EREs de Anadalucía. ¿Caso jurídico. Caso Político? “Reflexión abierta”

Puestos a opinar, opinemos. Puestos a reflexionar, reflexionemos. Reflexión abierta sobre el llamado caso de los EREs en Andalucía con la que pretendo desinhibir la mente.

Bajo el calificativo de “salto cualitativo” a incluir en la investigación del caso de los EREs, la jueza Alaya imputa a parte de la clase política que permite, según ella, el incumplimiento de las normas para generar fraude, cundo éstas fueron aprobadas por el Parlamento de Andalucía.

Con la última hasta ahora, decisión adoptada por la jueza Alaya se imputan a decenas de personas muy estrechamente relacionadas con el/los gobiernos andaluz, y una vez más, haciéndola coincidir imprudentemente como ya han señalado diversos medios de comunicación con una significativa fecha para Andalucía y su proyecto democrático, nada más, ni nada menos, que con el inicio del proceso de primarias en el seno del PSOE A donde puede elegirse al/a posible sustituta del Presidente del Gobierno de la JA. Ante esta reiteración cabe todo tipo de especulaciones.

En primer lugar y a tenor de las múltiples coincidencias y/o imprudencias de laJjueza en este caso: “coincidiendo con la campaña de elecciones municipales de 2011 (10/05/2011) emite un auto para investigar los bienes del exconsejero de empleo Antonio Fernández. En la toma de posesión en el Parlamento de Andalucía del Presidente Griñan, (19/04/2012) ordena el ingreso en prisión del exconsejero Antonio Fernández. En noviembre de 2011, en plena campaña de las elecciones generales emite la Jueza una declaración en el sentido de que Griñan en su calidad de Consejero de Economía tuvo que autorizar las partidas presupuestarias objeto de investigación. 10/03/2012, en plena campaña de las elecciones autonómicas ordena el auto de prisión de Javier Guerrero, exdirector general de empleo de la JA. El día de la firma del Pacto andaluz por la Economía firmado con los Sindicatos mayoritarios y la Patronal andaluza cuando el gobierno de España está haciendo oídos sordos permanentemente a la firma de un Acuerdo Nacional, manda a prisión a dos nuevos imputados tres horas antes de que Bárcenas vaya a declarar a la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.(http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/imprudencias-Alaya_6_113798634.html) ...” cabe plantearse si: ¿tiene a caso la instrucción la vocación de perjudicar al PSOE-A? ¿Es simple coincidencia?. Y en segundo término, habría que cuestionarse si la jueza Alaya está pretendiendo quebrantar el Pacto de Gobierno en Andalucía habida cuenta de las reiteradas manifestaciones vertidas por IU respecto a la presencia de personas imputadas en el Gobierno.

 

En opinión de Martín Pallín “Magistrado emérito del TS”, el último auto de la jueza Alaya, es un auto desconcertante, jurídicamente preocupante y nulo porque no dicen los delitos con los que se les acusa a las personas imputadas y es una obligación constitucional el que las personas imputadas conozcan de qué se les acusa para poder garantizarse su defensa procesal. En el mismo sentido, cuestiona el hecho de que el auto se sustente en unas observaciones del Tribunal de Cuentas de Andalucía por las que se vine a decir, que se vulnera la normativa reguladora sin tener en consideración que fue aprobada en el Parlamento de Andalucía y en las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, por lo que es Ley. De ser como la Jueza interpreta estas observaciones, debe decírsele a las personas imputadas que se les acusan de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. La malversación exige ánimo de lucro y connivencia con los defraudadores, y la prevaricación es “dictar una disposición injusta” ¡Cuidado con esto! Porque la disposición la dicta el Parlamente de Andalucía, no las personas imputadas, por lo que la Jueza tendría que ir contra todos/as los/as parlamentarias que hayan votado esa norma, incurriendo con ello en una invasión de competencias muy peligrosa, en la que no es competente en ningún caso un Juzgado de Instrucción.

Dice la Jueza en su auto del pasado 2/07/2013, que los imputados tienen una culpa invigilando y debido a ello se produce el fraude. Es decir, que los imputan por lo que no hicieron más que por lo que hicieron; “no imponer el principio de autoridad a sus subordinados que actuaban conforme a la legalidad andaluza y ello es lo que propicia el fraude” ( Hay que tener en consideración que el proceso de transferencia de financiación para pagar ayudas fue aprobado por el Parlamento de Andalucía y la Ley de Presupuestos de la JA). En este sentido, parece razonable que la Jueza investigue el fraude y no la forma política, financiera y administrativa con el que se llevó a acabo el desarrollo del Acuerdo de dedicar fondos a estos fines, lo que no es competencia de un juzgado de instrucción y mucho menos delito.

En mi opinión el Magistrado Martín Pallín es categórico y desarma la presumible trama de imprudencias jurídicas de Alaya, que parece diseñada para influir en la voluntad del pueblo andaluz y beneficiar con ello al pensamiento conservador de la derecha andaluza sin importar las consecuencias de la gestión que realiza del caso.

En los últimos tiempos, la mirada está especialmente puesta en el descrédito y la acusación permanente de corrupción a la política trasladada desde la derecha mediática para bajar la tensión pública sobre los mayores casos de corrupción que se dan en la historia de España, “la Gürtel, Bárcenas y la presunta financiación irregular de PP”, curiosamente todos vinculados al partido del gobierno, hasta el prescrito Caso Naseiro. Pero también la presumible trama de imprudencias jurídicas de Alaya ha hecho correr ríos de tinta acusando de corruptos a los sindicatos de clase relacionados con la negociación de los EREs.

Las/os trabajadores y la sociedad en su conjunto somos respetuosos con la justicia, y en la actualidad hasta temerosos con las reformas regresivas que se están imponiendo. Y el mismo respeto que le tenemos, le exigimos a la acción judicial en relación al trabajo sindical, porque de su modo de actuar depende en gran medida el circo mediático que se monta para promover el linchamiento de los sindicatos y de los/as sindicalistas.

En Andalucía, la recalcitrante derecha mediática a tenor de las presuntas filtraciones del caso de los EREs estando declarado el secreto sumarial y del permanente lanzamiento de reflexiones públicas de la propia Jueza, arremetió contra la UGT y CCOO cuando su única tarea fue posibilitar la salvación de miles de empresas, decenas de miles de puestos de trabajo y de más de 6.000 prejubilaciones con salarios dignos, todo desde la legalidad y desarrollando el papel que corresponde a los sindicatos.

No soy quien para censurar el procedimiento procesal, pero sí para opinar que la actitud de permanentes reflexiones públicas sustentadas en declaraciones de personas imputadas, o no. Contrastadas, o no, es un acto que denigra a la acción jurídica y provoca el juicio social y político paralelo que ningún bien hace la independencia de la propia justicia.

Por el bien de la justicia, por el bien de la democracia, no es bueno mezclar las responsabilidades jurídicas con las responsabilidades políticas. No es bueno mezclar el juicio jurídico con el juicio político y social, cada cual tiene su ámbito para dirimir responsabilidades.