De la caverna al decretazo.

La CEOE, instigadora de la reforma laboral del gobierno del PP, pretende meter en la nevera de Laponia a los/as parados/as de España al mismo tiempo de conculcarles un derecho fundamental sustentado en el modelo social y derechos que consagra nuestra Carta Magna. El derecho a la protección por desempleo.

Dice el cavernícola Feito (CEOE) que hay países del norte de Europa, refiriéndose a Finlandia, donde no sería concebible una prestación por desempleo a aquellos que no acepten una oferta por muy precaria o denigrante que aquella sea, y se olvida decir que hay otros muchos países de la misma Europa, que conciben la prestación por desempleo como un derecho universal en forma de renta y de por vida, hasta que las trabajadoras y trabajadores encuentran trabajo.

Es ese el dilema que presenta la reforma laboral de los empresarios y del gobierno del PP, que a través de ella nos quieren imponer un cambio de modelo no decidido, ni votado por la ciudadanía. Un modelo, el de la derecha cavernaria del PP que condena a la indigencia a las clases medias, populares y trabajadoras, en clara contraposición al modelo que representa Andalucía y contenido en sus Estatuto de Autonomía, el de la ciudadanía, los derechos, la igualdad de oportunidades, el diálogo y la concertación social como centro de todas las políticas para el desarrollo de los pueblos, y muy especialmente proteccionista para con los más vulnerables.

Este modelo social, político y económico de la derecha está expresamente imbricado en la contra-reforma laboral que ha impuesto el gobierno del PP, y que, según todas las voces autorizadas del pensamiento dominante pretenden endurecer en vía parlamentaria.

Reforma laboral que no va a posibilitar la incorporación al mercado de trabajo de las personas jóvenes que no disfruten de prestación por desempleo, ya que contratar a estas no genera bonificación en las cotizaciones empresariales ni incentivo económico a los empleadores. Pero además, la reforma laboral provocará una salida en cadena de trabajadoras y trabajadores bien pagados para ser sustituidos por otros muchos más económicos con la nueva legislación laboral, y que lo harán con contratos de aprendiz y/o indefinidos con un periodo de prueba de un año para ser despedidos durante el mismo, sin indemnización alguna.