En fechas recientes UNICF Andalucía ha hecho pública su valoración sobre el riesgo de pobreza y exclusión infantil en Andalucía, la conocida como “tasa Arope”, por la que Andalucía no sale muy bien parada.
Según establece la encuesta de condiciones de vida de 2014 elaborada por el INE, en Andalucía hay 383.000 menores que están en riego de pobreza o exclusión social, el 51,1% . Lo que es lo mismo, uno de cada dos menores andaluces no disponen de los indispensable para tener cubierta sus necesidades esenciales.
UNICEF Andalucía en su valoración y presentación del Pacto por la Infancia urge, no sin razón por lo delicado de la situación, a la necesidad de un Plan Integral en Andalucía que sitúe a la infancia en el centro de las políticas públicas junto, en mi opinión, al empleo, y que se defina una estrategia global en el marco del II Plan de atención a la infancia y la adolescencia en Andalucía 2015-2020, que dote de prioridad en la inversión para las políticas de infancia, ya que lo que no se haga ahora no podrá recuperarse y tendremos una sociedad futura más dual, desequilibrada y desigual.
Todos los indicadores desvelan que la tasa de exclusión social tiene mucho que ver con: la pobreza, la privación severa de material y la baja actividad laboral de las familias. Todo ello circunscrito en la extraordinaria precariedad y altísima tasa de paro del mercado laboral andaluz, muy por encima de la media nacional.
Andalucía es una Comunidad Autónoma que ha tenido que crecer a pasos agigantados, que ha sido capaz de labrarse la identidad andaluza sustraída, que ha tenido que invertir más que otros territorios en desarrollo e inclusión como consecuencia del aislamiento al que la han tenido sometida 40 años de dictadura, el centralismo neoliberal de la democracia y especialmente la endogámica cultura burguesa de quienes controlan el poder económico y empresarial andaluz y que a pesar de todo el esfuerzo, aun la mantienen relegada a un débil nivel de cohesión social.
Cierto es, y es justo reconocer los esfuerzos presupuestarios en políticas de infancia que ha realizado y realiza la junta de Andalucía y que han supuesto importantes logros, especialmente en el ámbito educativo. Pero no es menos cierto que en los peores años de la crisis 2010-2013, la inversión ha padecido una recesión acumulada del 40,5% a la par que las familias perdían el trabajo, la vivienda y la capacidad de rentas se ve muy mermada.
Esta situación además, debe obligar a la necesidad de abordar una agenda de medidas para mejorar el nivel de bienestar de los menores, porque de esa manera se mejora el nivel de bienestar de la sociedad, pero parece que el Acuerdo entre el PSOE A y Ciudadanos para la investidura de la Presidenta de la JA, donde se apuntan medidas necesarias de regeneración democrática, de participación ciudadana y transparencia, de reactivación de la economía mediante incentivos económicos y fiscales, para la defensa de los servios públicos,…, obvia aquellas otras medidas que cohesionan socialmente, que garantizan la ejecución de derechos básicos contenidos en el Estatuto de Autonomía como son: el establecimiento de una renta básica para las familias en riesgo de exclusión y pobreza, garantizar subjetivamente el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo mediante planes de choques para personas paradas de larga duración y mayores o legislar en materia de representación Institucional.
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