Con las palabras “la política no es para toda la vida”, la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, se retira de la vida política aduciendo razones estrictamente personales.
“No me lo creo”. Voy a permitirme dudar de esas estrictas razones personales, más allá de respetar su decisión y de reconocer las razones que por motivos de salud puede haberle hecho tomar esa decisión.
En mi opinión, se producen una sucesión de acontecimientos provocados por el anuncio de Tomas Gómez: “el proyecto de EUROVEGAS va a instalarse en la Comunidad de Madrid, al tiempo que plantea dudas sobre las ocultas condiciones exigidas para ello”, anuncio que destapa un mafioso proceder de tal calibre en las acciones de la expresidenta que levanta una polvareda en Génova y precipita un inmediato pronunciamiento del Gobierno a través de varios ministerios para anunciar que no se contemplan las reformas exigidas en el acuerdo pactado por Aguirre y Adelson, y de la propia secretaria general del PP.
De poco sirve a Aguirre la filtración como “gota malaya” (procedimiento muy utilizado en la estrategia de comunicación del PP) de las condiciones que conlleva el acuerdo con el magnate, al objeto de ir generando opinión pública favorable con la coartada de los muchos empleos que generará el proyecto, propósito que no cuaja por lo infumable del mismo.
El despropósito “liberal y contranatura” de Aguirre llega a su cenit con el proyecto EUROVEGAS, al pretender el mas descabellado y despechado propósito de desarrollar un acuerdo que tira por tierra todo el entramado sociolaboral, jurídico y legal de derechos y libertades y que pone al Estado en el epicentro de una zahúrda corrupta al servicio de la mafia de guante blanco.
Algunas de las condiciones impuestas y acordadas entre Adelson y Aguirre convertirían esas instalaciones en un paraíso fiscal, laboral y jurídico, es decir en un “Estado propio dentro del propio Estado”:
Exención del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los empleados de dos años, de impuestos municipales, regionales y estatales durante 2 años y del IBI durante, al menos, 10 años.
Un aval del Estado de 25 millones de euros, que solicitara al Banco Europeo de Inversiones y que, si el negocio no prospera tendrá que pagar la administración, a lo que hay que añadir la cesión gratuita del suelo público que necesite, además de las expropiaciones que procedan (que tendrá que pagar la administración).
Exclusividad en el negocio durante 10 años, o sea, que no puede instalarse ninguna otra actividad que pueda suponer una competencia.
Modificación del Estatuto de los Trabajadores a fin de terminar con la regulación de convenios colectivos con el personal empleado y modificación de la ley de extranjería a fin de poder contratar personal extranjero que estaría sujeto a la legislación y condiciones laborales de su país de origen
Cambio de legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales, con flexibilización de los controles de entrada y salida a paraísos fiscales sin control de Hacienda.
Autorización para entrar en las instalaciones a menores de edad, circunstancias que actualmente prohíbe la ley del juego en España, o modificación de la ley antitabaco, etc.
Todas esta y otras muchas lindezas más a cambio de, si procede y las cosas van viento en popa para sus intereses: la construcción de 12 hoteles, seis casinos, tres campos de golf y nueve teatros. Y además acuerdan garantizar la reserva del suelo, las infraestructuras, la modificación legislativa, la exenciones fiscales, el aval del préstamo y demás apartados que se
han citado, que deben estar listos desde el inicio del proyecto. En el caso contrario lo abandonarían sin compromiso alguno.
Estos hechos, junto con sus fundamentos personales que no cuestiono, son a mi entender causas más que sobradas para quebrar la esperanza liberal absoluta de Esperanza.
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