El PITVI vuelva a castigar a Huelva.

El Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI) diseñado por el Gobierno de España y en proceso de exposición pública para presentar las alegaciones pertinentes, hasta el próximo día 12 de marzo relega a Huelva a las estricta retaguardia en infraestructuras indispensables para el desarrollo de la provincia y para la aspiración de las onubenses y de los onubenses.

Entre los cinco objetivos que contempla el PITVI, le da prevalencia a las capacidades existentes en detrimento de la mejora de la cohesión territorial y de la accesibilidad de los territorios, que lo encuadran en el penúltimo lugar. Esto significa, de un lado, que el horizonte 2012-2024 no va a traer novedades sustanciales en inversiones ni nuevas infraestructuras y, de otro, que la cohesión territorial y la accesibilidad de los territorios va a ser uno de los últimos objetivos que persiga.

También el documento precisa, en relación al objetivo de cohesión territorial, que la cobertura en materia de infraestructuras y transporte para los distintos territorios queda supeditada a las condiciones de la demanda. Lo que quiere decir que el objetivo de la cohesión territorial queda condicionado a criterios meramente economicistas y no a criterios de necesidades reales, ni de igualdad de oportunidades. Hacer depender la cobertura en materia de infraestructuras a las condiciones de la demanda aumenta las desigualdades entre territorios, porque es un criterio beneficia a los territorios más desarrollados y que cuentan ya con una amplia cobertura de infraestructuras, por lo que este criterio condena a la provincia de Huelva, que tienen una considerable actividad económica y sólidas posibilidades de desarrollo, pero que necesitan una mejor dotación de infraestructuras para crecer y ganar en competitividad.

En suma, los objetivos estratégicos del PITVI resultan claramente negativos para la provincia de Huelva que, por su ubicación geográfica y por su histórico déficit de infraestructuras, necesita una discriminación positiva que compense el efecto de estas circunstancias partiendo de considerar a las infraestructuras del transporte como un factor de reequilibrio territorial, económico y social.

En cuanto a los principios programáticos, el PITVI dispone que en el corto-medio plazo las actuaciones a desarrollar estarán presidas por tres principios básicos: profundizar en las liberalizaciones, potenciar la participación del sector privado y adecuar el sistema de provisión de infraestructuras a la demanda real de la sociedad. Respecto al largo plazo señala que las iniciativas estarán más centradas en el ajuste de la capacidad en función de la demanda.

La visión economicista-liberal inspira del primero al último los principios programáticos de la planificación, que no tienen en cuenta criterios tan importantes como la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades de personas y territorios o la compensación del déficit de infraestructuras y de inversión. La visión de país que contiene el PITVI es una visión meramente economicista que persigue, ante todo, el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos determinados y el negocio privado y, que no utiliza a las infraestructuras del transporte como elemento de reequilibrio, más bien las miden en función de la rentabilidad económica y se obvia el papel que juegan como elemento de reequilibrio.

Para el caso de Huelva, los criterios establecidos son muy perjudiciales, porque la denominada racionalización de las inversiones pone en crisis la construcción de las infraestructuras que desde hace largo tiempo reclama la sociedad onubense (N 435), hacen prácticamente inviable la llegada de la alta velocidad, arrojan serias dudas sobre el futuro de la Huelva-Zafra y dificultan enormemente la ejecución de la actuación de integración urbana del ferrocarril, además de hacer prácticamente inviables las infraestructuras previstas en el documento para la provincia porque la planificación antepone una visión economicista a una visón de país en el que primen criterios justos y equitativos, como la cohesión territorial, económica y social, la igualdad de oportunidades o la compensación del déficit de inversión e infraestructuras y que utilice a éstas como factor de reequilibrio.

Y todo resulta más difícil de entender cuando consideramos la posibilidad que tiene el Gobierno de la Nación de obtener una financiación ventajosa para algunos de los proyectos de infraestructura citados al estar Huelva incluida en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte y en los corredores Mediterráneo y Atántico, circunstancia que obliga al Gobierno de la Nación a emplear una mayor determinación a la hora de impulsar ciertas infraestructuras, en aras de aprovechar estas ventajosas condiciones de financiación.