Acuso a Rajoy de antipatriota.

Yo acuso a Rajoy de antipatriota, de no querer a España, despreciar al pueblo, a sus instituciones y especialmente a la pluralidad democrática.

Si el Rajoy de la oposición (PP) hubiera actuado como reclama que se actúe con su gobierno, y hubiera posibilitado un gran pacto de Estado y apoyado las medidas económicas del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis, y hubiera apoyado las iniciativas de inversión productiva compatibilizándola con el plan de ajuste impuesto por la UE, tal como está demandando ahora, con toda seguridad ni Europa, ni España estarían en recesión económica en estos momentos.

Esa alianza de responsabilidad de los dos grandes partidos hubiera propiciado una estrategia diferente en la política económica de la UE, tal como veníamos demandando desde los sindicatos mayoritarios, y nos hubiéramos  librado de los bochornos de los Bancos Centrales de España y Europa.

Una oportunidad perdida que estamos pagando las clases populares, trabajadoras y medias por el afán de poder de Rajoy y su equipo. Por eso Rajoy es un antipatriota y no quiere a España al anteponer sus intereses partidarios al interés general del pueblo español.

Pero además, Rajoy desprecia a las instituciones y las herramientas por ellas creadas al laminar todo el tejido de avances democráticos y de derechos civiles conquistados por el pueblo de España. Una laminación sin precedentes de la herencia de libertades, democracia convivencia que han forjado los sucesivos gobiernos socialistas y que vio su máximo esplendor en el Gobierno de Zapatero.

El afán reformista ideológico del gobierno del PP pretende erradicar libertades esenciales para la mujer, como la libertad de decidir sobre su vida. La libertad de contraer matrimonio por amor más allá de la condición sexual de los contrayentes, no por una moral impuesta por el pensamiento dominante. Pretenden dos velocidades en derechos de ciudadanía, una para los pudientes y otro para quienes no tienen más patrimonio que su trabajo y su renta. En este sentido, la justicia, la educación, la sanidad y la dependencia formarán parte del concepto “estado del bienestar que nos podamos permitir”, por lo que su calidad quedará determinada por los recursos económicos de cada ciudadano/a.

El gobierno del PP ejerce un papel desleal con la pluralidad institucional y democrática , así observamos como desde el Gobierno se alienta una permanente agresión y desprestigio de Andalucía. Por una parte,  se pretende incidir en el desarrollo del sistema educativo andaluz cuestionando y agrediendo au convocatoria a oposiciones; por otra, se desacredita ante los mercados financieros la economía andaluza para impedir la venta de deuda pública y alcanzar financiación para las Políticas aprobadas en el Parlamento, al tiempo que se ningunea la estrategia de ahorro  en la adquisición de fármacos genéricos para el SAS.

Igual deslealtad y desprestigio pretende con la capacidad organizativa de la clase trabajadora y sus organizaciones mediante afirmaciones como: “la voz de la calle no la tienen los sindicatos, sino las urnas” Con esas afirmaciones lo que pretende el Gobierno y su cadena mediática es generar una opinión maléfica contra los sindicatos mayoritarios, no contra el CSIF, Manos Limpias, ... y el amplio elenco de pseudo sindicatos corporativos sin representación alguna. Maleficio basado en la reiteración de medias verdades y mentiras hasta conformar una opinión ciudadana. Los mismos procedimientos utilizados por Hitler y Mussolini en la consolidación del fascismo europeo.

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO representamos el 75% de los votos emitidos por los más de 16 millones de trabajadoras y trabajadores de toda España, por lo que más de 12 millones de votos dan solvencia, representación y legitimidad suficiente a UGT y CC OO, más si cave que al propio Gobierno de España que no llegó a la cifra de 12 millones de votos en las pasadas elecciones del 20N. Por tanto, aunque sean ámbitos electorales diferentes, la legitimidad sindical no puede ser cuestionada, igual que los sindicatos no cuestionamos la legitimidad del Gobierno.

En este mismo sentido, la reforma laboral impuesta es un ejemplo mayor del desprecio al pluralismo institucional y democrático que supone el modelo de relaciones laborales de España, modelo sustentado en la Constitución española y que ha sido violado al no reconocérsele la capacidad legal del II AENC pactado entre Patronal y Sindicatos. Una reforma que trasciende más allá de las meras relaciones y normas laborales ya que su contenido altera el modelo de convivencia en este país, que transfiere rentas del trabajo al empresariado y tiende la vista al modelo de especulación económica del pasado. 

La dación en pago, una causa de justicia y coherencia política de los gobernantes.

La ciudadanía necesita justicia y coherencia política de sus gobernantes, no buenas intenciones en forma de código de buenas prácticas respecto a la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria con las entidades financieras.

El gobierno de España en boca de su ministro banquero Sr. De Guindos –ministro de economía-, vuelve a promover una iniciativa dirigida expresamente a favorecer fiscalmente a los bancos y cajas de ahorros que voluntariamente se acojan a la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria de las familias con todos sus miembros en paro, sin percepción económica alguna y que carezcan de patrimonio.

Una acción en mi opinión, más propia de cualquier Confesión Religiosa que de una acción de gobierno, y que conceptualmente encierra una trampa peligrosa ya que la propuesta puede vincularse a una acción  de caridad, para lo que ya existen organizaciones en este país que se dedican a ello, y/o a un favor para las familias más necesitadas, quienes obviamente estarán agradecidos de por vida.

Esta propuesta tiene un profundo calado cultural que incide en la conciencia de aceptación individual y colectiva de la ciudadanía, porque es cierto que puede aliviar la situación de las familias sin recursos y ello genera comprensión y aceptación colectiva; pero no es menos cierto que la banca sigue ganando, ya que el crédito hipotecario no se cancela, sino que se bonifica con reducciones fiscales que pagamos entre todos/as.

Esta propuesta me recuerda a la cultura social instalada en el franquismo, que cando un ciudadano o ciudadana requería los servicios particulares de una abogado/a, médico/a, ... además de pagar religiosamente la consulta, se agradecía la gestión o la cura con un detallito, que en muchas ocasiones era una paletilla ibérica o un jamón según los recursos económicos de la propia familia.

En un país dual y divergente como España desde el punto de vista de la justicia social, donde la legislación se orienta a favorecer a las entidades financieras y empresariales, por la moda del emprendimiento y saneamiento de quienes deben generar empleo, la propuesta del ministro de Guindos genera un insalvable agravio ya que, ante la misma situación el tratamiento jurídico es diferente según se trate de la ciudadanía o las empresas constructoras e inmobiliarias.

Me explico, cuando una empresa constructora o inmobiliaria tiene dificultades económicas que les impiden hacer frente a los pagos hipotecarios de las viviendas en construcción y/o en venta, la entidad financiera se queda con las viviendas y con ellas queda saldado el crédito. Sin embargo, cuando se trata de una familia, no solo pierde la vivienda sino que padece la denigrante humillación de ser desahuciada hasta con patadas en la puerta según el caso, y sigue vinculada contractualmente con la entidad financiera debiendo seguir pagando la hipoteca.

La diferencia de la aplicación legal en uno y otro caso es claramente desequilibrada en perjuicio de las familias, de ahí que esta situación radicalmente discriminatoria hacia las clases populares y trabajadoras solo pueden tener un tratamiento justo desde una nueva Ley Hipotecaria donde la dación en pago salde la deuda con las entidades financieras. Lo contrario, además de gratitud social genera indignación ciudadana porque denigra la propia condición de ciudadanía.

De la caverna al decretazo.

La CEOE, instigadora de la reforma laboral del gobierno del PP, pretende meter en la nevera de Laponia a los/as parados/as de España al mismo tiempo de conculcarles un derecho fundamental sustentado en el modelo social y derechos que consagra nuestra Carta Magna. El derecho a la protección por desempleo.

Dice el cavernícola Feito (CEOE) que hay países del norte de Europa, refiriéndose a Finlandia, donde no sería concebible una prestación por desempleo a aquellos que no acepten una oferta por muy precaria o denigrante que aquella sea, y se olvida decir que hay otros muchos países de la misma Europa, que conciben la prestación por desempleo como un derecho universal en forma de renta y de por vida, hasta que las trabajadoras y trabajadores encuentran trabajo.

Es ese el dilema que presenta la reforma laboral de los empresarios y del gobierno del PP, que a través de ella nos quieren imponer un cambio de modelo no decidido, ni votado por la ciudadanía. Un modelo, el de la derecha cavernaria del PP que condena a la indigencia a las clases medias, populares y trabajadoras, en clara contraposición al modelo que representa Andalucía y contenido en sus Estatuto de Autonomía, el de la ciudadanía, los derechos, la igualdad de oportunidades, el diálogo y la concertación social como centro de todas las políticas para el desarrollo de los pueblos, y muy especialmente proteccionista para con los más vulnerables.

Este modelo social, político y económico de la derecha está expresamente imbricado en la contra-reforma laboral que ha impuesto el gobierno del PP, y que, según todas las voces autorizadas del pensamiento dominante pretenden endurecer en vía parlamentaria.

Reforma laboral que no va a posibilitar la incorporación al mercado de trabajo de las personas jóvenes que no disfruten de prestación por desempleo, ya que contratar a estas no genera bonificación en las cotizaciones empresariales ni incentivo económico a los empleadores. Pero además, la reforma laboral provocará una salida en cadena de trabajadoras y trabajadores bien pagados para ser sustituidos por otros muchos más económicos con la nueva legislación laboral, y que lo harán con contratos de aprendiz y/o indefinidos con un periodo de prueba de un año para ser despedidos durante el mismo, sin indemnización alguna.

De educación a la ciudadanía, a formación del espíritu nacional.

De no tomar medidas urgentes, podemos encontrarnos en el año 2070 con el siguiente dibujo de la historia reciente de España.

Imaginemos por un momento una clase de historia contemporánea de España en un centro educativo, posiblemente concertado o privado de cualquier pueblo del territorio patrio.

Un aula presidida por la foto del Jefe del Estado (monarca o caudillo de turno) y coronado por el crucifijo católico y la foto del Papa de la época.

La clase magistral que no doctrinaria, impartida por el maestro de escuela versa sobre la socioeconómica de la España de principio del siglo XXI y cuyo contenido viene a decir:

España estaba sumida en una profunda crisis económica y política de dimensiones incalculables como consecuencia de un insostenible modelo social proteccionista, sustentado en la antípoda ideológica socialista, de tan nefasto recuerdo para la Patria.

Agonía, que afortunadamente concluye con el asentamiento hegemónico de la sociedad de mercado liderada en la vasta Europa por Alemania con Angela Merckel a la cabeza, y en España por el líder supremo y salvador, Mariano Rajoy. Vital salvador de la Patria y de los valores esenciales que impregnan nuestra convivencia comprometida, basada en la competencia individual para poder ser colectivamente competitivos. “Cada persona tiene una capacidad y un valor productivo”

Gracias al modelo social de libre mercado, y gracias al dotadísimo salvador Mariano, pudieron hacerse los cambios legislativos necesarios, para enfrentándose con grupos poderosos responsables de la crisis económica, entre ellos los sindicatos, salvar la Patria del holocausto socialista en que estaba sumida.

Sindicatos que fueron los máximos culpables del elevadísimo desempleo existente. Sindicatos que defendían un único privilegio, a los trabajadores empleados dificultando de esta manera la integración en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y colectivos desfavorecidos.

Hubo que debilitar a los sindicatos afortunadamente, despidiendo a sus privilegiados, a trabajadores con contratos fijos para poder equiparar a todos por igual y para que los desempleados pudieran incorporarse al mercado de trabajo y facilitar de esta manera el descenso del paro.

Con el debilitamiento de los sindicatos se desestructura una serie de privilegios sociales, proteccionistas, insostenibles económicamente y que incidian muy negativamente en la competencia individual para ser productivos, y de esta manera con la intervención privada hacer, del hasta entonces mal llamado Estado del Bienestar, un auténtico Estado del Bienestar con solvencia económica que no consume recursos de la Patria, sino de aquellos que hacen uso de él.

Los excesivos beneficios sociales de la época, ablandaban a la ciudadanía, les daban excesiva seguridad perdiendo su capacidad creativa y capacidad emprendedora y establecían un escenario de desconfianza e inseguridad económica.

Fortalecer el espíritu emprendedor de la población es la principal virtud que alienta el milagro económico del que hoy disfrutamos: competitividad y dinamismo ante la colaboración, la seguridad y la solidaridad.

Afortunadamente el Líder Supremo, la persona que todo lo puede por gracia de Dios, tuvo la iluminación divina necesaria para derrotar a las hordas de poder  -sindicatos, funcionarios, clases trabajadoras y populares- los cánceres de todo desarrollo.

Epígrafe:

La nueva asignatura “educación social y constitucional” forma parte del ideario neoliberal católico que sustentado en un imperio mediático, alienta toda una corriente de corrosión social en Europa, y que tiene sus máximos exponentes en España, en el PP, el pseudosindicato ultrafascista “Manos Limpias” y la multitud de colectivos confesionales, o no, acogidos al rebaño de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica.