El determinismo con el que se desenvuelve el Gobierno del PP marca el rumbo ideológico de las acciones políticas que desarrolla y pone en la proa de las prioridades los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras del País. Y en la popa de la nave “España” los derechos e intereses de las clases trabajadoras y la ciudadanía en general.
Durante el largo y lastrado año de gobierno vivido, los 30 RDs que ha aprobado y apresurado en aplicar, bien ha dejado a las claras que toda la acción de gobierno ha ido dirigida por una parte, a generar un franco desequilibrio entre los diferentes intereses de partes, favoreciendo siempre al más poderoso: “patronos sobre trabajadores; banqueros sobre ahorradores; represión policial y judicial sobre el derecho al descontento; …” Y por otra parte, establecer por la vía de los hechos, o del derecho, un nuevo modelo de Estado equiparable al modelo preconstitucional.
En este sentido, socializar la deuda privada de los bancos, descapitalizar las políticas sociales que atienden a los derechos democráticos y constitucionalmente constituidos en nuestro Estado Social y de Derecho, desarrollar de forma cicatera e interesada la reforma constitucional que obliga al equilibrio presupuestario y que ha supuesto para las administraciones acogerse a un Plan socializador de Pago a Proveedores con el firme propósito de garantizar el pago a empresas e intereses a los bancos prestatarios, las múltiples declaraciones -que son la antesala de la reforma- en el sentido de intervenir las cuentas de las CC AA y Aytos que no cumplan con el equilibrio presupuestario, … dejan bien a las claras el propósito de construir un Estado con vocación centralista, uniformado y con un único “Comandante en Jefe”
Este año 2013 parce que ha sido el elegido para reformar definitivamente la Administración, reforma que pretende adelgazar la representación democrática del pueblo, eliminar las EELLMM (no logrado), eliminar las mancomunidades de municipios, agrupar pequeños municipios cercanos en una única Entidad Local, …, para lo cual se necesita un gran Pacto, una alianza con el principal Partido de la oposición. ¿Cómo sino puede presentarse el Gobierno del PP ante España con tan profunda reforma del modelo democrático de Estado?
Cuando las alianzas y/o pactos se antojan imposibles, la estrategia del Gobierno deriva hacia los hechos consumados explorando las medidas pretendidas en los laboratorios del PP: Valencia. Madrid. Castilla la Mancha ... para privatizar la sanidad, reducir la democracia participativa o ponerle cortapisa, … Y hacia el RDL sobre cuestiones colaterales que afectan a la autonomía de las CCAA y EE LL. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro en un acto de euforia, aventura el compromiso del Gobierno en intervenir las cuentas de las CCAA y Ayuntamientos para garantizar el pago a los proveedores de éstas. Una vez más, la prioridad del Gobierno es garantizar el pago a las empresas en lugar de garantizar los servicios esenciales a la ciudadanía.
Esta euforia del ministro Montoro, además de ser una barbaridad en democracia en mi opinión, se me antoja ilegal porque afecta directamente al criterio político a la hora de aplicar la autonomía de gobierno que se le supone a los legítimamente elegidos para gobernar las CCAA y los Ayuntamientos, amén de que, si ya existe una Ley de Morosidad que obliga el pago a proveedores en un plazo determinado, lo correcto sería establecer mecanismos dirigidos al cumplimiento de la Ley y de exigencia de responsabilidad de quienes la incumplan, y no que tenga que ser la ciudadanía a quien se les hace responsables indirectos de una decisión de gobierno.
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