Austeridad y transparencia son las premisas argumentales que están utilizando los nuevos gobiernos municipales, especialmente aquellos que controlan el PP.
En nombre de la austeridad eliminan servicios públicos, prestaciones sociales y hasta empleo actuando como antídoto populista ante la generalizada opinión social de que las plantillas de trabajadores de los ayuntamientos están sobredimensionadas. Y es verdad que lo pueden estar, especialmente en aquellos ayuntamientos en que son frecuentes las alternancias democráticas en el gobierno municipal. Alternancia que ha propiciado la ampliación de las plantillas de trabajadores/as municipales, como consecuencia legítima de cómo entender el gobierno municipal y cómo ser más efectivos en base a los objetivos diseñados. Por lo tanto, nos encontramos con una evolución de la gestión municipal de lo público mucho más avanzada que la fórmula de la financiación de las entidades locales y que no se corresponde explícitamente, ni con la vocación política, ni con la evolución ni realidad social vivida. De ahí que se haga indispensable un nuevo marco legal para la financiación de las Entidades Locales.
Dicho esto, es verdad que en legítima alternancia democrática, no actúan igual las derechas que las izquierdas, al menos en Huelva.
Las izquierdas municipales reconocen los derechos consolidados de trabajadores y trabajadoras y su acción política la encaminan a generar recursos y/o fórmulas que, sin renunciar a sus proyectos políticos, sostengan las plantillas de trabajadores/as. Mientras que las derechas apuestan por el recelo, el rencor y la persecución de la gestión anterior comenzando a producir despidos masivos de empleados/as públicas.
Si preocupante es la falta de reconocimiento de la centralidad del empleo municipal en la prestación de los servicios públicos, tanto o más preocupante debe ser la normalidad con la que esta premisa se instala en la sociedad, hasta entre los propios empleados públicos, quienes ante la acción de los despidos masivos mediante EREs o cualquier otra figura jurídica, muestran egoísmo, miedo insolidario y hasta amoral con los afectados. Al menos así lo percibo en los diferentes ayuntamientos de Huelva que están en la senda de despedir a trabajadores/as.
Y en nombre de una fingida transparencia, ayuntamientos como los de San Juan del Pto. La Palma del Cdo. Y otros, han optado por llevar al Pleno de las mayorías absolutas o del sostenimiento compartido de los gobiernos municipales, la creación de bolsas de empleo que tienen como premisa fundamental y denominador común, la falta de transparencia y pluralidad de la comisión de contratación que constituyen, y en la participan de forma sectaria el/la alcalde/sa, el/la concejal de empleo y el/la secretario/al del ayuntamiento contraviniendo con ello al propio EBEP.
La falta de técnicos/as cualificados en función de los perfiles demandados, ya sean internos o externos al propio ayuntamiento, la no presencia de los representantes de trabajadores/as y de los grupos de la oposición, ponen claramente de manifiesto la vocación de seguir profundizando en el enchufismo ideológico, en la falta de interés por la igualdad de oportunidades, de mérito y capacidad, amén de la ilegitimidad que se le otorga a la gestión del SAE. Si cada ayuntamiento cuenta con una bolsa de empleo local, además de ser una actitud xenófoba contra quienes no viven en la localidad, para qué se necesita el SAE.
Este despropósito municipal debe ser restituido de inmediato y se hace preciso exigir la puesta en valor de derechos fundamentales tales como, el derecho al empleo sin discriminación alguna y el derecho a la igualdad de oportunidades.
A la propuesta aprobadas por el Pleno municipal de San Juan del Pto, la UGT ha presentado alegaciones que no han sido tenidas en cuenta, pero echamos en falta la misma actitud por parte del CSIF que ostenta la mayoría en la representación de los/as trabajadores/as, y que no han manifestado opinión alguna por la falta de transparencia e igualdad de oportunidades que dice defender el sindicato corporativo.
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