lunes, 21 de octubre de 2013

El libre mercado es el verdugo del capitalismo.


En contraposición a la creencia extendida de que el Estado del Bienestar es una concesión del capitalismo -distribución de los márgenes de beneficios-para generar una paz social duradera tras décadas de lucha y guerras en Europa; existe la teoría certera de que: el Estado del Bienestar es la única justificación para la subsistencia del capitalismo. Por tanto, no es el “Bienestar Social” una concesión capitalista sino, un factor del propio capitalismo que al ser desmembrado, aquel queda herido de muerte. Lo que es lo mismo que decir, que la absoluta libertad de mercados se convierte en el verdugo del propio sistema capitalista construido.

¿Alguien se imagina la vida en una sociedad de no bienestar, de vasallajes donde los poderosos actúan como mercenarios del negocio y las clases trabajadoras como súbditos de aquellos, cuyo único fin es servir a los intereses del amo? Esa es la situación a la que puede derivarnos la Reforma de las Entidades Locales y la política reformista emprendida por el Gobierno del PP.

En la sociedad del bienestar que hemos sido capaces de construir gracias a las estructuras públicas de prestación de los servicios, se ha alcanzado un muy digno y amplio nivel de desarrollo social y humano y, que en el llamado cuarto pilar del bienestar tiene su principal baluarte propiciando una gran transformación del concepto que pasa de ser asistencia social con carácter benéfico, a un derecho de ciudadanía de las personas más vulnerables y, es ahí, donde los ayuntamientos han jugado un papel trascendente en el cambio cualitativo de la prestación de los servicios sociales, especialmente tras el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 1987, por el que se articula la cooperación económica y técnica entre administraciones y logra la colaboración de la Admon del Estado y de las CC AA para financiar la red de atención de servicios sociales municipales que posibilite la prestación básica a las personas en situación de necesidad a través de la red pública; porque garantizar el derecho a la protección ante una necesidad social no solo es de justicia, sino que permite prevenir las situaciones de desigualdad y/o desventaja, superar conflictos interpersonales y sociales y, la falta de recursos básicos, etc.

Observando como ha evolucionado a lo lo largo de los años las partidas presupuestarias del Plan concertado, que abarca todas las prestaciones básicas de las corporaciones locales, podemos sacar conclusiones importantes.

Año
Importe
2005
90.802.350,00 €
2006
90.802.350,00 €
2007
94.892.360,00 €
2008
95.092.360,00 €
2009
96.174.030,00 €
2010
96.174.030,00 €
2011
86.633.150,00 €
2012
47.288.884,00 €
2013
27.593.730,00 €

Y la principal conclusión es, que en los últimos dos años ha habido un recorte del 68% en los PGE, lo que va más allá de un simple traspaso de competencias desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas y/o diputaciones con la reforma de las entidades Locales, sino que están desmontando todo el sistema público hasta su privatización o, el rescate del ampro social, la beneficencia y la caridad.

La Reforma se motiva en la necesidad d equilibrar el déficit, y con el pretexto de cumplir con la ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera acomete una modificación sustancial de la LRBRL que afecta a las competencias de los ayuntamientos, a la felicidad y la calidad de vida de las personas ocasionándoles grandes perjuicios.

En Huelva hay que dedicar una mención especial al ámbito rural, ya que este traspaso competencial supone un agravante para la población a la hora de acceder a los servicios y en algunos casos imposibilitar la prestación de los mismos, lo que puede suponer un nuevo éxodo hacia las grandes urbes, debido a la falta de servicios como los asistenciales, o la escasez de escuelas.

La Huelva rural, más del 62% de los pueblos, no tendrán la posibilidad de decidir donde quieren vivir, con qué condiciones y calidad de vida y, muy especialmente, sin la posibilidad de disponer de un tejido público de prestación social que las haga sentirse titulares de un bienestar construido al que le quitan su valor.

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