martes, 7 de enero de 2014

La reforma de las Entidades locales privatiza servicios públicos.

La Reforma de las Administraciones Locales en vigor desde el pasado día dos de enero, privatiza servicios públicos, expulsa del mercado de trabajo a cientos de empleados públicos y genera desigualdades entre la ciudadanía y los territorios.

¡Que no nos vengan con milongas! La Ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales -Ley 27/2013- (La Reforma de la Administración Local) es una ley, que reforma el ámbito competencial de las comunidades autónomas sin el concurso de los Parlamentos, ni la reforma de los estatutos de autonomías.

Esta reforma que entra en vigor el pasado día dos de enero, dispone unas transferencias a las comunidades autónomas de las competencias, que en materia de sanidad, educación y servicios sociales y sociosanitarios venían desempeñando los ayuntamientos, (dependencias, violencia contra la mujer, mayores, …) sin definir los costes y la financiación de las mismas, pero también prevé entre los objetivos contenidos en el PREAMBULO DE LA LEY: “... y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas privadas” Es decir, la propia Ley 27/2013 de 27 de diciembre, nace con una clara vocación privatizadora de los servicios que le son esenciales a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable y necesitada. Por otra parte, no es de extrañar ya que todo el catálogo reformista que ha desarrollado en estos dos años el Gobierno del PP tiene el mismo denominador común: “desmantelar los servicios públicos para que sean prestados por el mercado libre” -sanidad, educación, justicia,... ya no son iguales para toda la ciudadanía.

Este objetivo privatizador, junto con los de: “racionalizar la estructura administrativa de la Administración Local y, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso”, nos derivan hacia la expulsión del mercado de trabajo a centenares de empleados/as públicos, máxime cuando el propio Gobierno calcula una ahorro de 8.000 millones de euros en la plena aplicación de la Ley.

Respecto al objetivo de “clarificar las competencias locales y avanzar en el principio de una administración, una competencia” se trata, dice la Ley, de evitar problemas de solapamientos competenciales hasta ahora existentes. Afirmación no cierta, dado que en la legislación anterior todas las administraciones tenían definidas sus competencias propias, las delegadas y las impropias concertadas; otra cosa diferente es el uso de una política torticera que los regidores hayan hecho para utilizarla en contra del adversario/a político/a. Menester éste, que perfectamente pudiera haberse resuelto con la aplicación del Código Civil y/o Penal, en su caso.

Dando por cierto y admitiendo la mayor, -el loable propósito de clarificar las competencias y no producir duplicidades-, la Ley en virtud de este mismo objetivo, genera desigualdades sociales y territoriales al posibilitar mayor desarrollo de servicios públicos competenciales, o no, en los municipios con mayores recursos económicos. Así, quienes puedan financiarlos con sus recursos económicos estructurales ofrecerán por Ley, que no por derecho, unos servicios públicos diferentes cuantitativa y cualitativamente hablando, tal como se contempla en el propio Preámbulo y ello afecta muy negativamente a la vida en los municipios rurales.

Mucho se ha escrito y, mucho seguirá escribiéndose sobre una Ley a todas luces innecesaria, injusta y probablemente inconstitucional, que no satisface a nadie, ni tan siquiera a quienes la han apoyado en su tramitación parlamentaria a tenor del contenido argumental tan profundo utilizado, tal como se desprende de las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria. Rafael Merino (PP): “… otorga más garantías al municipalismo, no resta competencias a los ayuntamientos, que pueden solicitar apoyo a las diputaciones ...” Aitor Esteban (PNV): “... para que la ley respete el marco normativo del País Vasco y reconce que es difícil legislar sobre el asunto debido a la variedad de entidades locales, tamaño y recursos. Carlos Salvador (UPN): “... y aludió al abismo entre el primer borrador y el texto actual, que recoge sus propuestas para preservar el régimen foral”.


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