Al primer año Mariano de la democracia española no puede dársele el calificativo de “normalidad”, sino todo lo contrario. Se ha caracterizado por una cierta animadversión ideológica contra los bienes y servicios básicos, el Estado del Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía.
No ha habido segmento de la población que no se haya visto afectado por la acción involutiva del gobierno del PP y muy especial atención debe prestársele, -amén de las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal que criminaliza a la población y a las clases trabajadoras una, y condena y encarcela la otra cuan presos políticos fueran- a las medidas restrictivas que en materia de derecho y tutela judicial está planteando el ministro Gallardón
El derecho constitucional a tener amparo y tutela de los tribunales de justicia en defensa de los derechos de la ciudadanía se está restringiendo a marchas forzadas, generando con ello una indefensión de las clases trabajadoras y populares sin parangón en la historia democrática de España. La reforma del proyecto de ley de tasas judiciales es el último capítulo de la trilogía para ello, a la que los sindicatos nos oponemos, hemos reclamado y reclamamos la supresión de cualquier traba económica para garantizar un derecho sustancial hasta ahora vigente de los trabajadores y trabajadoras ante la vulneración de sus derechos por el empleador, y el incremento de tasas lo lesiona y establece graves obstáculos para que las personas trabajadoras puedan recurrir a instancias judiciales superiores.
La elevación desmedida de las tasas para los asuntos laborales hace inviable la aplicación del derecho universal a una tutela judicial gratuita, por el elevado coste de las tasas, inasumible por las trabajadoras/es, y porque el coste supera en ocasiones el importe de la cantidad reclamada.
La reforma pretendida por el Ministerio de Justicia rompe con el amparo a las trabajadoras y trabajadores ante el desequilibrio en las relaciones laborales, atenta contra la igualdad de oportunidades entre las personas empleadas y sus empleadores y certifica el desequilibrio de fuerzas a favor de los intereses empresariales contenido en la reforma laboral; que fortalece el poder de la dirección del empresario convirtiendo al trabajador en un mero vasallo de la empresa al restringir la capacidad modular de la acción de la justicia en los asuntos laborales.
Restringir el beneficio de la justicia gratuita tiene como único objetivo persuadir y desalentar a las clases trabajadoras y populares a aspirar al reconocimiento de sus derechos en vía judicial, por lo que privilegia a las clases pudientes y poderosas respecto a los más vulnerables. “Palabra del Señor, palabra del primer año Mariano”
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