Se
nota que estamos en campaña electoral. En Huelva siempre ha dado
igual si son elecciones europeas, generales, autonómicas o
municipales, el hecho es que cada vez que se aproxima un proceso
electoral, y desde el año 99, el asunto de los fosfoyesos es
recurrente y ocupa un gran espacio en las agendas políticas,
sociales y mediáticas de todos los colores y tendencias ideológicas,
incluidas aquellas nuevas organizaciones que no se saben muy bien si
representan algo más que los intereses y/o gustos personales de sus
componentes.
La
realidad de los fosfoyesos en Huelva es la siguiente: desde hace
cuatro años, es decir, desde 2010 no está permitido verter en las
balsas de fosfoyesos residuos procedentes del proceso fabril, según
sentencia del TS, por tanto, ya no hay vertidos y ello ha ocasionado
que FORET haya cerrado su fábrica de Huelva propiciando un ERE
extintivo del cien por cien del empleo y dejando a la plantilla de
trabajadores/as en el paro o prejubilados y, que FERTIBERIA haya
tenido que adecuar su proceso de producción a las condiciones
contendidas a la sentencia judicial y desde entonces, como
consecuencia del incremento de los costes de producción, está
sumida en una permanente estrategia de reducción de costes a cuenta
del empleo. También obliga la sentencia del TS a la fábrica
concesionaria de los vertidos “FERTIBERIA” a recuperar y
rehabilitar los terrenos ocupados por los fosfoyesos, dándole un
plazo para ello y obligándola a depositar un aval de 20 millones de
euros, plazo de recuperación de los terrenos y aval no ejecutados.
Hay
que señalar también, que los terrenos ocupados por las balsas de
fosfoyesos son de titularidad estatal, de la Dirección General de
Costas del Gobierno de España, a quien se le debe la sentencia de
retirada de la autorización de los vertidos por denuncia expresa y
quien únicamente es competente para exigir la ejecución de la
sentencia por er parte demandante y personada en el caso. Y, hay que
tener en consideración igualmente, que la ciudad de Huelva, su
ayuntamiento presidido por Pedro Rodríguez y gobernado por el PP
desde hace 20 años, es el término territorial sobre el que se
asientan las balsas de fosfoyesos, que, si bien es cierto no es
competente en la materia, no es menos cierto, que es el titular de la
responsabilidad de todo lo que ocurra en su término municipal y no
es ajeno a sus consecuencias.
Na
vez presentada de forma objetiva la situación, cabe preguntarse en
mi opinión, si una vez que se ha puesto punto final a los vertidos,
que era el problema que ha polarizado las diferentes posiciones
sociales, es razonable continuar con un debate más allá de exigir a
quienes tienen autoridad, es decir al gobierno de España, que pida
al TS la ejecución de la sentencia por parte de FERTIBERIA que es la
condenada a ejecutarla y, exigir al Ayuntamiento de Huelva que cumpla
con su responsabilidad y no pase de puntillas, ni acreciente un
debate inexistente y extraordinariamente sensible en Huelva desde un
discurso demagógico.
Mensajes
como los de Huelva Tóxica que genera dudas y sospechas sobre la
reducción del nivel de las aguas en las balsas, como si el efecto de
la evaporación no existiera. Como el de la retirada y evacuación de
los fosfoyesos, del aprovechamiento urbano de los terrenos una vez
restaurados o, la exigencia de planes integrales de recuperación sin
estudio alguno, carecen de base científica y legal hasta tanto en
cuanto, no hay una clara vocación de que se ejecute la sentencia y
de eso deben ocuparse el Gobierno de España y el Ayuntamiento de
Huelva por estar ubicado en su termino municipal.
¿No
sería más coherente una vez acordada la constitución de una “MESA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” para promover la solución, que desde
su seno emanara la exigencia primera de la ejecución de la sentencia
por parte de FERTIBERIA y después, analizar los diferentes proyectos
de restauración posibles, que deben estar sujetos a criterios
técnicos y científicos y no al gusto personal de cada cual?
Hay,
quienes desde sus legítimos intereses particulares orientan la proa
de sus desencantos hacia la Junta de Andalucía, la única
Administración que está haciendo lo que le corresponde en base a
sus competencias y legalidad, exigir a FERTIBERIA que presente el
proyecto básico de recuperación de los terrenos e iniciar un
expediente sancionador por incumplimiento de los plazos.
