"LA BANDERA" por imperativo legal

“LA BANDERA”por imperativo legal.


La pugna por patrimonizar el espíritu patrio y su símbolo “la bandera de España”, desde la llegada del PP al Gobierno se ha instalado en el discurso de la inmensa mayoría de los partidos políticos. Desde PODEMOS hasta el PP, pasando por C'S y aterrizando directamente en el PSOE.

El acto de proclamación de candidato a la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE estuvo lleno de una profunda simbología, evidenciando con ello la clara voluntad de no renunciar a la vocación patriótica y a su bandera. El PSOE hace tiempo que viene pormenorizando tal concepto junto a la simbología que representa la bandera, funestamente usada en el citado acto y que no ha dejado indiferente a nadie, ni dentro, ni fuera del PSOE.

A unos, la derecha, la ultra y la conservadora, aplauden el gesto y dan la bienvenida a la centralidad, a la moderación del PSOE. ¿Qué era eso de que el PSOE fuera de izquierdas y radical?

La izquierda ha vivido el gesto con un sobrevenido desagrado y más allá de las posiciones más o menos radicales en las que se muevan. Es cierto que el PCE reconoció la actual bandera como símbolo del Estado democrático y para que pudiera ser legalizado como partido político en la España posfranquista que había que construir. Pero la izquierda, ni la pasada, ni la presente, ni la futura van a desvincular la bandera de la historia sangrienta y siniestra entre hermanos que impuso la rojo-gualda, hasta que no se restituya la dignidad de la memoria. “No sin razón”.

Y en el PSOE, un partido con abolengo obrero, de espíritu republicano y federalista y de marcado carácter internacionalista que reconoce como himno el de la Internacional Socialista. Una Patria universal, sin fronteras y sin banderas.

“... El hombre del hombre es hermano
derechos iguales tendrán
la tierra será el paraíso
Patria de la humanidad ...”

El PSOE y Pedro Sánchez se equivocaron haciendo en el acto de proclamación del candidato a la Presidencia del Gobierno, tan ostentoso uso de la simbología nacional con el mensaje “la bandera que nos une”, cuando España tiene 17 identidades diferentes, 17 sentimiento distintos y 17 banderas identitarias de los 17 territorios. Y el Estado Federal que promulga el mensaje político del PSOE, sin el reconocimiento de las banderas no es posible.

Se equivocaron porque la militante base socialista y la mayoría de la izquierda social de España viven una realidad muy distante de la que vive la dirección del Partido, aunque sus convicciones democráticas les obligaN a acatar la actual bandera nacional por imperativo legal.

La unidad nacional sin la unidad sentimental más allá del respeto constitucional, no se corresponde con la realidad de los pueblos de España.

LO QUE EL ACUERDO DE INVESTIDURA DE ANDALUCÍA NO CONTEMPLA

En fechas recientes UNICF Andalucía ha hecho pública su valoración sobre el riesgo de pobreza y exclusión infantil en Andalucía, la conocida como “tasa Arope”, por la que Andalucía no sale muy bien parada.

Según establece la encuesta de condiciones de vida de 2014 elaborada por el INE, en Andalucía hay 383.000 menores que están en riego de pobreza o exclusión social, el 51,1% . Lo que es lo  mismo, uno de cada dos menores andaluces no disponen de los indispensable para tener cubierta sus necesidades esenciales.

UNICEF Andalucía en su valoración y presentación del Pacto por la Infancia urge, no sin razón por lo delicado de la situación, a la necesidad de un Plan Integral en Andalucía que sitúe a la infancia en el centro de las políticas públicas junto, en mi opinión, al empleo, y que se defina una estrategia global en el marco del II Plan de atención a la infancia y la adolescencia en Andalucía 2015-2020, que dote de prioridad en la inversión para las políticas de infancia, ya que lo que no se haga ahora no podrá recuperarse y tendremos una sociedad futura más dual, desequilibrada y desigual.

Todos los indicadores desvelan que la tasa de exclusión social tiene mucho que ver con: la pobreza, la privación severa de material y la baja actividad laboral de las familias. Todo ello circunscrito en la extraordinaria precariedad y altísima tasa de paro del mercado laboral andaluz, muy por encima de la media nacional.

Andalucía es una Comunidad Autónoma que ha tenido que crecer a pasos agigantados, que ha sido capaz de labrarse la identidad andaluza sustraída, que ha tenido que invertir más que otros territorios en desarrollo e inclusión como consecuencia del aislamiento al que la han tenido sometida 40 años de dictadura, el centralismo neoliberal de la democracia y especialmente la endogámica cultura burguesa de quienes controlan el poder económico y empresarial andaluz y que a pesar de todo el esfuerzo, aun la mantienen relegada a un débil nivel de cohesión social.

Cierto es, y es justo reconocer los esfuerzos presupuestarios en políticas de infancia que ha realizado y realiza la junta de Andalucía y que han supuesto importantes logros, especialmente en el ámbito educativo. Pero no es menos cierto que en los peores años de la crisis 2010-2013, la inversión ha padecido una recesión acumulada del 40,5% a la par que las familias perdían el trabajo, la vivienda y la capacidad de rentas se ve muy mermada.

Esta situación además, debe obligar a la necesidad de abordar una agenda de medidas para mejorar el nivel de bienestar de los menores, porque de esa manera se mejora el nivel de bienestar de la sociedad, pero parece que el Acuerdo entre el PSOE A y Ciudadanos para la investidura de la Presidenta de la JA, donde se apuntan medidas necesarias de regeneración democrática, de participación ciudadana y transparencia, de reactivación de la economía mediante incentivos económicos y fiscales, para la defensa de los servios públicos,…, obvia aquellas otras medidas que cohesionan socialmente, que garantizan la ejecución de derechos básicos contenidos en el Estatuto de Autonomía como son: el establecimiento de una renta básica para las familias en riesgo de exclusión y pobreza, garantizar subjetivamente el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo mediante planes de choques para personas paradas de larga duración y mayores o legislar en materia de representación Institucional.