A los votantes del PP.

Si es que tienen conciencias y estoy convencido de que sí, deben estar echando humo porque en el día de ayer, el Congreso de los Diputados consagró la nueva Ley que regirá las relaciones laborales del mercado de trabajo en España. Una Ley, empeorada y endurecida por las enmiendas del PP junto con sus aliados de CIU, quienes no han tenido reparo alguno de condenar definitivamente a las trabajadoras y trabajadores de este país al servilismo barato ante los patronos.

Una reforma laboral que en el escaso tiempo que lleva en vigor ha destruido 3.778 empleos diarios en nuestro país, en Huelva en pleno apogeo de las campañas agrícolas y del sector servicios, ha destruido 30 empleo diarios.

Una Reforma Laboral que no solo, no sirve para crear empleo sino que, es un arma de construcción masiva de nuevos desempleados/as, especialmente los/as más cualificados/as y por tanto los más caros, ya que se ha abierto definitivamente la puerta del despido barato, “el de 20 días de indemnización por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades”.

Una reforma laboral diseñada a imagen y semejanza de los intereses del empresariado (de ahí su desequilibrio, su falta de equidad y su profundo calado ideológico), a quienes les brindan servilmente el mercado de trabajo y los atajos para el empobrecimiento de millares de familias en España. Todo ello jugará a partir de ahora un papel, espero subversivo, en las conciencias de aquellos que han votado al PP.

La reforma laboral del PP, no solo determina las relaciones laborales en el mercado de trabajo, sino que supone el inicio de un proceso reformista, yo diría de ajuste ideológico en nuestro país que como principal consecuencia ha supuesto ya un cambio sustancial en las pautas de convivencia de la ciudadanía, que ha profundizado en la crisis, en la desconfianza internacional hacia España, en la agudización de la duda sobre la deuda soberana y del conjunto del sistema Financiero como consecuencia del paulatino deterioro social, político e institucional que estamos padeciendo. Pero, ¡ojo!, no es la reforma una consecuencia más de la realidad socioeconómica de España, “es la causa de esta realidad” porque ha roto el modelo de Estado Social, Democrático y de Derechos sustentado en el diálogo, la concertación, la participación democrática de los agentes sociales en el desarrollo socioeconómico y del consenso que consagra la Constitución española como valores esenciales de nuestro Estado.

Los daños, que desde la apertura del ajuste ideológico se están produciendo son dramáticos en términos de pobreza, desigualdades y desequilibrios sociales hasta el punto de que una vez más, España es el país que más está sufriendo las consecuencias del desempleo en la UE, no solo incrementando mes a mes las cifras del paro, sino incrementando el número de personas paradas que no perciben ningún tipo de percepción por desempleo, (solo en Huelva, más de 26.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y sin ingreso alguno), sigue incrementando el número de personas que se viven por debajo de índice de pobreza (el último informe emitido en España habla de más de 11 millones de personas, en Huelva son 44.000 las familias que lo hacen, una tercera parte de la población” y 22.000 los/as niños/as que no hacen tres comidas diarias).

Esta reforma laboral que aprobó ayer el PP y sus socios ultraliberales de CIU en el Congreso de los Diputados, es la herramienta perfecta para que los ideólogos liberales desmonten todo el entramado del bienestar y de las políticas proteccionistas de las personas más vulnerables para transferirlas a las organizaciones empresariales y las instituciones financieras. Mientras que se desviven en recortar derechos laborales, sociales, individuales y hasta libertades que depositan directamente en manos de quienes son los auténticos responsables de la gran estafa económica, política y social a la que han sumido a este país.

Mientras que decenas de miles de familias son desahuciadas, centenares de miles de personas revisan los contenedores de basura para buscar provisiones con las que alimentarse, miles de familias van a tener que volver a priorizar si quien estudia una carrera universitaria es la hija o el hijo, ..  porque les han quitado todas las herramientas que les propicia solvencia económica a las familias, especialmente el empleo y las rentas del trabajo, el Gobierno del PP  gracias a sus votantes invierten cantidades astronómicas para salvar a los defraudadores, a los corruptos, a malos banqueros incapaces de justificar donde está el dinero de los ahorradores, ...

Sobre las conciencias de los votantes del PP (que seguramente las tienen) recae el enorme privilegio de sumir, a la que llaman Patria al referirse a España, en una situación de colapso económico financiero y al borde de un profundo conflicto social, por mucho que les alivie el cargo de conciencia haber incorporado una enmienda en la Reforma Laboral para que a los/as trabajadores/as con bajas médicas como consecuencia de un largo tratamiento por cáncer, no se les despida por absentistas. Una reforma muy propia de aquellos votantes del PP que continuamente se dan golpes de pecho al rezar: “yo pecador me confieso a Dios, ...” y otros credos.

Desde el corazón. Desde el inconformismo.

La Junta de Andalucía como el resto de Comunidades Autónomas de España, se ve en la obligación de elaborar un Plan de Ajuste presupuestario para acogerse al imperativo legal de la Ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por el rodillo popular en el Congreso de los Diputados, y que exige un equilibrio presupuestario no más allá de un déficit del 1,5 % del PIB, que en Andalucía supone tener que recortar del Presupuesto andaluz 2.700 millones de euros.

Partiendo de la base de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria nace de la reforma constitucional del pasado noviembre, sin consulta a la ciudadanía y rompiendo su valor intrínsico esencial, el principio del consenso constitucional. En mi opinión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno del PP carece de legitimidad moral y por tanto, de justicia social al obligar a las Comunidades Autónomas a tomar decisiones, que por el volumen económico de los recortes son injustas, traumáticas y que atentan contra los principios básicos de equidad, igualdad y equilibrio que debe ostentar toda legislación. Decisiones más traumáticas si cabe, cuando en la mayor parte de los casos aquellas contienen un profundo calado ideológico y diferencial, según el color político de los diferentes gobiernos autonómicos.

En este sentido, Comunidades autónomas como Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Valencia, Madrid, Murcia, Galicia, Cantabria, ... han optado por sustanciales subidas de impuestos, despidos masivos de empleados/as públicos/as, reducciones sustanciales de salarios, privatizaciones de servios públicos esenciales como educación y sanidad, eliminación de las ayudas a la dependencia, subidas de tasas universitarias y educativas, incrementos en las jornadas laborales de las trabajadoras y trabajadores públicos que continúan trabajando, alquiler de clínicas y quirófanos públicos a empresas privadas, supresión de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, etc. Medidas todas ellas que contrastan con los principios y valores que defiende la UGT como organización sindical y de los que participo íntegramente.

Dicho esto y partiendo del imperativo legal de tener que realizar un Plan de Ajuste Presupuestario en Andalucía, para nosotros es una exigencia prioritaria la preservación del empleo, el mantenimiento del derecho universal y gratuito de la educación pública y la sanidad pública y el mantenimiento de las políticas sociales para las personas vulnerables, prioridades todas ellas contempladas en el proyecto de ajuste del nuevo gobierno andaluz. Pero no es suficiente la sensibilidad gubernamental a lo que estimamos indispensable, porque una vez más recae la mayor parte del sacrificio sobre las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, y no nos vale el argumento dual de que, para preservar 30.000 empleos hay que recortar el salario a los más de 270.000 empleados/as públicos.

No nos gusta ni la medida, ni el argumento porque no se han explorado todas las posibilidades que brinda el Presupuesto de la J.A y especialmente porque no se ha tenido en cuenta la opinión de los sindicatos representativos en este sentido, y porque no se han sondeado todas las opciones para incrementar los ingresos, especialmente lo referido a la progresividad del tramo autonómico del IRPF del que quedan excluidas todas las rentas inferiores a 60.000 euros anuales, en definitiva, quedan excluidas del aporte solidario para sostener la gratuidad y universalidad de servicios públicos esenciales (educación, sanidad y protección social) el 90% de las rentas de trabajo de Andalucía que son usuarios potenciales de los citados servicios esenciales.

Igualmente, no se ha explorado suficientemente la equiparación porcentual de recortes en salarios de los órganos de Gobierno, políticos y personal eventual de libre designación con relación al porcentaje de recorte medio de los empleados públicos.

Aspectos todos ellos susceptibles de ser considerados cuando se inicie el proceso de negociación con los sindicatos; en el supuesto de ser aprobado el Plan Económico por el Consejo Territorial de Política Financiera y por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España el próximo viernes.

Todo lo que no sea como consecuencia de la negociación entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales sin lugar a duda, generará un importante conflicto social innecesario, máxime cuando vuelve a recaer la mayor parte del sacrificio sobre quienes ya han visto mermados sus salarios de forma continuada en los últimos tres años.

Hay y debe de haber margen para el acuerdo, porque Andalucía no sólo es un proyecto político, es un proyecto social con identidad propia y porque el presupuesto lo permite.  

Andalucía necesita una relación ética y estética de las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda.

Las dificultades económicas, la acción desleal y reaccionaria del Gobierno del PP, los recortes brutales planteados, las posiciones escasamente colaboracionistas de los poderes económicos, financieros y especialmente mediáticos contra el gobierno legítimo de Andalucía van a generar enormes dificultades a la acción de gobierno, que habrá que contrarrestar con movilizaciones masivas de trabajadores/as y de la ciudadanía, en las que los sindicatos de clase tienen un papel indispensable que jugar, para lo cual es in imprescindible que la izquierda política andaluza, especialmente el PSOE, entiendan la necesaria colaboración y el destacado papel social de las organizaciones sindicales y también fortalecer el acercamiento con sus propias bases.

El neoliberalismo extremo dominante es un pensamiento político globalizado en Europa que precisa de acciones globales desde la izquierda, y es el momento de afrontarlas porque se inicia el camino de recuperación de las clases trabajadoras como conciencia de cambio social, así se ha entendido desde Andalucía y por eso, Andalucía va a ser el foco de atención e intención del ideario del PP.

Conciencia que va a propiciar una nueva oleada de represión de la derecha en términos de reformas y recortes de derechos laborales, sociales, civiles y de ciudadanía y que debe contar con las inestimables alianzas política y social que propicie una forma diferente de gobernar sin que se ponga en riesgo lo esencial de nuestro modelo social, de ahí la necesidad de conectar de forma permanente con las inquietudes y aspiraciones de la sociedad que reclaman programas, ideas más adecuadas al momento que nos depara la situación y nuevos métodos de gobierno.

El desencanto, la decepción y el desapego social a la política formalmente correcta está generando la aparición de movimientos nacionalistas extremos, xenófobos y excluyentes y en la izquierda no se está exentos de la aparición de corrientes de pensamientos que reclaman el acercamiento y una relación más fluida con los sindicatos y una nueva forma de relacionarse con las bases. Más que identificarlo como hándicap han de ser capaces de canalizarlos hacia la toma de conciencia de las clases trabajadoras para que tomen partido, debe ser inevitable más pronto que tarde porque de no ser así, estarían herrando en la orientación correcta y en el programa adecuado de la acción que en cada momento vayan reclamando.

El auge del capitalismo durante la globalización ha concluido en una gran estafa económica a las clases trabajadoras que son las que estamos pagando los desmanes de los poderosos, pero también ha sido una gran estafa ideológica del reformismo que pretende unas trabajadoras y trabajadores dóciles, amedrentados e ignorantes  para desmovilizarlos y doblegarlos, pero frente a ese propósito han pasado a la acción directa, a la movilización y la concienciación ciudadana en defensa del modelo social, democrático y de derecho que hemos conquistado en decenios de lucha.

La historia del movimiento obrero está escrita con letras de sacrificio, de luchas, de conquistas y de pérdidas, pero siempre con letras de progreso, de desarrollo  y del  bienestar social universal que en estos momentos de crisis y de recesión quieren arrebatárnoslo mediante ataques permanentes que agravan nuestras condiciones de vida y de trabajo.

Esta historia de lucha obrera es la que ha propiciado la movilización y orientación del voto andaluz a la izquierda en las pasadas elecciones del 25 M y que ha hecho posible la investidura del Presidente Griñán. Ahora toca gestionar el gobierno, en mi opinión, debe hacerse junto a los valores que representan la izquierda sindical (los sindicatos de clase), a quienes se les debe consultar ética y estéticamente en la acción de gobierno para mantener la sinergia de los objetivos compartidos.

Sin empleo y sin solvencia económica, no es posible la libertad.

¿Una vez consumado el frente gubernamental de izquierdas en Andalucía, cabría la posibilidad de plantearse desde Andalucía un frente de resistencia al neoliberalismo?

La tercera vía socialdemócrata a la que se ha sometido de forma mayoritaria el socialismo europeo excesivamente adherido a las paredes del capitalismo y la excesiva disgregación-fragmentación de las fuerzas de la izquierda, han posibilitado en las últimas tres décadas inviabilizar la fidelidad crediticia izquierdista de las fuerzas hasta ahora consideradas minoritarias, al mismo tiempo que han lanzado la reorganización mayoritaria del pensamiento neoliberal ideológico en Europa.

Por primera vez, y tras el fallido intento programático de izquierdas planteado por Joaquín Almunia  (PSOE) con IU para las elecciones generales de 1.996 se ha hecho posible en Andalucía conformar un Gobierno de coalición entre las fuerzas de la izquierda. Un Gobierno progresista de izquierdas para poner de manifiesto que la izquierda sigue siendo una realidad transformadora de la sociedad totalmente válida, viable y garante de la posible cohabitación del desarrollo económico y del desarrollo social.

Ese frente andaluz, junto con el más que probable triunfo de Hollande en las elecciones Presidenciales francesas, pueden y deben dibujar una nueva UE alejada del corsé de absoluta austeridad germano-francesa que representan Merkel y Sarkozy (Merkezy), que está estrangulando el crecimiento económico europeo y que está poniendo en cuestión en el mundo entero la fragilidad de derechos democráticos de la UE, claros ejemplos de ello son Grecia e Italia donde los poderes económicos se han impuesto al propio derecho democrático electoral.

Tras la práctica desaparición de la Internacional Socialista y la falta de liderazgo en la izquierda europea, es preciso concretar una nueva alianza de progreso que transforme la realidad social de Europa estableciendo un nuevo Tratado de la Unión, que propicie fórmulas de distribución más justa de la riqueza, que reordene y restituya el papel de los sindicatos y de los derechos sociolaborales de las clases trabajadoras y fortalezca los Servicios Públicos alejándolos del concepto benéfico que les otorga el neoliberalismo. En todo ello, Andalucía y su gobierno puede y debe jugar un destacado papel.

Proponer una estrategia de resistencia a los mercados financieros desde la legitimidad ideológica e institucional, debe formar parte de los objetivos futuros para que la austeridad autoritaria de Merkel y Sarkozy “austeritarismo” no siga llevándonos hacia la recesión económica, la pérdida de empleo y la pobreza de la ciudadanía.

Sin empleo y sin solvencia económica, no es posible la libertad.

Ni desidia, ni cansancio.

Ante la estrategia neoliberal del gobierno del PP, ni desidia, ni cansancio en el rechazo a las políticas abusivas, injustas y que nos llevarán a una ruina económica y social como ya viene poniéndose de manifiesto; muy a pesar de la preocupación que algunos medios de comunicación tienen al respecto y que, como único recurso pretenden valorar el éxito, o no, de una manifestación por el número de asistentes a la misma sin tener  en consideración que el número de participantes nunca va a mostrar el sentir masivo y mayoritario de la ciudadanía de las clases trabajadoras. Todo ello ocurrió en Huelva en la manifestación en la que acudieron según los organizadores, en torno a 10.000 personas y según los medios d comunicación, varios miles de personas.

La indignación de un pueblo no se mide en relación al número de personas que se movilizan en un acto puntual, la indignación del pueblo se mide en el seno de las familias que no llegan a fin de mes, en esas que tienen niñas y niños pequeños, más de 12.000 en Huelva, que pasan hambre y no comen tres veces al día, o en el seno d las más de 44.000 familias que viven en riesgo de exclusión en Huelva.

La indignación de la ciudadanía la define claramente la culminación de las reservas cada vez más escasas de las familias. Esos 200 trabajadores/as despedidos de las empresas adjudicatarias de servicios públicos por la puesta en marcha del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Huelva gobernado por el PP, o los más de 1.000 empleados/as públicos que van a ver reducido el capítulo 1 del presupuesto municipal en más de 300 millones de € como consecuencia del dichoso Plan de ajuste del gobierno del PP y por consiguiente, van a tener una drástica reducción de sus salarios. Esos/as empleadas públicas que perdiendo gran parte de las rentas de su trabajo, tendrán que preguntarse por qué les recortan a la par de que hacen un montaje faraónico en plena Plaza de la Constitución (Plza, del Ayuntamiento) para la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, y por qué, apelando a la situación económica del Ayuntamiento de Huelva se niega la conexión ecléctica a los sindicatos para conectar la megafonía que da asistencia a la manifestación del pasado día 29 de Abril, en defensa del Estado del Bienestar.

El Ayuntamiento de Huelva gobernado por el PP, monta en pleno trayecto del recorrido autorizado por la Subdelegación del Gobierno para la manifestación del 29 A un gigantesco escenario para dar acogida al circo de la coronación Canónica de la Virgen de la Victoria el próximo día cinco de mayo, obligando a los 10.000 manifestantes a tener que cambiar e improvisar su recorrido hasta llegar al punto concertado. No podían haber comenzado el montaje después de la manifestación?.

Alguien tendrá que dar explicaciones, y muy especialmente a las empleadas y empleados públicos municipales, porque habrá que saber cuanto le va a costar este montaje a la ciudadanía y a los trabajadores de Huelva.

A pesar de las zancadillas, a pesar de las presiones, a pesar del cerco de restricciones al que nos está sometiendo el gobierno del PP, no nos van a callar. La voz del pueblo seguirá sonando con fuerza, con firmeza, con indignación y con muchas ganas de cambio, porque es posible otra forma de hacer las cosas para resolver los problemas de la gente, y eso el pueblo cada vez lo sabe mejor.

Con este talante del PP, partido que sustenta al gobierno ultraliberal de España, pretenden amordazar la voz, secuestrar la inteligencia colectiva y la capacidad crítica de pensamiento y de tener conciencia. La reforma de la Ley Audiovisual de España, o cambiar por Decreto el nombramiento del Presidente del Consejo de Administración de RTV, o en nombre del equilibrio presupuestario, impulsar la privatización de las TVs públicas, son claros ejemplos de sus pretensiones liberales contra la moral democrática. Podrán adormecer la voz, pero siempre quedará la calle, el pensamiento y la libertad individual para mostrar rebeldía y malestar por las injusticias prometidas cada viernes por el Presidente del Gobierno.

Aunque rescaten la Ley de “Vagos y Maleantes” del anterior régimen, ahora la van a llamar de “resistencia pasiva a la autoridad” las clases trabajadoras, las clases populares, las clases oprimidas, en definitiva el pueblo, restituirá la justicia social, la justicia democrática y la solvencia colectiva de los derechos sociales y laborales.