Estuve en Bollullos.

El pasado día 12, intervine en representación de la FSP-UGT Huelva, en una mesa redonda que organizó el PSOE de Bollullos del Condado y, en la que estaban invitados representantes de los diferentes partidos políticos (PSOE. PP. Independientes. IU) y CCOO. No hicieron acto de presencia los representantes del PP y del Grupo Independientes del Ayto de Bollullos.

El acto se celebró en la Casa de la Cultura del Pueblo ante la presencia de cerca de 200 personas que se mostraron muy interesadas y participativas.

La intervención.

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, no es una acción aislada en la estrategia reformista del Gobierno, sino que obedece a una estrategia reformista contra “LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE LAS PERSONAS”

¿Por qué digo esto?

Porque todo el proceso reformista iniciado por el Gobierno de España, forma parte de un Plan articulado en la fábrica de ideas del PP y obedece a la identidad personal del propio Presidente del Gobierno, quien en su juventud defendió con vehemencia la “desigualdad natural de los seres humanos”.

Claros ejemplos de ello son las tres grandes reformas que acomete:

• La reforma laboral.
• La reforma del Sistema Educativo.
• La reforma de las entidades locales.

A las que se suman:

• La reforma del sistema Público de Pensiones.
• La Ley Mordaza.
• La reforma del Código Penal
• La reforma de la Justicia Universal.
• Ley del aborto.
• …

Toda una acción política que fulmina los derechos laborales, recorta con severidad la sanidad y la educación, reduce al mínimo las ayudas a la dependencia, precariza la situación de los pensionistas, deja sin sanidad a los inmigrantes, etc. Toda una acción de gobierno contra las personas, que construye una sociedad vulnerable y destructurada que propicie miedo para producir sumisión y desigualdad.

Creo que hemos errado en general, en el objetivo de la preocupación. No es objetivo del Gobierno desmontar el Estado de Bienestar, que también, eso es un medio para alcanzar el fin último: “CONSTRUIR UN PAÍS DE DESIGUALES” y ello contiene una profunda carga ideológica.

¿Por qué luchan contra la igualdad?

Porque la desigualdad produce una sociedad vulnerable, miedosa y sumisa que es fácilmente adoctrinable y manipulable. Y para un gobierno que abusa de la mayoría absoluta para gobernar con total impunidad, el miedo que produce la desigualdad es su mejor aliado.

La estrategia del miedo del gobierno.-

• Reducen, sino desmontan, las estructuras de protección social: Sanidad. Dependencia. Políticas Sociales. … Lo que afecta a la cohesión social (más vulnerables) y a la igualdad efectiva.
• Crean un dogma ideológico con el sistema Educativo. Lo que afecta a la igualdad efectiva y por tanto a la cohesión social.
• Desmontan las estructuras de participación ciudadana en la vida pública y la capacidad de desarrollar el derecho a protestar y/o manifestarse. La Ley Mordaza. La Ley de Seguridad Privada y el endurecimiento del Código Penal son claros ejemplos de ello.
• Suben impuestos a trabajadores/as, a la par que amnistían fiscalmente a los defraudadores y corruptos.
• Transfieren más de 60.000 millones de euros de las rentas del trabajo a las rentas del capital, poniendo en riesgo con ello, la sostenibilidad de la SS.
• Destituyen, o sientan en el banquillo, a las estructuras de investigación e inspección contra el fraude y la corrupción que salpica muy directamente al gobierno y al partido que lo sustenta. –Gürtel. Bárcenas. Tamayazo. Bankia. Matas. …-

Toda esta estrategia del miedo produce en la sociedad, una sensación de impunidad gubernamental que asola a la conciencia individual y colectiva de la ciudadanía, provocando rechazo y desapego de las instituciones y de la propia democracia.

Para entender la Reforma de la Administración Local no es preciso ir más allá del propio Preámbulo de la Ley y sus objetivos.

La reforma arranca de una convicción política: que las administraciones locales suponen un alto coste agregado para el conjunto del Estado. Unas veces, porque realizan tareas que no les corresponden, o que no deberían llevar a cabo. Otras veces, porque son ineficientes. Esto se sustenta en la última reforma constitucional que incorporó la estabilidad presupuestaria como principio de cualquier administración pública, y ésta es la excusa gubernamental para acometer, esta reordenación completa de las corporaciones locales.

Objetivos de la Ley:

Clarificar y simplificar competencias: (Una Administración, una competencia). Se establece que las administraciones locales solo han de gestionar las competencias fijadas por la ley; es decir, convierten a los gobiernos locales en meras delegaciones a cargo de una serie de servicios. Con esta base se ignora el papel de los gobiernos en la búsqueda de la equidad y de la cohesión social mediante el servicio público. Consecuencias: La desaparición de la prestación de determinados servicios públicos, los menos atractivos para las empresas privadas.

Racionalizar estructuras: (Producir un ahorro de entre 6.000/8.000 millones de euros). El fundamento de la Ley se encuentra en un estudio del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) titulado “Informe sobre el ahorro potencial por establecimiento de un coste estándar en la prestación de servicios en el ámbito local” .

El informe se construye sobre una única fuente de datos: la liquidación de los presupuestos municipales del ejercicio 2010. Ya de entrada, la limitación del informe a una anualidad resulta insuficiente. Sobre todo si tenemos en cuenta las profundas alteraciones en el gasto municipal que -como consecuencia de las distintas medidas anticrisis- se han producido en los dos últimos años. Consecuencia: La desaparición de miles de puestos de trabajo (100.000/300.000)

Garantizar el control financiero y presupuestario: (elaborar duros planes de ajustes). El conjunto de las disposiciones contienen medidas de control, básicamente estatal, con consecuencias de carácter coactivo y punitivo, que abarcan desde la restricción al acceso a los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de autonomía fiscal, hasta la intervención de la gestión o la supresión forzosa de entidades y organismos, en función de su forma jurídica, de su función económica o de su tamaño, especialmente las EELL de menor población.

Este enfoque, limita injustificadamente la autonomía local y no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado Español en de enero de 1988. Consecuencias: Transfiere poder democrático hacia la tecnocracia de la intervención económica, y máxime cuando se sigue desarrollando la Ley de Estabilidad Presupuestaria y control del gasto que orienta las prioridades de pago (deuda y proveedores). Y, restringe la posibilidad de ser representante público a quienes gozan de una cierta autonomía económica.

Favorecer la actividad económica local: (Constituye una declaración de carácter ideológico y partidario). Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin matices, pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público, subsidiaria de la iniciativa privada. El establecimiento de un “coste efectivo de los servicios” en los supuestos de inadecuación a los mismos, especialmente centrados en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las Mancomunidades y las Entidades Locales menores, tendrá importantes consecuencias: Condicionará la gestión municipal y su autonomía para determinar sus costes internos, incluidos los de personal, un umbral de penalización para las EELL no ajustadas, un precio de mercado para la externalización de los servicios y el coste de transferencia o traspaso entre administraciones. Al prever la transferencia de los servicios, la administración receptora o la transmitente incurrirán en superávit o déficit, por imperativo legal o en importantes ajustes de empleo y condiciones de trabajo del personal afectado. Privatización y/o desaparición de servicios públicos.

Para la UGT, la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local es:

• Inconstitucional: Vulnera el principio de autonomía local, porque el enfoque economicista que se le da a la Ley no considera las variables de proximidad, participación, fiscalidad y ordenación del territorio como enfoque de modernización y eficiencia, de conformidad con la Carta Europea de autonomía Local firmada por España en 1988. Vulnera el art. 140 de la Constitución y múltiple normativa y competencias de las Comunidades Autónomas.

• Innecesaria: No clarifica competencias, no elimina duplicidades y no se basa en la racionalidad y el conocimiento del municipalismo; sino en criterios meramente de ajustes presupuestarios y de control del gasto.

• Injusta con los Ayuntamientos: Los ayuntamientos no son los responsables del déficit público, aportan aproximadamente el 5,5% del mismo. Sin embargo los penaliza y pone en riesgo la cohesión social y territorial.

En resumen:

Ya está aquí la reforma de la Administración Local del PP. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena mal. Lo que ocurre es que cuando se profundiza en lo recogido en la Ley, nos damos cuenta de que nos quieren dar gato por liebre. En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1. Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios menores quienes padezcan especialmente esta situación.

2. Transferir servicios públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables, la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, desaparecerían el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados, el propio Estado.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones:

Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta Ley, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio a la ciudadanía.

Por otro, el ahorro máximo que el sector público puede generar con la Ley es irrelevante en el conjunto del déficit público. Y máxime si la comparamos con el gasto de la administración central que ha incrementado su déficit en más del 30%,a como estaba en 2011. Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no la justifica en modo alguno.

Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la Ley no es de carácter económico, sino de carácter ideológico en la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.