A los socialista onubenses

A mis compañeras y compañeros socialistas de Huelva.

Antes de nada quiero aclarar, que parto de la base de que los procesos electorales en cualquier organización democrática como es el PSOE, deben ser abiertos, sin avales y a doble vuelta si quienes aspiran a ser elegidos no alcanzan más del 50% de los votos emitidos.

En los próximos días y meses estamos llamados las/os socialistas onubenses a la más extraordinaria fiesta de la democracia en nuestro partido, la elección directa o no, de nuestro secretario/a general por sufragio universal y secreta de toda la militancia y posterior Congreso Provincial para elegir a la próxima Dirección y decidir sobre la orientación del nuevo proyecto socialista para hacer de Huelva una provincia más justa, igualitaria y humana.

Quiero destacar la expresión “la más extraordinaria fiesta de la democracia...”, que solo sería posible si se facilita la concurrencia electoral entre diferentes maneras de pensar, sentir socialista y entender el modelo de partido. En definitiva, si el procedimiento de primarias permite que obtengan la condición de candidatos/as a quienes alcancen el requisito de contar con el 3% de los avales del censo electoral como se aprobó en el 39 Congreso Federal.

Pendiente aún del pronunciamiento de los órganos competentes, parece que la Dirección Socialista onubense se inclina por poner obstáculos a la pura esencia de la democracia, que reside en el voto universal y secreto para que sea libre de toda atadura, presión, etc y va a optar por exigir el 20% de avales a cualquier posible competidor/a del actual secretario general -quien ha anunciado su candidatura a la reelección- imposibilitando de facto, que surjan rivales con posibilidades de alcanzar la Secretaría General e impidiendo que las bases socialistas nos pronunciemos con libertad.

Habrá quienes piensen que el procedimiento electoral es el mismo para todos/as los/as posibles aspirantes, nada más alejado de la realidad. Además de que la candidatura oficialista dispone de toda la estructura del Partido (censos electorales, accesibilidad a las casas del pueblo y a la militancia,..) son quienes pueden ejercer todo tipo de presión y/o coacción desde las diferentes instituciones y empresas públicas a la hora de conseguir los avales. Desde luego, quienes no tienen opciones de influir sobre contratación o cese de personal en puestos de trabajo, ya sean de libre designación o contratación directa son aquellos/as compañeros/as que carecen de cargos públicos con esa capacidad.

Es que no es lo mismo el aval que el voto. Mientras que el aval es un documento público, el voto lo es secreto y quienes expresan públicamente sus preferencias, se exponen a todo tipo de coacciones en un partido con tan fuertes lazos de intereses, como ya se puso de manifiesto en las primarias en las que Pedro Sánchez duplicó en votos el número de avales conseguidos en Huelva. Esto solo se puede entender desde el temor a las consecuencias  posteriores.

Personalmente me surge una duda y no es otra que: ¿Realmente la actual dirección socialista onubense se aferra a la posibilidad de un nuevo voto cautivo, o actúa por la convicción de que la democracia debe estar confinada a los interese que representan?

Esperemos que a la militancia se nos permita ejercer nuestro derecho democrático de forma responsable, libre y coherentemente  con la democracia participativa que siempre representó el PSOE, para lo que el proceso de primarias debe concluir con la elección directa de quien deba ocupar la Secretaría General por sufragio individual y secreto de toda la afiliación socialista de Huelva.

Sobre las asimetrías territoriales

Desde que se comienza a engendrar la idea para el 39 Congreso Federal del PSOE  de un modelo territorial de España basado en su realidad plurinacional, -nada distante de los acuerdos alcanzados en la denominada “Declaración de Granada”- los sectores más conservadores desde dentro y desde fuera del PSOE no dudaron en iniciar una gesta contra ella no falta de intereses, aunque diversos, pero con un mismo objetivo: poner el foco de la atención social en lo “endemoniado y rupturista que debe ser un PSOE de izquierdas” al que se acusa de querer dividir España y construir un Estado asimétrico donde no se garanticen los mismos derechos a toda la ciudadanía española, lo que es lo mismo que decir, que se contempla la posibilidad de que exista ciudadanía de primera y de segunda. Otra de las acusaciones recurrentes para los objetivos conservadores de dentro y de fuera del PSOE, es acusar a su Secretario General de dar bandazos al respecto y así erosionar el repunte electoral que supone un socialismo centrado en un espacio político identificable.

En los últimos días y tras las manifestaciones realizadas al respecto por parte de la Presidenta del PSOE, ha vuelto a saltar a la arena mediática cierta reticencia de los mismos actores conservadores siendo muy significativas las declaraciones efectuadas desde el PSOE A, donde parecen cuestionar el acuerdo alcanzado sobre el modelo territorial de España en el reciente 39 Congreso al manifestar que “desde el PSOE A no se va a permitir la indisoluble unidad de España que consagra el art. 2 de la CE, ni la asimetría de un modelo territorial” para, a reglón seguido, expresar su disposición a estar vigilantes ante la que pueda ser la propuesta definitiva. Quizás, tales dudas tengan que ver con la ausencia de la delegación socialista andaluza en los debates del Cónclave Federal.

Conviene observar que el Art. 2 de la Constitución dice literalmente: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Y que la Resolución del 39 Congreso Federal del PSOE bajo el título: UN MODELO TERRITORIAL ESTABLE Y EQUILIBRADO,  en solo dos párrafos de los diecisiete que contiene ya dice literalmente:

1) Proponemos una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad del Estado, perfeccionando el carácter Plurinacional del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo con los arts. 1 y 2 de la CE.

2) Por eso reivindicamos la necesidad y la urgencia de una reforma constitucional que haga posible el perfeccionamiento federal del modelo de organización territorial de nuestro país. Una reforma federal que garantice la igualdad de toda la ciudadanía de España, los mismos derechos civiles y políticos, así como el derecho de participación en asuntos públicos comunes. Si las posiciones se mantienen con el desprecio al diálogo conducirán al enconamiento e incluso a la confrontación, que es la vía que han adoptado tanto el gobierno del PP como los independentistas catalanes.

En mi opinión, ya queda evidenciada la indisoluble unidad de España y los mismos derechos civiles y políticos de la ciudadanía española, por lo que la simetría o asimetría territorial parece que queda solo en el recurrente argumental. Aún así, es tema que parece preocupar y sobre el que no vendría mal hacer una breve referencia.

En este sentido, cabe destacar que en la propia génesis por la que se configura el estado de las autonomías actual no se dispensa café para todos los territorios por igual, sino que cada uno tiene su propia especificidad social, cultural o identitaria y así, nos encontramos como la propia CE establece dos formas de acceso a la autonomía, a través del art 143 y del art 151 al distinguir entre nacionalidades históricas y las que no lo son. Esta asimetría la calificaremos de “asimetría formal”

Otra asimetría que se produce en el modelo autonómico actual y a la que podemos calificar como “asimetría estructural”, es la que se refiere a los derechos forales de Navarra y del País Vasco.

Una tercera asimetría del actual modelo autonómico es la que llamamos “asimetría coyuntural” y es la que tiene que ver con el ineficaz modelo de financiación autonómica y con las mayorías parlamentarias a la hora de negociar los PGE cuando se carece de mayoría suficiente para aprobarlos en solitario. No es novedoso que tanto una (financiación autonómica) como el otro (PGE), benefician sobre manera a aquellos territorios que forman parte del acuerdo generando agravios con los otros.

Y por último la que podemos llamar “asimetría política” y ésta, es la que tiene que ver con la acción política  de los gobiernos en las diferentes Comunidades Autónomas. Así en Andalucía por ejemplo, los/as alumnos de la enseñanza pública obligatoria se benefician de la gratuidad de los libros de textos mientras que en otras comunidades no ocurre, pudiendo afirmar que los escolares andaluces tienen unos derechos subrogados de los que carecen los de otras comunidades, etc.

Así pues podemos concluir afirmando, que el actual modelo constitucional de España genera asimetrías territoriales que nos han permitido 39 años continuados de convivencia común, ¿por qué ahora las asimetrías constitucionales de un indivisible Estado Federal Plurinacional deben suponer un problema para quienes se definen constitucionalistas?

De la pobreza coyuntural, a la pobreza estructural

Andalucía, de la pobreza coyuntural a la pobreza estructural.

Recientemente Cáritas Andalucía ha mandado una voz de alarma sobre la evolución de la pobreza en Andalucía, la que no deja de crecer hasta convertir la vulnerabilidad de más de 3 millones de andaluces en un riego de exclusión estructural.

Ante esa voz de alarma, no cabe otra cosa que mostrar preocupación, pero una preocupación objetiva. De ahí que tenga la curiosidad de consultar los indicadores de la Tasa AROPE 2016 que publica el INE en su encuesta de Condiciones de Vida. Estos indicadores ponen de manifiesto que:

✗ Andalucía presenta la tercera tasa mas alta de España de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, solo por detrás de Ceuta y Melilla. España 28,6% y Andalucía el 43,2%, 14,6 puntos mas que España. (3.620.684 andaluces vienen en riego de exclusión). De los que 75.430 se sumaron el año pasado. De estos 3.620.684 andaluces, 2.994.418 son pobres. Y de éstos, 1.075.000 son pobres de solemnidad, (pobreza extrema) sobreviven con ingresos inferiores a 332€/mes.

✗ Lo peor es, que desde que se comienza la medición del indicador AROPE, la evolución se ha estado dando de forma ascendente, creciendo 10,7% desde 2008 mientras que la evolución de España ha crecido en el mismo periodo un 3,9%, por lo que nos encontramos ante una vulnerabilidad crónica en Andalucía.

✗ Es verdad que vivimos en un país desvertebrado y desigual entre el Norte y el Sur. Las Comunidades al sur de Madrid tienen una mayor tasa de pobreza, pero en Andalucía sería aún mayor sin los cambios demográficos como consecuencia de la crisis, especialmente en la población inmigrante que solo entre 2014 y 2015 desciende en 25.315 personas.

En cuanto a los subcomponentes de la tasa AROPE, nos encontramos con que:

✗ En Andalucía el 35,7% de la población es pobre. (2.994.418 andaluces), mientras que en España, lo son el 22,1%. Esta pobreza clásica en España crece el 1,7% en el periodo 2008/15, mientras que en Andalucía la evolución es del 6,9%.

✗ La pobreza extrema se ceba en Andalucía con el 12,8% de su probación. Es decir, 1.075.000 andaluces son pobres de solemnidad. En España es pobre se solemnidad el 8,00% de su población.

✗ Casi 700.000 andaluces (6,4%) sufren carencias severas. En España la sufren el 8,00% de su población.

✗ El 24,9% de los hogares andaluces tienen una muy baja intensidad de empleo, mientras que en España padecen esta circunstancia el 15,4% de los hogares.

Si preocupantes son los datos de la tasa AROPE, no menos preocupantes son cuando relacionamos la tasa  de  riesgo de pobreza y exclusión social con la  evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía.  En este sentido observamos que, pese a que desde 2013 los índices porcentuales del PIB en la Comunidad han aumentado un 4,48%, el número de personas en riesgo de pobreza lejos de disminuir se ha incrementado un 4,9%.

¿Por qué ocurre esto? Sin lugar a duda, porque el aumento de la riqueza en Andalucía, más de 6.500 millones de euros, no se ha gestionado de forma eficiente para una redistribución justa. Los ricos son más ricos y los pobres, son más pobres y eso, es como consecuencia de que, entre otros aspectos, la acción política de gobierno no responde a satisfacer las necesidades de las clases más desfavorecidas. 

Estos hechos son inasumibles desde la óptica de la justicia social y máxime, cuando el Estatuto de Autonomía reformado en 2007, contiene una Carta de Derechos para los andaluces que convierte a Andalucía en una comunidad intolerante con la pobreza y plantea compromisos con la renta básica, la banca pública, el empoderamiento social ante la corrupción o el banco de tierras entre otras cuestiones.

DEL ESFUERZO AL SOBRE ESFUERZO.

Bonificación del hasta el 99% del coste de la carrera universitaria en Andalucía.

Con este anuncio se presentó la Presidenta de la Junta Susana Díaz, ante el Pleno del Parlamento andaluz para abordar la situación de Andalucía el pasado miércoles día 7 de junio. Anuncio  con el que pretende, según sus propias palabras “un modelo universitario que premie el esfuerzo y blinde la igualad”

Ante tan loable pretensión cabria, quizás por desconocimiento, plantearse si el objetivo último (un modelo universitario que premie el esfuerzo y blinde la igualad ) no terminará obligando a algunos universitarios/as a  un “sobre esfuerzo y con ello a construir una brecha de desigualdad”, porque al ser una medida vinculada exclusivamente a aprobar el curso, no afecta por igual a quienes su situación económica les permite dedicarse únicamente a estudiar para aprobar curso a curso  y finalizar su carrera que, a aquellas otras personas que deben compaginar sus estudios universitarios con una actividad laboral que les permita seguir estudiando porque su posición económica no se los posibilitaría.  Éstos, son los que deben jugar con la gestión de los créditos. 

¡Gestión de los créditos! Lo que genera otras interrogantes: Una, ¿cuántos créditos por curso deben aprobarse? Ya que salvo la primera matrícula, las siguientes permiten la gestión de los créditos y los tiempos para su aprobación. Dos, ¿se entiende por curso el periodo que va desde septiembre a septiembre, desde septiembre a  junio ? 

Por otra parte, el Consejero del ramo, ha manifestado que “aprobando en primera matrícula un grado completo de cualquier rama tendrá un coste de 760 euros y que las bonificaciones serán aplicables en los estudios de máster, de forma que éstos virtualmente serán gratuitos”manifestaciones que intrigan nuevas interrogantes: Una, ¿cuenta realmente  el máster con la misma bonificación que el resto de cursos? Dos, ¿se aplicarán las bonificaciones de una sola vez al finalizar los estudios, o cada curso? Tres, ¿está suficientemente previsto el procedimiento de compensación a las universidades por la reducción de los ingresos?

En definitiva, una medida que persigue tan loable objetivo, debe ser muy rigurosa con la igualdad de oportunidades,  con el modelo de financiación de la universidades públicas y estar dotada de un alto grado de pedagogía social.