El techo de gasto público para 2013. Consecuencias.

El techo de gasto publico aprobado por el gobierno del PP para 2013 supondrá privatizar los servicios públicos y eliminar más de 300.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas, amen de acabar con el estado de las autonomías a través de la supresión del Estado del Bienestar.

Son las comunidades autónomas las que más directamente sufrirán las consecuencias del techo de gasto aprobado en solitario por el PP en el Congreso de los Diputados y en el Senado; cámaras que representan la voluntad democrática del pueblo, por tanto su voz, y que desde la “democracia” el PP y el gobierno utiliza en exclusiva con su rodillo parlamentario para certificar la defunción del propio modelo democrático, y de esta manera intentar dotar de legitimidad el ajuste ideológico que está llevando a cabo en España y que está suponiendo un profundo cambio en el modelo de Estado: Social, Democrático y de Derecho que consagra nuestra Constitución.

Para un país descapitalizado de inversión privada (más de 200.000 millones de € han salido de España), congeladas las inversiones públicas, reducidas hasta límites insospechados las PAE y de estímulo al crecimiento; el techo de gasto aprobado, que supone una reducción del 6,6% respecto a 2012 una vez descontados los intereses y la aportación a la seguridad social, va a significar de partida una reducción del gasto de los Ministerios del 12,2%, es decir, la total destrucción del sector público  y con ello del Estado del Bienestar. Con lo que el Gobierno del PP alanza el objetivo político de tener vacía de competencias a las comunidades autónomas.

El techo de gasto aprobado junto al paquete de medidas del pasado 13/07/2012, genera controversia sobre su efecto en la recuperación económica. Por una parte la CEPAL alerta sobre los posibles efectos negativos de un ajuste fiscal tan agresivo. La tasa de paro se incrementará hasta el 27% y caerá la economía el 1,5%. Por otra, el ECOFIN el pasado día 10 de julio concede un año más de prorroga a España para alcanzar el objetivo del 3% del déficit público debido a las adversas condiciones económicas provocadas fundamentalmente por las medidas restrictivas que se están llevando a cabo y que contraen la economía, y por la descoordinación política del Gobierno del PP que genera confusión y desconfianza a los mercados y a las Instituciones Internacionales. (Cada vez que Montoro habla, sube la prima de riesgo).

Desde el Gobierno del PP y desde el pensamiento ideológico neoliberal europeo, se sigue argumentando que las medidas fiscales podrían tener efectos favorables al permitir estabilizar los mercados financieros internacionales mejorando las expectativas a mediano y largo plazo, pero hasta ahora ha ocurrido lo contrario en Grecia y está ocurriendo lo contrario en Italia y en España. Sin embargo, el gobierno y su partido (PP) han iniciado la campaña de confusión e intoxicación mediática: “las medidas son buenas y al final de la legislatura habremos superado la crisis”. Una campaña que ponen bien a las claras  la resignación del gobierno, que se encomienda a -Dios y al destino- dando por hecho el carácter cíclico de las crisis económicas, en definitiva, se pone de manifiesto lo perdidos que se encuentran en materia económica. Para el final de la legislatura se llevarán ocho años de profunda crisis y supuestamente debe tocar casi el final del ciclo y el repunte económico. Y es a eso a lo que encomiendan sus medidas.

Pero, ¿en qué condiciones sociales, laborales, de derechos y de libertades iniciaremos los trabajadores y trabajadoras la recuperación económica? En mi opinión, la respuesta a la pregunta tiene una clara y contundente realidad, o ¿no?

Pese a los pronósticos de una moderada recuperación esgrimidos por el neoliberalismo europeo, los indicios de una ralentización del crecimiento en Europa avalada por el FMI, el BCE, la OCDE y hasta las agencias de calificación son todo un hándicap  para la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, pudiéndose alcanzar niveles de desempleo elevadísimo, hasta darse la paradoja de iniciar la recuperación económica sin empleo.

Estamos por tanto, ante unas medidas que conducen a nuestro país a la ruina, que profundiza en la crisis tal como se reconoce con la revisión a la baja de las previsiones macroeconómicas realizadas por el propio Gobierno del PP, por lo que las consecuencias de las medidas de ajuste económico las conocen y aún así, siguen aplicándolas. Saben que supondrán la destrucción del sector público y con ello del estado del bienestar, por lo que se constata con claridad que la eliminación de todo lo público es el único objetivo que el gobierno tiene claro en su difusa política económica.

La visión ideológica de la economía que está desarrollando el Gobierno del PP apunta hacia un camino equivocado, que nos conduce hacia el abismo de la recesión, que será más prolongada, con mayor destrucción de empleo y supondrá la ruptura de la cohesión social como consecuencia de la desvertebración que están desarrollando desde el ajuste ideológico que aplican. La EPA del 2º trimestre del año es un claro reflejo de toda la acción de gobierno del PP.

La política económica sin dirección, sin objetivos y sin criterios que está aplicando el Gobierno del PP a instancia de la Comisión Europea, como recordó el ministro Montoro recientemente, no es por la herencia recibida, sino por el vacío del  programa económico como demuestran los continuos bandazos que está realizando Gobierno del PP desde que tomó posesión y porque lo económico no les preocupa, es la coartada para aplicar el ajuste ideológico en el que están inmersos y que lo están cambiando todo en derechos.

LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL PP LLEGA A LA EXTRAVAGANCIA.

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque que lleva sin pagar las nóminas de sus 320 empleados/as públicos/as desde enero pasado, no tiene otra ocurrencia que obligar a los empleados/as a convertirse en cobradores de recibos, tasas e impuestos municipales para compensar la deuda que el Ayuntamiento tiene contraída con ellos, más de 2,3 millones de € por impagos de nóminas.

Un auténtico esperpento surrealista, sin precedente en cualquier modelo de gestión pública y que pone bien a las claras la inoperancia e incapacidad manifiesta de la gestión política del PP en Aljaraque.

 Esta decisión, de obligado cumplimiento en su ejecución si quieren cobrar los/as trabajadores/as, que deben realizar en el tiempo libre las/los empleadas/os municipales pone de manifiesto la catadura política, la ética personal y la estética colectiva de la derecha rancia y extrema que representa el PP onubense, y que habla claramente del concepto de servicio público de esta casta política forjada en la gomina, en la más estricta pedagogía del slogan y del verbo fácil.

Este extravagante ordeno y mando sigue profundizando en la precaria calificación, cualificación y concepto que el PP tiene del “trabajo” tan sumamente descalificado por la normativa laboral contenida en la reforma del Gobierno del PP.

“Buenas tardes, soy funcionario/a del Ayuntamiento de Aljaraque. ¿Tendría usted para pagarme el IBI, el impuesto de circulación, ...? Mire usted, es que llevo sin cobrar desde enero y la única forma posible que me ofrece el Ayuntamiento para poder cobrar mi nómina como cualquier trabajador/a es presionándole a usted para que me pague los impuestos, ...” Bien podría ser la carta de presentación de los/as empleados/as ante sus vecinos, paisanos y hasta familia. En definitiva, se trata de “o es usted, o soy yo porque necesito comer”.

En tiempos tan convulsos como los actuales cualquier justificación es una coarta perfecta para desarrollar el fondo ideológico, donde el chantaje, la extorsión y hasta el bloqueo económico está tan de moda para intervenir la acción de gobierno de las comunidades autónomas, el gobierno del PP del ayuntamiento aljaraqueño las utiliza para intervenir en la vida de sus empleados y empleadas, obligándolos a trabajar por encima de su ya reducida jornada laboral por el Plan de Ajuste y sin poder garantizar el canje de los recibos cobrados por deuda con los trabajadores, ya que, en el supuesto de que se produzca recaudación de impuestos y tributos municipales, estos deben ser asentados en la contabilidad municipal y por tanto en los ingresos del presupuesto. Y si tenemos en cuenta de que el Ayuntamiento soporta una deuda de casi 20 millones de euros, no está exento de que exista un embargo de Hacienda y/o Seguridad Social.

¡Ver para creer! Una vez más la extravagancia del PP llega al colmo de la sensatez y se ceba contra los trabajadores y trabajadoras, con sus derechos y los convierten en caza-recompensas para poder sobrevivir.

I SEMANA TRAGICA EN ESPAÑA

Con el viernes 13, se llega al “viernes negro semanal” desde que gobierna el PP y concluye la Iº SEMANA TRÁGICA DE LA ERA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA, amén de que el BOE de mañana nos de alguna sorpresa intensa, a la que también nos tiene acostumbrados el Gobierno.

Comienza la Iº SEMANA TRÁGICA con dos nefastos acontecimientos. Uno, se da a conocer el Memorándum de 32 puntos que determina las exigencias de la UE para aprobar el rescate de la banca española, por el cual se le exige al gobierno del PP una renuncia expresa de la soberanía nacional en favor de funcionarios del BCE. El gobierno del PP gustoso cede el mando de las decisiones económicas y políticas de España. ¿Por qué? Simplemente porque le sirve de coartada perfecta para sus propósitos, que no son otros que cambiar el modelo de Estado social, democrático y de derecho a través del RDL y por imperativo del la UE.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS Y DE LA CIUDADANÍA LES IMPORTA POCO.

Dos. El anuncio de que será el Presidente quien en una solemne comparecencia el miércoles día 11, se dirigirá al Congreso de los Diputados para leer la plana escrita en la factoría ideológica de la FAES, en la cual se relatan las medidas que se tomarán en las próximas semanas comenzando por el Consejo de Ministros del viernes 13 que pone el colofón a la I SEMANA TRAGICA DE ESPAÑA.

Mucho podría decirse de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy, pero sobradamente se han analizado sus consecuencias, debatido y debatirán a los largo de los tiempos en las diversas tertulias de toda leche e índole. Pero sin entrar en el fondo, sí quiero centrarme en las formas.

En este sentido, las formas me parecen todo un despropósito. Me parece injusto, e inhumano que para justificar un profundo recorte en en las prestaciones por desempleo se acusen a las personas paradas de vagas y acomodadas. Y como son vagas y acomodadas, hay que estimularlas a buscar trabajo haciéndoles pasar hambre. Si inhumana es la justificación, cruel es la actitud de la bancada popular y más, el comentario “que se jodan” No está bonito, que quienes son de comunión dominical y confesión diaria se alegren del mal ajeno.

Acusa de aprovechadas a las personas dependientes y de fraudulentas a las familiares cuidadoras para suprimir un derecho subjetivo por una garantía de pago del servicio.

En el momento en que la valoración del servicio se realiza atendiendo a las rentas y patrimonio de la unidad familiar en vez de atender a los ingresos y rentas de la persona dependiente, se rompe con el espíritu de la propia ley. Por tanto, no estamos ante una reforma, sino ante un cambio del modelo de dependencia cercano a la beneficencia.

Acusa el Presidente de privilegios al funcionariado español para bajarles el salario y quitarles el derecho a la estabilidad laboral y poder despedir en torno a 300 mil de ellos/as.

Acusa a la ciudadanía de defraudadora. La frase de hace unas semanas de la Vicepresidenta del Gobierno que “en España se acabó el con IVA y el sin IVA” fue una premonición en toda regla para empobrecer a la ciudadanía y hacer que se sienta responsable de las bondades de amnistiar fiscalmente a los defraudadores profesionales.

Todas estas medidas anunciadas de la forma en que se hizo, con el jolgorio, risas, aplausos y hasta humillaciones con las que fueron recibidas además de calificar a la derecha española, pone de manifiesto su talante ante los problemas de la gente y su maldad feroz. Toda la reacción producida es una seña de identidad de la derecha extrema que gobierna este país. Pone de manifiesto su desprecio por el ser humano, el poco interés por resolver los problemas de la economía española ya que todas las medidas inciden en el empobrecimiento de la ciudadanía, el incremento del paro, la contracción del consumo y la recesión económica. Lo que me hace pensar que toda la estrategia confluye en un único interés “realizar un ajuste ideológico” y visto lo visto en la acogida, ¿una vez conseguido el ajuste ideológico comenzarán con el ajuste personal?

Intentaré explicar esta interrogante.

Entre las medidas anunciadas por Rajoy el pasado miércoles, se encuentra una espeluznante, “la defunción de la democracia representativa” para lo cual reformará la Ley Orgánica de Administraciones Públicas con la que pretende reducir en un 30% las corporaciones locales al mismo tiempo que se traspasan competencias a las diputaciones provinciales, y se habilitan a secretarios e interventores con poder de veto a las decisiones políticas de los alcaldes y alcaldesas (tecnocracia). ¿Y todo esto qué significa? En primer lugar, se limita la representación de las minorías con el consiguiente deterioro de derechos de ciudadanía. En segundo lugar, se sustituye la acción política (democracia) por el informe técnico (tecnocracia). En tercer lugar, ya tienen el modelo de provincia del franquismo donde el presidente de la diputación se convierte en V.E y los alcaldes y alcaldesas a desfilar a la música que tocan los técnicos.

El jueves 12 en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Territorial se le traslada a las comunidades autónomas, no solo que no se flexibiliza el objetivo del déficit, sino que se les endurece. Que es lo mismo que hacer inviable el cumplimiento con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por tanto, serán intervenidas (indirectamente por los funcionarios del BCE). En definitiva, no podrán hacer frente a sus competencias con las que tendrán que privatizarlas, o devolverlas al Estado. Y en esa situación, las comunidades autónomas quedarán relegadas en todo caso, a la gestión administrativa de los fondos. Y de esta manera ya tienen controlado el 2º escalafón de las administraciones para romper con el modelo autonómico.

Para esta estrategia precisan socios necesarios. ¿Quiénes son y a cambio de qué? Los partidos nacionalistas vascos y catalanes (PNV y CIU) quienes disfrutarán, uno con un pacto de gobierno en Euskadi para desbancar, si les salen los números, a la más que presumible victoria de la izquierda. Y el otro, se beneficiará del Pacto Fiscal para Cataluña con lo que consigue una reivindicación histórica para CIU y le sirve al PP para su modelo de Estado a dos velocidades. Autonomías históricas y todo lo demás.

Conclusión: nos llevan hacia la España “ÚNICA. GRANDE y LIBRE” de librepensadores y de izquierdistas. Tienen la estrategia bien definida, se muestran como orgullosos herederos ideológicos del Dictador y están preparando un macro homenaje al Padre-Fundador del partido salvador de la Patria.

Es la estrategia del miedo para generar sumisión, resignación, conformismo, desasosiego, vasallaje y agradecimiento al patrón que da de comer. El miedo ataca a la libertad individual. La falta de libertad individual no genera libertad colectiva, y sin libertad colectiva no hay democracia y no hay derechos.

El miedo ya lo han generado y están preparando la 2º fase del proceso: limitar la representación popular. Transferir la capacidad de decisión a los tecnócratas y el poder a las diputaciones para generar miedo y dependencia institucional, y al final ¿para qué se quieren los procesos electorales.

Hitler y Mussolini así lo hicieron. Grecia e Italia así lo han hecho, y España lo está haciendo.

En mi opinión, si lo que que aquí cuento se consuma, es que no henos hecho lo suficiente y por tanto, tendremos parte de culpa colectiva. Por eso ahora es el momento de reacciones unitarias y contundentes. Es el momento de hacer caer al gobierno golpista del PP.

Reforma de la Dependencia en España. Una aproximación II.

... la reforma de la Ley de “Dependencia”, tal como la está planteando el gobierno del PP, a todos los efectos acabará con la concepción de la asistencia como derecho subjetivo de la ciudadanía, es decir con el espíritu de la norma. Por tanto, no estamos ante una reforma legislativa, sino ante un profundo cambio del modelo de interpretar lo que hasta ahora es un derecho universal y subjetivo a las personas que no pueden valerse por sí mismo, es la principal conclusión que puede desprenderse del borrador del RD que revisará el repago  de los usuarios, como de otras propuestas para “controlar” a las personas trabajadoras no profesionales.

Es posible que el desarrollo de la Ley de “Dependencia” haya posibilitado un sobredimensio

namiento de los cuidados no profesionales que suponga un gasto no productivo que haya que compensar posiblemente con los servicios de proximidad, algo totalmente cuestionable pero posible. Pero de ahí, a criminalizar el trabajo que realizan las más de 180.000 mujeres que han decidido hacerse cargo del familiar dependiente dista mucho, porque se les pone cortapisa a que tengan una alternativa y una compensación por su dedicación y porque responde a una falacia del Secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, quien hace una interpretación perversa al hablar de fraude generalizado en las ayudas a la dependencia para, de alguna manera justificar una reforma extraordinariamente injusta y economicista.

Generalizar el fraude y perseguirlo de la manera en que se plantea es grave. Primero, porque si se les quitan las cotizaciones a la Seguridad Social a las cuidadoras no profesionales se les aboca a no poder concluir una cotización que les propicie una pensión. Segundo, porque conceder estas ayudas en función a la renta familiar, en vez de los ingresos de la persona dependiente es negar un derecho individual subjetivo y es muy preocupante, no ya por ser contrario a la propia Ley que deja muy claro que solo se deben tener en cuenta los ingresos de la persona dependiente atendida, sino que con esta reforma se rescata la figura de la beneficencia, pretendiendo que sean las familias quines soporten todo el peso de la atención al dependiente, más allá incluso de su propia vida, debiendo los familiares responder con su propio patrimonio si la persona dependiente no tuviera recursos suficientes en vida para atenderlos.

La incorporación de la vivienda como elemento del patrimonio y como garantía de pago de la persona dependiente, influye a la hora de calcular la capacidad económica, lo que supone poder exigir una mayor aportación económica a una persona con una pensión, de por ejemplo 300 € al mes por el simple hecho de tener heredada de sus abuelos una casa, que en la actualidad tiene un precio elevado. Este simple detalle muestra el valor economicista de un derecho hasta ahora subjetivo, e hipoteca de por vida a una familia porque la prevalencia de la reforma es garantizar el derecho de cobro de las entidades prestatarias de servicios.

Pero además la reforma concentra una alta dosis de “injusticia” con la que pretenden aumentar el repago de las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia. Si hasta ahora las personas con ingresos inferiores al IPREM (532 € al mes) quedaban exentas del pago de los servicios recibidos, con la reforma quedarán fuera del repago únicamente aquellos que cobren por debajo del 75% del IPREM, es decir, aquellas personas que cobren menos de 400 € mensuales, a lo que hay que sumar además la incompatibilidad de la asistencia domiciliaria con que tenga una plaza en un centro de día, aunque necesite ayuda para levantarse, lavarse y vestirse.

Reforma de la Dependencia en España. Una aproximación I.

La deficiente previsión de la dependencia que ha llevado su aplicación a una situación límite, y que se han consentido divergencias de criterios en función a la Comunidad Autónoma en que resida la persona dependiente, son los argumentos esgrimidos por la Ministra de Sanidad Ana Mato, en la fábrica ideológica del PP (FAES) para justificar la reforma de la Ley de Dependencia, cuyo objetivo es conseguir la viabilidad de la misma y garantizar una mejor prestación a los beneficiarios, especialmente a los grandes dependientes., dice.

Es un argumento extraordinariamente coherente con el pensamiento político del PP, quienes ven en la diferencias, no una oportunidad para el crecimiento, para la libertad o para la identidad, sino un problema que atenta claramente contra su modelo centralista de Estado, “una España grande y libre” de pensamientos diferentes.

Podemos estar de acuerdo o no, en la falta de previsión económica para el desarrollo de la dependencia, especialmente en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan el PP y la derecha nacionalista burguesa que no reconocen la dependencia como derecho subjetivo y han pretendido de siempre convertirlo en un derecho objetivamente económico, “ que cada cual tenga lo que pueda pagarse”.

Podemos compartir o no, divergencias en la aplicación de la ley, pero ¿eso es malo, se falta al derecho de alguien, o se agravia la igualdad de oportunidades de alguien porque en las Comunidades Autónomas de la izquierda apuesten como principio por la idoneidad de la universalidad de un derecho subjetivo? Otra cuestión es valorar si en los momentos económicos actuales hay que aplicar el repago en el beneficio del derecho y/o su progresividad. En esto no vale engañarse, y la progresividad amen de otras consideraciones, debe ser de aplicación en los compromisos impositivos y fiscales, no solo en las prestaciones de servicios y derechos.