El gobierno se equivoca.

Desde que el PP se alza con el gobierno tras las pasadas elecciones generales de noviembre de 2011, la política del país se ha visto marcada, por una cada vez más caótica economía, una fuerte contestación social, la convocatoria de elecciones en Cataluña que se presentan como un plebiscito independentista y la presentación de los PGE para 2013  que ha vuelto a tener una nueva contestación social en todo el territorio nacional el pasado día 7 de octubre.

Todos estos acontecimientos se producen con un gobierno que dispone de una amplia mayoría absoluta en el Congreso de Diputados y en el Senado y que sin embargo, no genera confianza alguna, credibilidad, ni suscita entusiasmo  y contribuye al descrédito de la clase política.

Por primera vez en la reciente historia democrática de España, “ésta, la actualmente gestionada por el gobierno del PP” goza de escasa simpatía entre la ciudadanía quienes al grito de: “democracia real ya”, “no nos representan”, ... muestran un descontento generalizado por la ineficacia en resolver los problemas derivados de la crisis económica, generando además un creciente malestar social asociado a las políticas de recortes que destruyen empleo, servicios públicos, empobrece a las clases trabajadoras e incrementan las desigualdades entre iguales, y todo ello genera una profunda brecha social que saca al escenario colectivo el debate independentista, el insulto institucional entre poderes del Estado “pijo ácrata” a jueces; un Estado cuasi policial represivo de libertades individuales y colectivas, genera apología contra la legalidad y la mujer “las leyes están para violarlas, como a las mujeres”  ... , acciones todas promovidas y propiciadas por el partido que sustenta al gobierno.

Hechos que se producen en un momento en que se requiere sosiego, talante y responsabilidad porque han situado al país a las puertas de un recate económico, que vista la orientación de los PGE para 2013 van a significar un mayor sa

crificio de las clases trabajadoras y un claro mercadeo del Estado donde todo está en venta y todo se compra: la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, ..., hasta la libertad de tomar decisiones sobre la vida propia.

La conclusión de todo ello es que nos encontramos ante un gobierno débil y sin horizonte, incapaz de resolver los problemas ciudadanos y si no fuera porque en tan solo nueve meses ha inyectado un profundo calado ideológico en toda su acción de gobierno, estaríamos pensando en que es un gobierno inútil, pero no, es un gobierno que sabe lo que quiere hacer, que hace lo que dice no hacer y que actúa como piensa; lo que lo sitúa en un auténtico fraude que sustenta su política en una amplia estrategia de comunicación para generar debates inexistentes y ya superados, con el firme propósito de apartar a la ciudadanía de la realidad política, social y económica del país para así, intentar mejorar su imagen y credibilidad pública ante las próximas elecciones catalanas, gallegas y vascas.

 Un gobierno democráticamente digno sometería su fraude electoral a consulta de confianza popular y convocaría un referéndum, sino, será el único responsable del incremento de la crispación social y de las consecuencias de un pueblo ninguneado, engañados y vilipendiado como legítimo propietario de la libertad, la democracia y su propio destino.