El ataque del gobierno a la ciudadanía.

Las manifestaciones del Ministro de Guindos, vinculando la situación del paro y el déficit de la SS del mes de diciembre a la viabilidad económica del Estado del Bienestar no deja de ser un guiño hacia la banca y los especuladores, para que sea el pueblo el que pague el déficit acumulado como consecuencia del golpe de estado financiero ejecutado a escala mundial.

Ya las medidas adoptadas por el gobierno del PP han profundizado sobremanera en el sacrificio de la clase trabajadora y de la ciudadanía en su conjunto, metiendo la mano en los bolsillos de trabajadoras y trabajadores, de pensionistas, de las clases medias y muy especialmente de las clases populares y más vulnerables a las fluctuaciones económicas y sociales.

Las medidas drásticas puestas en marcha y las anunciadas para después de marzo, tienen como objetivo seguir llenando las arcas de banqueros, multinacionales y especuladores bursátiles, para “calmar a los mercados” como llaman “eufemísticamente” a las ansias de beneficios desmesurados sin importarles arrasar con todas las conquistas sociales conseguidas por la lucha de la clase trabajadora en el periodo democrático.

Son  solo el inicio de las medidas a adoptar, según ha explicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien, junto con la Ministra de Empleo y SS responsabilizan de esta situación al anterior gobierno acusandolo de mentirosos y de haber heredado un país en una situación de ruina económica y social por lo que según manifiestan,  tendrán que poner en marcha nuevos planes extraordinarios y no deseados que “no tenían previsto aprobar”. Eso sí, después de las elecciones autonómicas de Andalucía, último bastión de gobierno que comparte la idea de que otra política es posible más allá de sus errores y/o aciertos.

La receta es sencilla a la par que histórica, recortar a un presupuesto prorrogado y ya recortado en 15.000 millones de euros otros 8.900 millones que saldrá en un 70,23% de las rentas del trabajo, es decir de las clases trabajadoras, mientras que a las rentas del capital solo se les exige el sacrificio del 29,77%. Es decir, piden casi tres veces más sacrificio a los que menos tienen que a quienes participan de la responsabilidad de la crisis.

A esta medida la llaman recargo “temporal de solidaridad” progresivo durante dos años. Recargo sobre las rentas del trabajo que pagan en torno a un 300 % más que las del capital, dejando claro desde el principio a qué clase sirve el Gobierno del PP y poniendo de manifiesto que de cada 3 euros que ingrese el Estado, 2 salen de la clase trabajadora y se aplicará ya en la nómina de febrero.

Medidas que atentan claramente contra los más vulnerables y los más débiles, que son quienes más necesitan de la generosidad y la solidaridad del Estado suprimiendo los 210 euros de ayuda al alquiler de viviendas, congelando el salario mínimo en 641,40 Euros, el segundo más bajo de Europa después de Portugal, congela los sueldos de los empleados públicos y aumenta la jornada laboral sin tener en cuenta que la mayoría son mileuristas. Suspende las oposiciones a la Administración Pública con pequeñas excepciones, o, recortan en un 20 % las aportaciones a la Ley de Dependencia.