La encuesta de Metroscopia publicada recientemente por el diario “El País” queda anticuada tras la entrevista de Rajoy el lunes pasado en TVE. Más del 85% de los votantes españoles no confían en el presidente del gobierno (entre ellos el 59% de votantes del PP), ni en su acción política. La inmensa mayoría de quienes les votaron consideran que no tiene proyecto político y que improvisa, lo que hace perder a la marca –PP- más de nueve puntos con respecto a la marca PSOE.
Estos datos otorga el calificativo de “im-Popular” a un gobierno que gobierna contra los intereses generales de las clases trabajadoras y populares y a favor de una élite minoritaria abrazada a la corrupción económica, social y política que representa quines controlan el poder económico, financiero y mediático de este país.
Podemos afirmar por tanto, que la acción del Gobierno del PP es una acción confabulada para transferir a los poderes económicos y financieros los derechos y garantías sociales y laborales que otorga la Constitución española a las/os trabajadoras/es y ciudadanía en general, así en estos ocho meses largos de desgobierno se han desmantelado las relaciones laborales para otorgar todo el poder al empresariado, se ha rescatado a la banca para hundir a las clases trabajadoras y populares, se ha roto la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía a favor del linaje al que se pertenece, o se han aplicado medidas de amnistía fiscal a estafadores, defraudadores y delincuentes mientras se han subido los impuestos a las/os trabajadoras/, ...
Todas estas acciones de gobierno del PP, pueden formar parte constitutiva de “ilícitos penales” que algunos juristas y organizaciones han intentado llevar a los tribunales, muy desacreditados también por la influencia y manoseo que el Gobierno del PP intenta ejercer sobre la independencia del Poder Judicial.
Un cambio de rumbo en la acción de gobierno no viene por sí solo, mucho menos viene de un gobierno sin rumbo. Tampoco se produce judicializando la propia acción política. Solo desde la presión social, desde la movilización y desde la acción coordinada de las clases trabajadoras sería posible, por ello las dos grandes Confederaciones Sindicales (UGT y CC OO) han promovido la creación de una Cumbre Social plural, amplia y representativa de la mayoría del espectro social español para coordinar una acción unitaria que culmine el próximo #15S con un cambio de rumbo político.
El #15S va a significar un punto de inflexión en el futuro inmediato de España solo comparable al espíritu de los años setentas que movilizó a la inmensa mayoría del pueblo para clamar libertad, democracia y dignidad, las mismas que el próximo #15S vamos a defender en Madrid contra un gobierno que quiere arrebatarle al pueblo sus valores esenciales.
Democráticamente el #15S en Madrid vamos a exigir al Gobierno del PP que someta su acción política a la confianza del pueblo, convocando un referéndum que “legitime, o no” la ilegítima política que está desarrollando, al no estar contenida en el programa electoral con el que el PP concurrió a los comicios generales del pasado mes de noviembre; constituyendo de este modo el mayor fraude democrático de la historia de España.
Controlar la mayoría absoluta parlamentaria en democracia no legitima a quienes la ostenta a legislar contra la inmensa mayoría del pueblo, y sobre todo no los legitima para cambiar leyes que perjudican el bienestar colectivo y el proyecto de vida de la gente.
El #15S será igualmente un clamor de exigencia. Exigencia para que el Estado esté dotado de verdaderos mecanismos de control y protección del interés general que ponga fin al fraude democrático de la envergadura que representa el proyecto político de la derecha española, en lugar de perpetrar ataques permanentes para reprimir las protestas, desencantos, movilizaciones y pensamiento crítico deteniendo a sindicalistas, criminalizando a las organizaciones obreras de clase, o secuestrando el pensamiento colectivo desde la TVE pública.
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