La Junta de Andalucía como el resto de Comunidades Autónomas de España, se ve en la obligación de elaborar un Plan de Ajuste presupuestario para acogerse al imperativo legal de la Ley de Estabilidad Presupuestaria impuesta por el rodillo popular en el Congreso de los Diputados, y que exige un equilibrio presupuestario no más allá de un déficit del 1,5 % del PIB, que en Andalucía supone tener que recortar del Presupuesto andaluz 2.700 millones de euros.
Partiendo de la base de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria nace de la reforma constitucional del pasado noviembre, sin consulta a la ciudadanía y rompiendo su valor intrínsico esencial, el principio del consenso constitucional. En mi opinión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno del PP carece de legitimidad moral y por tanto, de justicia social al obligar a las Comunidades Autónomas a tomar decisiones, que por el volumen económico de los recortes son injustas, traumáticas y que atentan contra los principios básicos de equidad, igualdad y equilibrio que debe ostentar toda legislación. Decisiones más traumáticas si cabe, cuando en la mayor parte de los casos aquellas contienen un profundo calado ideológico y diferencial, según el color político de los diferentes gobiernos autonómicos.
En este sentido, Comunidades autónomas como Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Valencia, Madrid, Murcia, Galicia, Cantabria, ... han optado por sustanciales subidas de impuestos, despidos masivos de empleados/as públicos/as, reducciones sustanciales de salarios, privatizaciones de servios públicos esenciales como educación y sanidad, eliminación de las ayudas a la dependencia, subidas de tasas universitarias y educativas, incrementos en las jornadas laborales de las trabajadoras y trabajadores públicos que continúan trabajando, alquiler de clínicas y quirófanos públicos a empresas privadas, supresión de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, etc. Medidas todas ellas que contrastan con los principios y valores que defiende la UGT como organización sindical y de los que participo íntegramente.
Dicho esto y partiendo del imperativo legal de tener que realizar un Plan de Ajuste Presupuestario en Andalucía, para nosotros es una exigencia prioritaria la preservación del empleo, el mantenimiento del derecho universal y gratuito de la educación pública y la sanidad pública y el mantenimiento de las políticas sociales para las personas vulnerables, prioridades todas ellas contempladas en el proyecto de ajuste del nuevo gobierno andaluz. Pero no es suficiente la sensibilidad gubernamental a lo que estimamos indispensable, porque una vez más recae la mayor parte del sacrificio sobre las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, y no nos vale el argumento dual de que, para preservar 30.000 empleos hay que recortar el salario a los más de 270.000 empleados/as públicos.
No nos gusta ni la medida, ni el argumento porque no se han explorado todas las posibilidades que brinda el Presupuesto de la J.A y especialmente porque no se ha tenido en cuenta la opinión de los sindicatos representativos en este sentido, y porque no se han sondeado todas las opciones para incrementar los ingresos, especialmente lo referido a la progresividad del tramo autonómico del IRPF del que quedan excluidas todas las rentas inferiores a 60.000 euros anuales, en definitiva, quedan excluidas del aporte solidario para sostener la gratuidad y universalidad de servicios públicos esenciales (educación, sanidad y protección social) el 90% de las rentas de trabajo de Andalucía que son usuarios potenciales de los citados servicios esenciales.
Igualmente, no se ha explorado suficientemente la equiparación porcentual de recortes en salarios de los órganos de Gobierno, políticos y personal eventual de libre designación con relación al porcentaje de recorte medio de los empleados públicos.
Aspectos todos ellos susceptibles de ser considerados cuando se inicie el proceso de negociación con los sindicatos; en el supuesto de ser aprobado el Plan Económico por el Consejo Territorial de Política Financiera y por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España el próximo viernes.
Todo lo que no sea como consecuencia de la negociación entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales sin lugar a duda, generará un importante conflicto social innecesario, máxime cuando vuelve a recaer la mayor parte del sacrificio sobre quienes ya han visto mermados sus salarios de forma continuada en los últimos tres años.
Hay y debe de haber margen para el acuerdo, porque Andalucía no sólo es un proyecto político, es un proyecto social con identidad propia y porque el presupuesto lo permite.
No hay comentarios:
Publicar un comentario