Acuso a Rajoy de antipatriota.

Yo acuso a Rajoy de antipatriota, de no querer a España, despreciar al pueblo, a sus instituciones y especialmente a la pluralidad democrática.

Si el Rajoy de la oposición (PP) hubiera actuado como reclama que se actúe con su gobierno, y hubiera posibilitado un gran pacto de Estado y apoyado las medidas económicas del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis, y hubiera apoyado las iniciativas de inversión productiva compatibilizándola con el plan de ajuste impuesto por la UE, tal como está demandando ahora, con toda seguridad ni Europa, ni España estarían en recesión económica en estos momentos.

Esa alianza de responsabilidad de los dos grandes partidos hubiera propiciado una estrategia diferente en la política económica de la UE, tal como veníamos demandando desde los sindicatos mayoritarios, y nos hubiéramos  librado de los bochornos de los Bancos Centrales de España y Europa.

Una oportunidad perdida que estamos pagando las clases populares, trabajadoras y medias por el afán de poder de Rajoy y su equipo. Por eso Rajoy es un antipatriota y no quiere a España al anteponer sus intereses partidarios al interés general del pueblo español.

Pero además, Rajoy desprecia a las instituciones y las herramientas por ellas creadas al laminar todo el tejido de avances democráticos y de derechos civiles conquistados por el pueblo de España. Una laminación sin precedentes de la herencia de libertades, democracia convivencia que han forjado los sucesivos gobiernos socialistas y que vio su máximo esplendor en el Gobierno de Zapatero.

El afán reformista ideológico del gobierno del PP pretende erradicar libertades esenciales para la mujer, como la libertad de decidir sobre su vida. La libertad de contraer matrimonio por amor más allá de la condición sexual de los contrayentes, no por una moral impuesta por el pensamiento dominante. Pretenden dos velocidades en derechos de ciudadanía, una para los pudientes y otro para quienes no tienen más patrimonio que su trabajo y su renta. En este sentido, la justicia, la educación, la sanidad y la dependencia formarán parte del concepto “estado del bienestar que nos podamos permitir”, por lo que su calidad quedará determinada por los recursos económicos de cada ciudadano/a.

El gobierno del PP ejerce un papel desleal con la pluralidad institucional y democrática , así observamos como desde el Gobierno se alienta una permanente agresión y desprestigio de Andalucía. Por una parte,  se pretende incidir en el desarrollo del sistema educativo andaluz cuestionando y agrediendo au convocatoria a oposiciones; por otra, se desacredita ante los mercados financieros la economía andaluza para impedir la venta de deuda pública y alcanzar financiación para las Políticas aprobadas en el Parlamento, al tiempo que se ningunea la estrategia de ahorro  en la adquisición de fármacos genéricos para el SAS.

Igual deslealtad y desprestigio pretende con la capacidad organizativa de la clase trabajadora y sus organizaciones mediante afirmaciones como: “la voz de la calle no la tienen los sindicatos, sino las urnas” Con esas afirmaciones lo que pretende el Gobierno y su cadena mediática es generar una opinión maléfica contra los sindicatos mayoritarios, no contra el CSIF, Manos Limpias, ... y el amplio elenco de pseudo sindicatos corporativos sin representación alguna. Maleficio basado en la reiteración de medias verdades y mentiras hasta conformar una opinión ciudadana. Los mismos procedimientos utilizados por Hitler y Mussolini en la consolidación del fascismo europeo.

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO representamos el 75% de los votos emitidos por los más de 16 millones de trabajadoras y trabajadores de toda España, por lo que más de 12 millones de votos dan solvencia, representación y legitimidad suficiente a UGT y CC OO, más si cave que al propio Gobierno de España que no llegó a la cifra de 12 millones de votos en las pasadas elecciones del 20N. Por tanto, aunque sean ámbitos electorales diferentes, la legitimidad sindical no puede ser cuestionada, igual que los sindicatos no cuestionamos la legitimidad del Gobierno.

En este mismo sentido, la reforma laboral impuesta es un ejemplo mayor del desprecio al pluralismo institucional y democrático que supone el modelo de relaciones laborales de España, modelo sustentado en la Constitución española y que ha sido violado al no reconocérsele la capacidad legal del II AENC pactado entre Patronal y Sindicatos. Una reforma que trasciende más allá de las meras relaciones y normas laborales ya que su contenido altera el modelo de convivencia en este país, que transfiere rentas del trabajo al empresariado y tiende la vista al modelo de especulación económica del pasado.