La
ciudadanía es y, debe seguir siendo el eje central de la sociedad
del bienestar y aquellos, son quienes generan demandas de servicios y
atenciones a los que debe responder el sector público para cumplir
con los preceptos constitucionales para la igualdad de oportunidades
y, que el Gobierno del PP está poniendo en riesgo con sus continuas
reformas orientadas a desmembrar, cuanto no a hacer desaparecer los
servicios públicos esenciales para la ciudadanía y, muy
especialmente para las personas que más lo necesitan.
Las
continuas agresiones del Gobierno del PP a los servicios públicos y
sus empleados/as los demonizan ante la conciencia social, creando la
justificación perfecta para recortar presupuestos, recortar derechos
de ciudadanía y despedir de forma masiva a trabajadoras y
trabajadores públicos de todas las Administraciones, con lo que, se
profundiza en la descualificación en la atención a las demandas
ciudadanas de servicios públicos, provocando un bucle social que
considera “los servicios públicos caros, ineficaces e
ineficientes”, precisamente los argumentos esgrimidos por quienes
entre sus objetivos está ofrecer la gestión de los servicios
públicos al sector privado.
Tras
la reforma laboral que ha penalizado doblemente al personal laboral
de las Administraciones Públicas; una, por su condición de persona
trabajadora a quien le es de aplicación la normativa laboral general
y dos, por la aplicación de EREs sin causalidad necesaria en la
Administración Pública. Y los recortes en sanidad, educación,
dependencias y políticas sociales, así como la congelación de las
tasas de reposición han expulsado del mercado laboral onubense a más
de 4.000 empleados y empleadas públicas, mientras quienes mantienen
su empleo lo hacen en unas condiciones de precariedad salarial
indignas como consecuencia de los reiterados planes de ajustes
impuestos en las diferentes Administraciones Públicas que, les ha
supuesto una caída de la capacidad de rentas del 30%.
Ahora
el Gobierno del PP con una celeridad inusual, sin consenso y con el
descontento de la inmensa mayoría de la sociedad, pretende imponer
una nueva reforma para las Entidades Locales bajo la denominación de
“Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local”
que, solo con leer los objetivos previstos puede intuirse el fondo
real que persigue esta reforma que no es otro, que generar una
profunda desigualdad y descohesión social entre los los diferentes
territorios de España, perjudicando muy especialmente los
territorios rurales y pequeños municipios como los de la provincia
de Huelva a cuya ciudadanía se le castiga especialmente suprimiendo
los servicios de proximidad y con ello su calidad democrática.
La
FSP – UGT Huelva rechaza de plano esta reforma porque supone un
nuevo paquete de recortes, el desmantelamiento del bienestar y del
empleo en la Administración Local para transferir su gestión a la
empresa privada tal como recoge el cuarto objetivo del proyecto de
Ley “favorecer la
iniciativa económica privada ..”
La
rechazamos igualmente porque La Reforma de las Entidades Locales es:
Inconstitucional
por vulnerar el art. 140 de la CE y la Carta Europea de autonomía
local ratificada por España en el año 1988. Autonomía
local que es base de la arquitectura de cualquier democracia. Su
ruptura se quiere justificar por eficiencia económica pero es dudosa
esta pretendida rentabilidad, ya que, además, no son los
ayuntamientos los culpables del déficit público.
Innecesaria
porque no clarifica competencias, no elimina duplicidades, no se basa
en la racionalidad sino en criterios económicos “ajustes
presupuestarios y control del déficit”.
Injusta
con las Administraciones Locales porque las penaliza no siendo las
responsables del déficit público cuando tan solo representan el
4,5% del déficit público de toda España.
Además
agrede a la autonomía municipal, a la democracia y su representación
política, suprime servicios sociales básicos para la ciudadanía,
desprecia lo público y a las personas a quienes les trasladan
sufrimiento, recentraliza el núcleo de poder en las diputaciones y/o
las CC AA al quitar competencias a los municipios pudiendo éstas
decidir la prestación de un servicio municipal sin la
correspondiente partida presupuestaria,
además de controlar la gestión
rehuyendo la necesaria reforma de las Haciendas Locales que es lo que
necesitan los ayuntamientos y donde sí hay generado un amplio
consenso, desatendiendo la reivindicación histórica del
municipalismo de contar con suficiente financiación.
Los
servicios municipales no solo no mejorarán sino que serán más
caros para los ciudadanos y,
supone de forma general un ataque al empleo ya que la sostenibilidad
de la futura Ley que prevee un ahorro de 8.000 millones de euros que
no será factible sino es por la via de la perdida de empleo.
Estamos
ante un capítulo importante de los recortes a las administraciones
públicas, en beneficio de los intereses económicos privados. La
gestión de lo público quedará por ley más subsidiada a la
iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la
rentabilidad social de los servicios públicos.
Asimismo,
se anularán las competencias autonómicas sobre ordenación
territorial y coordinación de las administraciones locales,
atendiendo solo a cuestiones demográficas y obviando aspectos
culturales, identitarios, económicos, productivos, de
infraestructuras, recursos naturales o de articulación de servicios
públicos.
La
reforma del Gobierno es incongruente con lo que argumenta. Ni
racionaliza la estructura organizativa según los principios de
eficiencia y equilibrio financiero, ni clarifica las competencias
municipales, ni ahorrará dinero público. Pero sí que es uno de los
ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha
producido en nuestra democracia.
En
consecuencia, la FSP-UGT Huelva promoverá
una campaña divulgativa y de rechazo del Proyecto de Ley y/o la Ley
en su caso, que genere apoyos para exigir al Gobierno su retirada.
Y
aboga por la coherencia, la
racionalización de la mejora de la viabilidad financiera municipal y
la defensa y mejora del empleo y de los servicios públicos, así
como la negociación con la Diputación de Huelva para minimizar las
consecuencias de esta Ley.
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