La ciudadanía necesita justicia y coherencia política de sus gobernantes, no buenas intenciones en forma de código de buenas prácticas respecto a la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria con las entidades financieras.
El gobierno de España en boca de su ministro banquero Sr. De Guindos –ministro de economía-, vuelve a promover una iniciativa dirigida expresamente a favorecer fiscalmente a los bancos y cajas de ahorros que voluntariamente se acojan a la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria de las familias con todos sus miembros en paro, sin percepción económica alguna y que carezcan de patrimonio.
Una acción en mi opinión, más propia de cualquier Confesión Religiosa que de una acción de gobierno, y que conceptualmente encierra una trampa peligrosa ya que la propuesta puede vincularse a una acción de caridad, para lo que ya existen organizaciones en este país que se dedican a ello, y/o a un favor para las familias más necesitadas, quienes obviamente estarán agradecidos de por vida.
Esta propuesta tiene un profundo calado cultural que incide en la conciencia de aceptación individual y colectiva de la ciudadanía, porque es cierto que puede aliviar la situación de las familias sin recursos y ello genera comprensión y aceptación colectiva; pero no es menos cierto que la banca sigue ganando, ya que el crédito hipotecario no se cancela, sino que se bonifica con reducciones fiscales que pagamos entre todos/as.
Esta propuesta me recuerda a la cultura social instalada en el franquismo, que cando un ciudadano o ciudadana requería los servicios particulares de una abogado/a, médico/a, ... además de pagar religiosamente la consulta, se agradecía la gestión o la cura con un detallito, que en muchas ocasiones era una paletilla ibérica o un jamón según los recursos económicos de la propia familia.
En un país dual y divergente como España desde el punto de vista de la justicia social, donde la legislación se orienta a favorecer a las entidades financieras y empresariales, por la moda del emprendimiento y saneamiento de quienes deben generar empleo, la propuesta del ministro de Guindos genera un insalvable agravio ya que, ante la misma situación el tratamiento jurídico es diferente según se trate de la ciudadanía o las empresas constructoras e inmobiliarias.
Me explico, cuando una empresa constructora o inmobiliaria tiene dificultades económicas que les impiden hacer frente a los pagos hipotecarios de las viviendas en construcción y/o en venta, la entidad financiera se queda con las viviendas y con ellas queda saldado el crédito. Sin embargo, cuando se trata de una familia, no solo pierde la vivienda sino que padece la denigrante humillación de ser desahuciada hasta con patadas en la puerta según el caso, y sigue vinculada contractualmente con la entidad financiera debiendo seguir pagando la hipoteca.
La diferencia de la aplicación legal en uno y otro caso es claramente desequilibrada en perjuicio de las familias, de ahí que esta situación radicalmente discriminatoria hacia las clases populares y trabajadoras solo pueden tener un tratamiento justo desde una nueva Ley Hipotecaria donde la dación en pago salde la deuda con las entidades financieras. Lo contrario, además de gratitud social genera indignación ciudadana porque denigra la propia condición de ciudadanía.
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