El
Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte y Vivienda
2012-2024 (PITVI) diseñado por el Gobierno de España y en proceso
de exposición pública para presentar las alegaciones pertinentes,
hasta el próximo día 12 de marzo relega a Huelva a las estricta
retaguardia en infraestructuras indispensables para el desarrollo de
la provincia y para la aspiración de las onubenses y de los
onubenses.
Entre
los cinco objetivos que contempla el PITVI, le da prevalencia a las
capacidades existentes en detrimento de la mejora de la cohesión
territorial y de la accesibilidad de los territorios, que lo
encuadran en el penúltimo lugar. Esto significa, de un lado, que el
horizonte 2012-2024 no va a traer novedades sustanciales en
inversiones ni nuevas infraestructuras y, de otro, que la cohesión
territorial y la accesibilidad de los territorios va a ser uno de los
últimos objetivos que persiga.
También
el documento precisa, en relación al objetivo de cohesión
territorial, que la cobertura en materia de infraestructuras y
transporte para los distintos territorios queda supeditada a las
condiciones de la demanda. Lo que quiere decir que el objetivo de la
cohesión territorial queda condicionado a criterios meramente
economicistas y no a criterios de necesidades reales, ni de igualdad
de oportunidades. Hacer depender la cobertura en materia de
infraestructuras a las condiciones de la demanda aumenta las
desigualdades entre territorios, porque es un criterio beneficia a
los territorios más desarrollados y que cuentan ya con una amplia
cobertura de infraestructuras, por lo que este criterio condena a la
provincia de Huelva, que tienen una considerable actividad económica
y sólidas posibilidades de desarrollo, pero que necesitan una mejor
dotación de infraestructuras para crecer y ganar en competitividad.
En
suma, los objetivos estratégicos del PITVI resultan claramente
negativos para la provincia de Huelva que, por su ubicación
geográfica y por su histórico déficit de infraestructuras,
necesita una discriminación positiva que compense el efecto de estas
circunstancias partiendo de considerar a las infraestructuras del
transporte como un factor de reequilibrio territorial, económico y
social.
En
cuanto a los principios programáticos, el PITVI dispone que en el
corto-medio plazo las actuaciones a desarrollar estarán presidas por
tres principios básicos: profundizar
en las liberalizaciones, potenciar la participación del sector
privado y adecuar el sistema de provisión de infraestructuras a la
demanda real de la sociedad.
Respecto al largo plazo señala que las
iniciativas estarán más centradas en el ajuste de la capacidad en
función de la demanda.
La
visión economicista-liberal inspira del primero al último los
principios programáticos de la planificación, que no tienen en
cuenta criterios tan importantes como la cohesión territorial, la
igualdad de oportunidades de personas y territorios o la compensación
del déficit de infraestructuras y de inversión. La visión de país
que contiene el PITVI es una visión meramente economicista que
persigue, ante todo, el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos
determinados y el negocio privado y, que no utiliza a las
infraestructuras del transporte como elemento de reequilibrio, más
bien las miden en función de la rentabilidad económica y se obvia
el papel que juegan como elemento de reequilibrio.
Para
el caso de Huelva, los criterios establecidos son muy perjudiciales,
porque la denominada racionalización de las inversiones pone en
crisis la construcción de las infraestructuras que desde hace largo
tiempo reclama la sociedad onubense (N 435), hacen prácticamente
inviable la llegada de la alta velocidad, arrojan serias dudas sobre
el futuro de la Huelva-Zafra y dificultan enormemente la ejecución
de la actuación de integración urbana del ferrocarril, además de
hacer prácticamente inviables las infraestructuras previstas en el
documento para la provincia porque la planificación antepone una
visión economicista a una visón de país en el que primen criterios
justos y equitativos, como la cohesión territorial, económica y
social, la igualdad de oportunidades o la compensación del déficit
de inversión e infraestructuras y que utilice a éstas como factor
de reequilibrio.
Y
todo resulta más difícil de entender cuando consideramos la
posibilidad que tiene el Gobierno de la Nación de obtener una
financiación ventajosa para algunos de los proyectos de
infraestructura citados al estar Huelva incluida en la Red Básica de
la Red Transeuropea de Transporte y en los corredores Mediterráneo y
Atántico, circunstancia que obliga al Gobierno de la Nación a
emplear una mayor determinación a la hora de impulsar ciertas
infraestructuras, en aras de aprovechar estas ventajosas condiciones
de financiación.
