustancialmente a la inteligencia y a la dignidad ciudadana. Y no me refiero a la política reformista contra los derechos sustanciales de la ciudadanía como el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad, a la igualdad, … tan despreciados por las múltiples reformas y recortes emprendidas por el Gobierno, sino, por los últimos acontecimientos jurídicos que se han conocido y que me producen un cierto hedor a la “mafia España”, ¡uy perdón! quise decir “marca España” por asemejarse mucho al hedor que desprenden las acciones de las mafias.

La acción de gobierno del PP, en mi opinión, es una acción pseudomafiosa que ha utilizado la legitimidad democrática que otorgan las urnas junto con el poder económico-financiero y mediático para trasmitir temor, miedo, desasosiego a la ciudadanía y, hasta un chantaje imposible sustentado en la percepción de impunidad que la sociedad otorga al Gobierno y al partido que lo sustenta (el PP).

Un Partido Popular y un Gobierno, señalados como delincuentes por la propia Agencia Tributaria de España dependiente del Ministerio de Hacienda, al entender que han delinquido desde el Presidente del Gobierno y del partido, pasando por varios ministros y los secretarios generales del PP, pero que sus delitos han prescrito. Queda confirmado para la Agencia Tributaria que han cobrado sobresueldos de los diferentes tesoreros del PP que a su vez, se han servido de donaciones ilegales de determinadas empresas a cambio de favores y que actualmente están en investigación.

Puede desprenderse por tanto del informe de la Agencia Tributaria, que estamos ante unos delitos de prevaricación y de favores a cambio de dinero y, no ha pasado nada. No ha habido una sola imputación ni dimisión y sí, muchas mentiras y falsedades en sede judicial y mucha falta de memoria contrastada.

¿Es razonable que ante tan claras evidencias no haya habido imputación alguna por parte de los juzgados? En condiciones normales, tal vez no. Pero cuando el mismo partido y el mismo Gobierno consiguen apartar de sus carreras a jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y de la Guardia Civil con un mismo denominador: ser los responsables de la investigación en los casos de corrupción (el caso Gürtel, los papeles de Bárcenas y la presunta, yo diría certera, financiación ilegal del PP y corrupción del Presidente del Gobierno,... ), cualquier profesional de la judicatura que le tenga apego y aprecio a su puesto de trabajo es posible que se lo piense mucho antes de instruir el caso, según qué dirección vaya tomando.

En los últimos días hemos sido informados de otra noticia en la misma dirección de la “mafia España” (en sentido figurado), que tiene que ver, conque ningún juzgado de Madrid quiere hacerse cargo de la investigación e instrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas que, amen de poder ser una prueba determinante para la causa de la presunta corrupción del PP y del Presidente del Gobierno y con ello del caso Gürtel, es enviado a los juzgados de Madrid por el juez "Ruz" como causa separada de los papeles de Bárcenas, por entender el juez, que debe ser una instrucción propia por considerar que hay indicios muy razonables de delitos de obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas y perjurio por haber declarado previamente el PP que los discos de los ordenadores habían sido borrados cuando en realidad fueron destruidos una vez que se ordenó la ejecución de la autopsia pericial informática.