Puestos
a opinar, opinemos. Puestos a reflexionar, reflexionemos. Reflexión
abierta sobre el llamado caso de los EREs en Andalucía con la que
pretendo desinhibir la mente.
Bajo
el calificativo de “salto cualitativo” a incluir en la
investigación del caso de los EREs, la jueza Alaya imputa a parte de
la clase política que permite, según ella, el incumplimiento de las
normas para generar fraude, cundo éstas fueron aprobadas por el
Parlamento de Andalucía.
Con
la última hasta ahora, decisión adoptada por la jueza Alaya se
imputan a decenas de personas muy estrechamente relacionadas con
el/los gobiernos andaluz, y una vez más, haciéndola coincidir
imprudentemente como ya han señalado diversos medios de comunicación
con una significativa fecha para Andalucía y su proyecto
democrático, nada más, ni nada menos, que con el inicio del proceso
de primarias en el seno del PSOE A donde puede elegirse al/a posible
sustituta del Presidente del Gobierno de la JA. Ante esta reiteración
cabe todo tipo de especulaciones.
En
primer lugar y a tenor de las múltiples coincidencias y/o
imprudencias de laJjueza en este caso: “coincidiendo con la campaña
de elecciones municipales de 2011 (10/05/2011) emite un auto para
investigar los bienes del exconsejero de empleo Antonio Fernández.
En la toma de posesión en el Parlamento de Andalucía del Presidente
Griñan, (19/04/2012) ordena el ingreso en prisión del exconsejero
Antonio Fernández. En noviembre de 2011, en plena campaña de las
elecciones generales emite la Jueza una declaración en el sentido de
que Griñan en su calidad de Consejero de Economía tuvo que
autorizar las partidas presupuestarias objeto de investigación.
10/03/2012, en plena campaña de las elecciones autonómicas ordena
el auto de prisión de Javier Guerrero, exdirector general de empleo
de la JA. El día de la firma del Pacto andaluz por la Economía
firmado con los Sindicatos mayoritarios y la Patronal andaluza cuando
el gobierno de España está haciendo oídos sordos permanentemente a
la firma de un Acuerdo Nacional, manda a prisión a dos nuevos
imputados tres horas antes de que Bárcenas vaya a declarar a la
Audiencia Nacional sobre el caso
Gürtel.(http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/imprudencias-Alaya_6_113798634.html)
...” cabe plantearse si: ¿tiene a caso la instrucción la
vocación de perjudicar al PSOE-A? ¿Es simple coincidencia?. Y en
segundo término, habría que cuestionarse si la jueza Alaya está
pretendiendo quebrantar el Pacto de Gobierno en Andalucía habida
cuenta de las reiteradas manifestaciones vertidas por IU respecto a
la presencia de personas imputadas en el Gobierno.
En
opinión de Martín Pallín “Magistrado emérito del TS”, el
último auto de la jueza Alaya, es un auto desconcertante,
jurídicamente preocupante y nulo porque no dicen los delitos con los
que se les acusa a las personas imputadas y es una obligación
constitucional el que las personas imputadas conozcan de qué se les
acusa para poder garantizarse su defensa procesal. En el mismo
sentido, cuestiona el hecho de que el auto se sustente en unas
observaciones del Tribunal de Cuentas de Andalucía por las que se
vine a decir, que se vulnera la normativa reguladora sin tener en
consideración que fue aprobada en el Parlamento de Andalucía y en
las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo
que es Ley. De ser como la Jueza interpreta estas observaciones,
debe decírsele a las personas imputadas que se les acusan de
prevaricación y/o malversación de fondos públicos. La malversación
exige ánimo de lucro y connivencia con los defraudadores, y la
prevaricación es “dictar una disposición injusta” ¡Cuidado con
esto! Porque la disposición la dicta el Parlamente de Andalucía, no
las personas imputadas, por lo que la Jueza tendría que ir contra
todos/as los/as parlamentarias que hayan votado esa norma,
incurriendo con ello en una invasión de competencias muy peligrosa,
en la que no es competente en ningún caso un Juzgado de Instrucción.
Dice
la Jueza en su auto del pasado 2/07/2013, que los imputados tienen
una culpa invigilando y debido a ello se produce el fraude. Es decir,
que los imputan por lo que no hicieron más que por lo que hicieron;
“no imponer el principio de autoridad a sus subordinados que
actuaban conforme a la legalidad andaluza y ello es lo que propicia
el fraude” ( Hay que tener en consideración que el proceso de
transferencia de financiación para pagar ayudas fue aprobado por el
Parlamento de Andalucía y la Ley de Presupuestos de la JA). En este
sentido, parece razonable que la Jueza investigue el fraude y no la
forma política, financiera y administrativa con el que se llevó a
acabo el desarrollo del Acuerdo de dedicar fondos a estos fines, lo
que no es competencia de un juzgado de instrucción y mucho menos
delito.
En
mi opinión el Magistrado Martín Pallín es categórico y desarma la
presumible trama de imprudencias jurídicas de Alaya, que parece
diseñada para influir en la voluntad del pueblo andaluz y beneficiar
con ello al pensamiento conservador de la derecha andaluza sin
importar las consecuencias de la gestión que realiza del caso.
En
los últimos tiempos, la mirada está especialmente puesta en el
descrédito y la acusación permanente de corrupción a la política
trasladada desde la derecha mediática para bajar la tensión pública
sobre los mayores casos de corrupción que se dan en la historia de
España, “la Gürtel, Bárcenas y la presunta financiación
irregular de PP”, curiosamente todos vinculados al partido del
gobierno, hasta el prescrito Caso Naseiro. Pero también la
presumible trama de imprudencias jurídicas de Alaya ha hecho correr
ríos de tinta acusando de corruptos a los sindicatos de clase
relacionados con la negociación de los EREs.
Las/os
trabajadores y la sociedad en su conjunto somos respetuosos con la
justicia, y en la actualidad hasta temerosos con las reformas
regresivas que se están imponiendo. Y el mismo respeto que le
tenemos, le exigimos a la acción judicial en relación al trabajo
sindical, porque de su modo de actuar depende en gran medida el circo
mediático que se monta para promover el linchamiento de los
sindicatos y de los/as sindicalistas.
En
Andalucía, la recalcitrante derecha mediática a tenor de las
presuntas filtraciones del caso de los EREs estando declarado el
secreto sumarial y del permanente lanzamiento de reflexiones públicas
de la propia Jueza, arremetió contra la UGT y CCOO cuando su única
tarea fue posibilitar la salvación de miles de empresas, decenas de
miles de puestos de trabajo y de más de 6.000 prejubilaciones con
salarios dignos, todo desde la legalidad y desarrollando el papel que
corresponde a los sindicatos.
No
soy quien para censurar el procedimiento procesal, pero sí para
opinar que la actitud de permanentes reflexiones públicas
sustentadas en declaraciones de personas imputadas, o no.
Contrastadas, o no, es un acto que denigra a la acción jurídica y
provoca el juicio social y político paralelo que ningún bien hace
la independencia de la propia justicia.
Por
el bien de la justicia, por el bien de la democracia, no es bueno
mezclar las responsabilidades jurídicas con las responsabilidades
políticas. No es bueno mezclar el juicio jurídico con el juicio
político y social, cada cual tiene su ámbito para dirimir
responsabilidades.
