España que es un País de contrastes, también lo es de desigualdades. Así, la ECV del INE pone el acento sobre, como a pesar de la supuesta mejora de la economía nacional, -crecemos y creamos empleo a un ritmo superior al de la UE- según el Gobierno del PP, ésta no redistribuye la riqueza que genera sino que genera mayor brecha social y económica entre las clases trabajadoras y la élite del País, de tal suerte que los ingresos medios de los hogares decrece respecto al año anterior y los salarios de los trabajadores y trabajadoras son un 18% más bajos que los salarios medios de la UE, de ahí que la tasa de pobreza y exclusión se eleva hasta el 22,1% de la población, es decir, casi 13 millones de españoles y españolas no tienen los mínimos recursos para vivir dignamente.
Si observamos los datos desde la vertiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía éstos son más preocupantes aún, ya que el 35,7% de las andaluzas y andaluces se encuentran en riesgo de pobreza, un 13,6% por encima de la media española, es decir, uno de cada tres andaluces están en riesgo y el 55% de los hogares no pueden afrontar imprevistos.
¿Qué tienen en común España y Andalucía?
Comparten el sometimiento a una misma política de austeridad. Un modelo productivo basado en la competitividad de la economía en lugar del valor añadido de la actividad productiva. Una legislación laboral acorde con el modelo productivo totalmente precarizado y de muy bajos salarios. Una política fiscal que favorece la evasión y elusión de capitales. Una política económica de estímulos e incentivos sociales a las empresas y que soportamos todos los contribuyentes. Una cultura empresarial totalmente decimonónica que se siente propietaria hasta del capital humano. Una legislación para desahuciar a las familias de sus viviendas en favor de los bancos y que socializa la deuda privada en beneficio de las entidades financieras en vez de hacer inversión pública …
¿Qué les diferencia?
En primer lugar, una histórica brecha económica y social no desdeñables. Y, un gobierno históricamente socialdemócrata que debía suponer un punto de inflexión.
Ambos aspectos no son baladíes y reconociendo el importante esfuerzo y logros alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y de disminución de la la brecha histórica de Andalucía, sin embardo y en función de los datos referidos, parece que en lo económico no ha sido determinante ni suficiente un gobierno de corte socialdemócrata para promover un nuevo modelo productivo y democratizar la economía.
A uno se le antoja que la causa de ello, deriva de la renuncia por parte de la socialdemocracia andaluza para transformar la sociedad y del modelo económico históricamente reivindicados y que ha optado por competir con el neoliberalismo únicamente en los aspectos más sociales, actuando de forma paliativa ante los problemas de índole económica de la sociedad andaluza. Renuncia que no propicia independencia ni autonomía económica individual suficiente para gozar de una absoluta libertad y no permite la emancipación de las clases trabajadores que persigue el socialismo democrático quedando éstas, supeditadas a las clases dominantes.
Es verdad que la actual estructura organizativa del Estado y especialmente su modelo económico, no actúan como acicate de transformación, pero no es menos cierto, que la autonomía del gobierno andaluz le permite orientar su política económica y presupuestaria en favor de las familias a través de una “Renta garantizada” hasta alcanzar el nivel mínimo de tributación y por tanto, de la generación de riqueza mediante el consumo interno, o tener una estrategia crediticia pública para la economía productiva y el mantenimiento de los Servicios Públicos, mediante una “Banca Pública”
