La supresión de las primas a la energía renovable es un ataque frontal para el cambio de modelo productivo que necesita España y rompe con el compromiso de cumplimiento de los objetivos de renovables fijados para 2020 y con los compromisos europeos, amén de poner en riesgo a cientos de miles de puestos de trabajo.
Esta decisión pone al descubierto, la apuesta del Gobierno por mantener un modelo productivo expansivo en mano de obra, especulativo en lo económico y de escaso valor añadido. El ladrillo y las nucleares están en la identidad milagrosa para el empleo, como en la época de Aznar.
A España, Andalucía y Huelva con esta decisión se le hurta la posibilidad de convertirse en potencia mundial en generación de energía renovable, no ya para el consumo interno, que también, sino para la venta al resto de Europa y del mundo. Y a Huelva en particular, se le estrangula la posibilidad de cogeneración energética de la industria química que utilizan para sus propios procesos internos, por lo que una vez más, el empleo más estable, de mejor calidad y de mayor valor añadido queda en entredicho por la afición expansiva y especulativa del Gobierno.
Justificar la retirada de la prima a las renovable en la afirmación de que España no es deficitaria en energía y se garantiza el consumo necesario, es una temeridad, por no llamarlo desvarío, cuando España tiene una dependencia energética superior al 80% de la energía consumida con terceros países y, justificar la medida para contribuir a la reducción del déficit público, no deja de ser un eufemismo más a los que nos tienen acostumbrados, ya que actualmente el déficit lo financian las empresas eléctricas, aunque son los consumidores los que lo pagan a través de los recibos de luz, por lo que no tiene relación con el déficit público, ni con las cuentas del Estado. Consecuencia de esta medida, será un incremento sustancial del coste de la luz por consumo en los recibos.
En mi opinión, es tan desafortunada la medida que no contenta a nadie, ha conseguido el Gobierno una posición unánime de los agentes sociales y de la sociedad en su conjunto. Todas las partes sin excepción, comparten la crítica a la medida. La Asociación de Industrias Fotovoltaicas, califica la medida de sorprendente, injusta e incomprensible. La termosolar, la califica de errónea ya que las renovables no contribuyen al déficit público, sino al contrario, crea empleo y contribuye al PIB. Y la Eólica, considera que se pone en riesgo al sector y todo el trabajo realizado ya que entienden, que solo quedan unos años para que sean competitivas y este parón las puede inviabilizar.
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