La
seguridad privada nace en España en los años veinte del pasado
siglo cuando la patronal española se siente amenazada por las luchas
obreras, y constituye lo que se conoció como el “sindicato
libre” que protegía los
intereses de empresarios/as y empresas contratantes. En este
escenario, acceden a este “sindicato
libre” personas con
escasa o nula formación policial, con atribuciones para las que no
están preparados, ni entrenados y que es perjudicial incluso para
los trabajadores del propio sector.
Es
verdad que desde entonces hasta hoy, los trabajadores han
experimentado un profundo proceso de formación y cualificación
profesional que les hace mejores profesionales, pero que en ningún
caso puede convertirlos en policías sin someterse a los procesos de
oposición y a una formación exigente que dura años, sin embargo la
Ley les habilita para sustituir a los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado (funcionarios públicos), únicos garantes del
derecho fundamental a una seguridad pública, universal y gratuita
que nos otorga la CE.
Los
vigilantes privados no son los culpables, son victimas propiciatorias
para seguir avanzando en la filosofía gubernamental y de las
patronales empresariales para dotarse de instrumentos y de seguridad
privada que responda, por una parte a las directrices ideológicas y,
por otra, a las ordenes de empresas privadas en defensa de sus
intereses para reprimir a personas que ejercen sus derechos
laborales, sindicales y de manifestación, mostrando el profundo
neoliberalismo de la derecha española y que, con extraordinaria
diligencia y autoridad está imponiendo el Gobierno de España.
La
reforma del Código Penal. La reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana conocida como “Ley Mordaza” y el proyecto de Ley de
Seguridad Privada recientemente aprobada por la Comisión de Interior
del Congreso de los Diputados, que permite a los vigilantes privados
cachear, identificar y detener a personas en la vía pública, en los
polígonos industriales, en urbanizaciones y zonas comerciales
peatonales con la autorización y autoridad pertinentes; son claros
ejemplos de un afán reformista con una profunda carga ideológica
que sitúan los derechos fundamentales en la antesala de una nueva
dictadura y así proteger adecuadamente a los vigilantes privados
(nueva policía), a la par que se persiguen a los sindicatos y
reprimen el derecho de manifestación, huelga y/o de libre expresión
y circulación.
Desregular
uno de los principios de la democracia -que el Estado tiene el
monopolio de la autoridad y de la fuerza- es abrir una puerta que
genera el riesgo de caer nuevamente en la privatización del derecho
a la seguridad de la ciudadanía española, privatizando con ello el
orden público y la seguridad y, puede propiciar la circunstancia de
que patrullas ciudadanas ya existentes en algunos territorios puedan
contratar seguridad privada para ejercer autoridad, o, pasar a los
vigilantes de seguridad de colaborar con la policía a ejercer de
agentes y la policía se convertirá en colaboradores, ya que cada
vez que los vigilantes lleven a cabo cualquier trámite necesitarán
de la policía para llevar a cabo las diligencias.
Si
lo que se necesita para garantizar el derecho a la seguridad es más
policías, levántese la congelación de la tasa de reposición y
contrátese a más policías y no a un sucedáneo en el ámbito de lo
privado que además, produce una injerencia profesional ilegítima
con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al ser una ley para
consolidar un sector productivo que genera más de 90.000 empleos y
una facturación de más de 3.600 millones al año, tal como reconoce
el Secretario de Estado de Seguridad, Frco. Martinez, además de
rivalizar los unos con los otros al haber desaparecido en los últimos
años más de 6.000 agentes de la autoridad.
La
Ley de Seguridad Privada es una ley encaminada a la privatización de
los servicios públicos para empobrecer a las personas y enriquecer a
las empresas privadas, implementa el discurso de austeridad del
gobierno y rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como
servicio público atribuida a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y que a partir de esta Ley, sus funciones podrán ser
ejercidas por la seguridad privada atendiendo a criterios económicos,
es decir, lo que sea más barato.
Al
poner la vigilancia en manos privadas con intereses y planteamientos
que nada tienen que ver con la seguridad pública, podría producirse
actuaciones policiales oscuras propiciadas por algún/a empresario/a
de la seguridad privada, a la vez que la ley autoriza la cesión de
datos del Estado y bases de datos oficiales para ponerse a
disposición de empresas, sin saber muy bien con qué objetivos.
Por
todo lo expuesto, el Comité de UGT Huelva RESUELVE:
1.-
Repudiar la política reformista ideológica del Gobierno del PP que
sitúa los derechos y garantías fundamentales en la antesala de la
dictadura, que persiguen a los sindicatos, reprimen el derecho de
manifestación, huelga y/o de libre expresión y circulación.
2.-
Renovar el compromiso de la UGT Huelva con la libertad y la
democracia, defendiendo sus valores y para ello, declara innegociable
que el Estado sea el depositario del monopolio de la autoridad, la
fuerza y la seguridad ciudadana.
4.-
Exigir la convocatoria inmediata de las vacantes existentes en los
cuerpos y fuerzas de seguridad que propicie la reposición inmediata
de los agentes necesarios para la seguridad ciudadana.
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