Por primera vez en democracia, los resultados de un proceso electoral, el del 20D, brindan la oportunidad histórica de construir un gobierno transformador desde la confluencia de toda la izquierda y desde el reconocimiento que debe concentrarse en torno al PSOE. Sin embargo, nos encontramos a las puertas de la pérdida de esta oportunidad para la mayoría social.
El Acuerdo firmado con C.s, la investidura fallida y la presunta incorporación del PP corrupto a un supuesto proceso negociador, parece vislumbrar un nuevo fracaso colectivo de la izquierda, un nuevo proceso electoral que sería el mismo fracaso colectivo o un gobierno conservador que supondría una ruina para los derechos de las clases trabajadoras y la libertad ciudadana.
Ya el acuerdo con C.s, no aborda los aspectos que resuelvan los problemas a la mayoría social y que debían comenzar por restituir todos los derechos perdidos con el gobierno del PP.
Aspectos indispensables como el deterioro de los derechos y libertades y la falta de tutela jurídica efectiva de las trabajadoras y trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, como consecuencia de la prevalencia del criterio económico sobre los derechos labores en el ámbito del trabajo y de la presunción de veracidad del principio de autoridad, sobre la presunción de inocencia,convierte en vulnerables a las clases trabajadoras y a la democracia en una democracia intervenida.
El acuerdo con C,s para la investidura no resolvía estas situaciones de menoscabo y mucho menos si al mismo se incorpora el PP como pretende la formación naranja, máxime cuando si por algo ha destacado España en estos largos cuatro años de gobierno del PP ha sido por la corrupción generalizada, institucionalizada y legitimada por el gobierno y por el incremento de la pobreza, las desigualdades, la represión a la libertad de expresión y reunión, la tortura y los malos tratos diversos derivados de la reforma del Código Penal y de la Ley Mordaza o la legalización de las devoluciones en caliente de inmigrantes y refugiados...
Es de reconocer la agenda social que contiene el acuerdo con C,s, más como consecuencia de la transversalidad política que conlleva la alternancia en el poder entre derecha y socialdemocracia que posibilita confluencias a derecha e izquierda, que a las posiciones ideológicas a ambos lados del tablero. Solo baste observar el nivel de protección social alcanzado en los países de Centro y Norte de Europa con gobiernos mayoritariamente conservadores. Pero sin embargo, su ejecución está cuestionada al no afrontar el Acuerdo una verdadera reforma del modelo fiscal y pasar de puntillas por aspectos que pueden hacer posibles políticas sociales y de derecho público como es el art. 135 de la CE que mantiene la prevalencia del pago de la deuda sobre la política social.
Si en algo se diferencia la derecha de la izquierda, es en la forma de afrontar la política económica, el modelo productivo y las relaciones laborales y en ambos casos, el Acuerdo con C,s no afronta aspectos esenciales que corrijan por ejemplo, la mala praxis empresarial, la democratización de la economía, ni las medidas laborales del Acuerdo deroga la reforma laboral .
Las propuestas del Acuerdo en este campo, son de limitado alcance en la negociación colectiva, en la modificación del despido de aquella reforma del PP y van en la dirección equivocada en materia de contratación que incrementarán la inestabilidad, la precariedad, los bajos salarios, la dualidad y la desigualdad.
Las modificaciones propuestas para paliar los desequilibrios en la negociación colectiva apuestan por la continuación de la devaluación salarial como medida de competitividad y con el mantenimiento de la brecha salarial que son causas de desigualdad. Tendencia que continuará observándose por los efectos de la inestabilidad y precariedad laboral mantenida, e incluso empeorada por los cambios en la contratación temporal y por el debilitamiento no resuelto, de la protección al despido que hizo la brutal reforma del PP.
Reconociendo los esfuerzos realizados para la primera y segunda investidura, el postureo, malas artes y hasta las estrategias mostradas por todos, ello no debe suponer renunciar a la posibilidad de construir en torno al PSOE un gobierno de izquierda de verdadero cambio para la mayoría social, ni una excusa para responsabilizarse mutuamente de su posible fracaso. Más bien todo lo contrario.
Hablar de hacer otra política es hablar de legislar para garantizar derechos, protección y rentas para una vida digna, de democratizar la economía, empoderar a la ciudadanía, cambiar el modelo productivo para pasar de la competitividad especulativa a la productividad como concepto de crecimiento económico, es garantizar la tutela jurídica de los trabajadores y de la ciudadanía y no sustituir toda una política económica para la justicia social por una agenda social por muy amplia que esta sea.
En definitiva, sumar para realizar la misma política económica es convertir la justicia social en solidaridad, que no es lo mismo. Cuando hay justicia social, no se precisa de la solidaridad y es ahí, donde radica la diferencia entre el socialismo y el centrismo socialdemócrata.