La alfombra roja.

Sobre “alfombra roja” va a poner la ministra de empleo, Fátima Báñez, a los jóvenes emprendedores como medida para erradicar el paro juvenil. Se tata de una serie de actuaciones que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy para, al parecer, dar respuestas a las cada vez mayores críticas y exigencias de actuación de la UE, de las Instituciones Internacionales y del conjunto de los agentes sociales, quienes coinciden en reconocer que la tasa de paro juvenil en España, que supera el 55% es vergonzosa.

Pretende el Gobierno del PP establecer una especie de “tarifa plana”  (expresión utilizada por la ministra Báñez) de 50 euros en las cotizaciones sociales durante seis meses para los/as jóvenes emprendedores y personas trabajadoras autónomas menores de 30 años en los próximos dos años; junto con otras medidas dirigidas a: facilitar el acceso al crédito ICO. No pagar el IVA de las facturas hasta que no se cobren las mismas, etc. En definitiva, medidas destinadas al emprendimiento y al trabajo autónomo que pueden ser aceptables pero que, en mi opinión, son extremadamente cuestionables cuando se plantean como solución para mitigar la elevada tasa de paro juvenil, ya que parece querer dar la impresión de que con la “tarifa plana sobre alfombra roja” de 50 euros durante seis meses, las/os emprendedores consolidan una estructura empresarial potente capaz de absorber un porcentaje elevado de la demanda de empleo juvenil.

¿Y después de los seis meses qué? Seguramente se generará un proceso semestral rotatorio de empresas en el que estén produciéndose bajas y altas permanentes de las mismas.

Este afán del Gobierno del PP de gobernar a base de titulares para contentar las críticas de la UE  y de las Instituciones Internacionales, es ya preocupante al convertirse en la generalidad de la acción de gobierno por mucha “alfombra roja” que éste ponga.

Vincular la solución del paro juvenil a la promoción del emprendimiento y del trabajo autónomo, además de un error, es un descomunal despropósito porque el problema del empleo en España y en particular del empleo joven, está directamente imbricado con la cultura empresarial de nuestro país, con el  modelo productivo precario y manifiestamente mejorable, con la falta de compromiso con la economía productiva de las entidades financieras y con la impregnación especulativa que generan las políticas neoliberales desplegadas por el Gobierno del PP.

España y con carácter de urgencia, tal como manifestó en días atrás el Comisario Europeo de Economía, Olli Rehn, necesita un Plan específico en políticas activas de empleo (PAE) que facilite el acceso de las/os jóvenes al mercado laboral, pero no sólo con PAE se incorporan las personas jóvenes al mercado de trabajo, por lo que es preciso un PLAN DE CHOQUE que genere empleo de forma inmediata y para ello, las entidades financieras nacionalizadas deben, por mandato expreso, poner de inmediato en circulación crédito a la actividad comercial y productiva de las PYMES y micropymes, las Administraciones una nueva política de fiscalidad coyuntural que estimule la contratación en condiciones de dignidad y al menos, modificar los aspectos de la reforma laboral lesivos con el dialogo social como herramienta incuestionable para el crecimiento económico, el desarrollo y la cohesión social.

Si yo fuera Presidente.

El mercado laboral onubense es uno de los más precarios de España, es la evidencia que constatan por una parte los datos del paro, que eleva la tasa de desempleo al 36,19% y por otra, los indicadores socieconómicos, laborales y de igualdad sobre la calidad del mercado laboral en Andalucía y que califican a Huelva como la provincia andaluza con peores indicadores de calidad de su mercado laboral.

Esta realidad está llevando a las clases medias y trabajadoras a un empobrecimiento paulatino que contrasta con el enriquecimiento de los más ricos. A la caída del 1,7% de los salarios  se le contrapone el incremento medio de los beneficios empresariales del 3,9% y todo con un tejido empresarial escasamente emprendedor por falta de financiación, pero también escasamente comprometido con un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible y de calidad.

Identificar las causas y/o consecuencias de los principales problemas del mercado laboral onubense es una necesidad para poder afrontar soluciones en el corto plazo. En este sentido, parece existir un amplio consenso social en enumerar la falta de financiación de las PYMES (92% del  tejido empresarial onubense) y el paro como las principales preocupaciones.

Las administraciones autonómicas y provincial (JA y Diputación) parecen haber asumido un compromiso por promover soluciones urgentes al problema del paro, y ambas cada una en su ámbito, han suscritos sendos “Planes” de empleabilidad para generar empleo inmediato. Así, la JA ha diseñado un PLAN DE EMPPLEO en el que invertirá 200 millones de euros de los cuales, 60 millones se invertirán en Huelva, y la Diputación Provincial ha diseñado un PLAN DE EMPLEO para los municipios onubenses con una aportación de  un millón de euros que suma a otros 2,5 millones de fondos incondicionados para los municipios y que pueden redundar en la generación de empleo.

Las administraciones con los matices que cada cual quiera aportar, cumplen con el compromiso del empleo, pero no es el empleo patrimonio exclusivo de las administraciones, sino que éste se sustenta fundamentalmente en las estructuras empresariales convirtiéndose éstas en sus principales generadoras, por tanto es  una responsabilidad implícita a la propia acción empresarial.

Son muchas las corporaciones empresariales y financieras que operan en Huelva y que están teniendo suculentos beneficios y no se sienten comprometidas con la generación de empleo desde su responsabilidad social corporativa. Y es el momento, en mi opinión, de esa apuesta -invertir parte de los beneficios en empleo- facilitando de forma solidaria la empleabilidad en las PYMES que siguen encontrando enormes dificultades financieras para su propio desarrollo.

Si yo fuera el Presidente de la PATRONAL ONUBENSE, comprometería todo el esfuerzo institucional en trabajar para que las empresas con beneficios constituyeran un fondo de un millón de euros para facilitar a las PYMES la creación de empleo, destinando ese fondo al pago de los costes sociales de las empresas durante el periodo de contratación de las/os trabajadores, con lo que se estaría operando en las dos líneas de las preocupaciones de la economía onubense: la financiación y el empleo.

EL GOBIERNO DEL PP QUIERE EJERCER DE COMANADANTE EN JEFE DE ESPAÑA.

El determinismo con el que se desenvuelve el Gobierno del PP marca el rumbo ideológico de las acciones políticas que desarrolla y pone en la proa de las prioridades los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras del País. Y en la popa de la nave “España” los derechos e intereses de las clases trabajadoras y la ciudadanía en general.

Durante el largo y lastrado año de gobierno vivido, los 30 RDs que ha aprobado y apresurado en aplicar, bien ha dejado a las claras que toda la acción de gobierno ha ido dirigida por una parte, a generar un franco desequilibrio entre los diferentes intereses de partes, favoreciendo siempre al más poderoso: “patronos sobre trabajadores; banqueros sobre ahorradores; represión policial y judicial sobre el derecho al descontento; …” Y por otra parte, establecer por la vía de los hechos, o del derecho, un nuevo modelo de Estado equiparable al modelo preconstitucional.

En este sentido, socializar la deuda privada de los bancos, descapitalizar las políticas sociales que atienden a los derechos democráticos y constitucionalmente constituidos en nuestro Estado Social y de Derecho, desarrollar de forma cicatera e interesada la reforma constitucional que obliga al equilibrio presupuestario y que ha supuesto para las administraciones acogerse a un Plan socializador de Pago a Proveedores con el firme propósito de  garantizar el pago a empresas e intereses a los bancos prestatarios, las múltiples declaraciones -que son la antesala de la reforma- en el sentido de intervenir las cuentas de las CC AA y Aytos que no cumplan con el equilibrio presupuestario, … dejan bien a las claras el propósito de construir un Estado con vocación centralista, uniformado y con un único “Comandante en Jefe”

Este año 2013 parce que ha sido el elegido para reformar definitivamente la Administración, reforma que pretende adelgazar la representación democrática del pueblo, eliminar las EELLMM (no logrado), eliminar las mancomunidades de municipios, agrupar pequeños municipios cercanos en una única Entidad Local, …, para lo cual se necesita un gran Pacto, una alianza con el principal Partido de la oposición. ¿Cómo sino puede presentarse el Gobierno del PP ante España con tan profunda reforma del modelo democrático de Estado?

Cuando las alianzas y/o pactos se antojan imposibles, la estrategia del Gobierno deriva hacia los hechos consumados explorando las medidas pretendidas en los laboratorios del PP: Valencia. Madrid. Castilla la Mancha ...  para privatizar la sanidad, reducir la democracia participativa o ponerle cortapisa, … Y hacia el RDL sobre cuestiones colaterales que afectan a la autonomía de las CCAA y EE LL. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro en un acto de euforia, aventura el compromiso del Gobierno en intervenir las cuentas de las CCAA y Ayuntamientos para garantizar el pago a los proveedores de éstas. Una vez más, la prioridad del Gobierno es garantizar el pago a las empresas en lugar de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía.

Esta euforia del ministro Montoro, además de ser una barbaridad en democracia en mi opinión, se me antoja ilegal porque afecta directamente al criterio político a la hora de aplicar la autonomía de gobierno que se le supone a los legítimamente elegidos para gobernar las CCAA y los Ayuntamientos, amén de que, si ya existe una Ley de Morosidad que obliga el pago a proveedores en un plazo determinado, lo correcto sería establecer mecanismos dirigidos al cumplimiento de la Ley y de exigencia de responsabilidad de quienes la incumplan, y no que tenga que ser la ciudadanía a quien se les hace responsables indirectos de una decisión de gobierno.