Mirando atrás descubriremos el futuro de la crisis... (continuación)

….Europa necesita con urgencia cambiar de rumbo y la CES propone para ello:

Ampliar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), recortar los tipos de interés y ayudar a los países en dificultades a reestructurar sus deudas. Los bonos de FEEF debería garantizarse de forma conjunta por toda la UE y las duras condiciones revisadas para posibilitar el crecimiento.

Habría que convertir los bonos FEEF en eurobonos para crear un único mercado de deuda soberana que elimine algunas de las grandes diferencias en el coste de financiación de la deuda pública.

Los mercados financieros no solo necesitan supervisión, sino una regulación efectiva. La introducción de impuestos a las transacciones financieras es necesaria. La práctica de la venta al descubierto debe ser prohibida (la especulación financiera). Las calificaciones crediticias de los Estados deberían ser asumidas por el BCE y/o por por una agencia pública de calificación europea independiente. Todos los productos financieros deberían ser evaluados para garantizar que hacen una verdadera contribución a la economía. Debería erradicarse los paraísos fiscales y los mecanismos utilizados para evadir el pago de impuestos.

La UE debe impulsar un importante programa de inversiones por valor del 1% del PIB para hacer frente al desempleo, para mejorar la estructura industrial y las infraestructuras para reducir las emisiones de efecto invernadero (red de electricidad inteligente, energía sostenible, transición tecnológica y social a una economía baja en carbono...) Esto implica una revisión del horizonte temporal para las perspectivas de saneamiento de las finanzas públicas permitiendo a los estados alcanzar el déficit del 3% en 2016-17.

Los bajos salarios, junto con la practica de pagar menos de un salario igual por trabajo de igual valor a los migrantes y a las mujeres, deben ser suprimidos de la economía. Es urgente evaluar los efectos del Pacto del Euro Plus sobre los salarios, ya que es muy probable que introduzca un elemento de competitividad salarial. Habría menos turbulencia financiera sin la política de bajos salarios, trabajo precario y la redistribución de los ingresos hacia los sectores más ricos de la sociedad, acumulando así ahorros excesivos que proporcionan insostenibles burbujas de activos.

Se necesita en Europa nuevas fuentes de financiación y hacer frente a la competencia fiscal. Los Estados miembros podrían comenzar a gravar las transacciones financieras, las grandes fortunas, los beneficios empresariales que no se utilizan para la reinversión, o a quienes abusan de los contratos precarios. Los beneficios fiscales y las rentas del capital podrían fortalecer los ingresos fiscales y parte de ellos, podría ser trasladado a un presupuesto europeo más sólido que permita a Europa cumplir con los pagos de la deuda.

Hoy, cuatro años después del estallido de la crisis económica y de la conflictividad social, Europa comienza a dar pasos para cambiar la orientación neoliberal de sus decisiones que la ha llevado a una renuncia tácita del modelo Social y de Derecho europeo que ha sido referencia para las sociedades más avanzadas del planeta, y comienza a vislumbrase una nueva deriva política iniciada con el triunfo de la socialdemocracia en Francia y los vestigios en las elecciones territoriales de Alemania que deben posibilitar alcanzar el horizonte del sosiego económico, el crecimiento y el empleo y desterrar definitivamente la austeridad mal entendida, los recortes de derechos y la deflación de los salarios como la solución verdadera a los problemas.

Mirando atrás descubriremos el futuro de la crisis.

Desde que estalló la crisis de la deuda soberana griega gracias al maquillaje contable del actual presidente del BCE, (2º semestre de 2010) la UE vive obsesionada con el apoyo del euro poniendo a disposición de los Estados miembros con dificultades fondos condicionados a una estricta austeridad (Grecia. Portugal. Irlanda...).

Para organizar los rescates han sido precisos crear mecanismos permanentes para la gobernanza económica como el pacto del Euro Plus, por no tener autoridad legal para ello. Mecanismo que ha supuesto un cambio en el Tratado de Lisboa y que ha roto con toda obligación en materia de cohesión social y de diálogo social subrogándose con ello la UE competencias en materia salarial, que no tienen.

Los sindicatos adscritos a la CES (entre ellos UGT) han sido muy críticos con las restricciones de las ayudas, que más que ayudas parecen un castigo porque matan el crecimiento y el empleo en los países afectados. Imponen recortes de salario en el sector público, en el SMI, en los servicios públicos, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo e ignoran la obligación de respetar los derechos fundamentales, en atención al sometimiento del control de los salarios, las pensiones y la austeridad obligados por el Pacto del Euro Plus.

Desde entonces, la cesión de soberanía de los Estados en favor de la UE de Merkel/Sarkoshy no ha sido cuestionada y cuando ello ha ocurrido, la TROICA se ha encargado de eliminarla de inmediato.

Reforzar la gobernanza económica subyace en todas estas decisiones, en virtud de la cual está previsto que los países de la eurozona y otros Estados miembros discutirán a nivel europeo los presupuestos nacionales, así como los Planes Nacionales de reformas. Cada Estado miembro tendrá que explicar cómo se incluyen las recomendaciones de la UE en sus propios Programas de Estabilidad y Convergencia, por lo que a pesar de las normas de gobernanza económica, los países tienen margen para que los Planes Nacionales de Reformas no tengan que estar centrados en el abandono del crecimiento económico. Los peligros son múltiples, amen del sometimiento de los parlamentos nacionales a las autoridades europeas, pueden obligarlos a tomar decisiones orientadas a un aumento del desempleo, impulsar reformas que hagan que el trabajo compense el equilibrio económico y hacer los mercados laborales más flexibles, todo ello poniendo en riesgo la Europa social.

El Pacto por el Euro Plus ha supuesto un examen de las modalidades de fijación de los salarios, de la centralización de la negociación colectiva, además de ordenar reformas del merado laboral para promover la flexiguridad y limitar los sistemas de jubilaciones anticipadas. Los costes de los salarios unitarios serán revisados para comprobar que evolucionan en consonancia con la productividad. Y los salarios en el sector público deben también apoyar la competitividad del sector privado. En definitiva, solo el equilibrio de costes a partir de los salarios y nada sobre las crecientes desigualdades, la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, o la avaricia indecente de ejecutivos y dirigentes de banca. (Los salarios se convierten en el principal instrumento de ajuste. Al no poder devaluarse la moneda se devalúa el salario en forma de recortes). Tampoco existen compromisos para la introducción de impuestos a las transacciones financieras y las emisiones de eurobonos.

El nuevo proceso emprendido de gobernanza económica es la coartada perfecta para supuestamente detectar, prevenir y corregir los desequilibrios excesivos utilizando como indicador el “tipo de cambio real, que compara la variación de los costes salariales unitarios de la economía de cada uno de los países miembros con la variación media de los costes salariales y los tipos de cambios en las 35 economías avanzadas. Es ahí donde se encuentra gran parte de la trampa del proceso, porque entre las 35 economías más avanzadas solo cinco lo son de la eurozana y el resto lo son de países donde el nivel de crecimiento es muy elevado en claro contraste con los derechos laborales (China. India. Brasil. Rusia....)

Si este indicador económico envía una señal de aviso de que los costes salariales se salen demasiado de la línea, se inicia un proceso de seguimiento muy exhaustivo de la economía del País, acompañado de un proceso de advertencias y recomendaciones políticas que terminan siendo de obligado cumplimiento, y en caso de que haya grave desequilibrio o riesgo de amenaza de la moneda única el país puede ser declarado en riesgo excesivo y las recomendaciones pasarán a ser instrucciones específicas y a sanciones en caso de incumplimientos, llegando a retirar los fondos estructurales que puedan corresponder al país.

El rumbo al que obliga la gobernanza económica europea está siendo destructivo para las economías de los países periféricos al asimilar el rescate a la sanción y no a la ayuda real. Países como Gracia, Portugal, Irlanda y actualmente España e Italia lo están padeciendo y de no rectificar, será extraordinariamente complicado rescatar la senda del crecimiento y del empleo.

Resistencia y reacción como obligación responsable.

… bien podría ser una continuación de mi artículo “la solución está en Europa”, al mismo tiempo que la justificación del papel que los sindicatos de clase jugamos en esta coyuntura económica, a diferencia de los sindicatos corporativos.

Ante la situación financiera, económica, política, social en general y ante la estrategia reformista en particular del gobierno del PP que está produciendo un profundo cambio ideológico en el modelo socioeconómico de España, los sindicatos de clase debemos utilizar todos los medios democráticos a nuestro alcance para atacar de frente las políticas de recortes que están produciendo recesión económica y para que el gobierno escuche el clamor de las clases trabajadoras y de la ciudadanía en general.

Las actuales Gobernanzas económicas y del euro en la UE imponen unas políticas nefastas para la salida de la crisis de países como Grecia, Irlanda, Portugal, Italia o la propia España intervenida de derecho por mucho que se pretenda enmascarar llamándola “línea de crédito para los bancos” …, por lo que la presión sindical y la reacción social deben obligar al gobierno a incluir en sus estrategias, referencias claras al crecimiento y al empleo, a la cohesión, al fortalecimiento del diálogo y la interlocución social, porque sin diálogo no hay democracia y no hay progreso. Sin embargo, a pesar de los tres largos años de lucha sindical y ciudadana nada de estos propósitos se han logrado, por lo que está sobradamente justificado un avance en la ofensiva contra los recortes en derechos antes de que sean irreversible.

El compromiso sindical de la UGT es firme con un modelo social dinámico, justo, plural, igualitario, dialogante y democrático; donde el empleo digno, el crecimiento sostenible, la igualdad de oportunidades y los derechos fundamentales son el núcleo central de toda nuestra acción sindical. Por tanto, para los valores que representa la UGT es incuestionable la protección de las minorías, el estado del bienestar, la lucha por un mundo mejor y más justo, por una Europa social con normas comunes que eviten la degradación de la dignidad laboral y social y la promoción de la solidaridad. Por ello, no cesaremos en el empeño de que el gobierno del PP en España asuma la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, tan cuestionada con las reformas emprendidas.

Los cambios impulsados por el Gobierno del PP son de tal calado que no pasan desapercibidos absolutamente a nadie. No hay ciudadano/a que no se sienta agredido/a y agraviado/a con las reformas en marcha. No hay ciudadano/a alguna en España que tenga garantizado poder desarrollar su proyecto de vida, o simplemente que sea más feliz que en fechas pasadas no muy lejanas, situación propicia para promover un gran Frente Social de rechazo a las políticas de un gobierno insensible con los derechos de ciudadanía. En Huelva así lo hemos entendido y hemos conformado un Frente Social compuesto por una veintena de organizaciones y colectivos sociales en torno a un MANIFIESTO SOCIAL DE PROGRESO firmado en fechas recientes, quienes junto con CCOO y  la UGT han convocado una manifestación para el próximo día 20 de junio bajo el lema “¡NO TE CALLES! DEFIENDE TUS DERCHOS. El sindicalismo de clase con estas acciones demuestra la capacidad para afrontar los problemas y dificultades de las clases trabajadoras y de ciudadanía en general.

Trabajamos y trabajaremos para erradicar la estrategia de la austeridad como única acción de gobierno y para que se produzcan cambios en la gobernanza económica actual porque de no ser así, agravará la recesión económica persistente, el crecimiento y el empleo y con ello se daña el futuro de la sociedad española. Al apostar solo por la austeridad  sin tener en cuenta la cohesión social o la recuperación del crecimiento, la UE seguirá convertida en el principal obstáculo para el progreso social y económico, por lo que debemos por todos los medios democráticos promover alianzas y Pactos Globales en los Estados miembros para que se produzca un profundo cambio en la orientación de estas políticas.

En este sentido, la Francia de Hollande  junto a las expectativas creadas por la socialdemocracia alemana abren un hueco de esperanza y de revulsivo para encaminar a la vieja Europa hacia la senda de la cordura política y del interés general  de la Unión, no del predominio y de la hegemonía interpretada de la Alemania de Merkel.

La UGT ha mantenido desde siempre la idea de que la austeridad entendida solo como ajuste del déficit no es una buena estrategia para el crecimiento, pero que además en situación de recesión económica como la que vivimos en España, empeora aún más la propia recesión. Esta fue una lección bien aprendida en las crisis financieras de los años treinta, que después de un largo periodo de austeridad y de recesión económica, se cambió el rumbo de la política hacia el crecimiento, la inversión pública, el estímulo al consumo y más Estado para proteger a los más vulnerables y para ser dueños del destino propio. Con este cambio de rumbo se salió de la crisis fortalecido. Parece y es inquietante, que los gobiernos europeos y muy especialmente el del PP en España prefieran olvidar la lección de la historia y se muestren más interesados en establecer sanciones a los países y administraciones con problemas, que en prestarles ayuda a través de una auténtica gobernanza económica y social. Mientras tanto, se produce una enorme desigualdad entre quienes pierden su empleo y su solvencia económica en relación a quienes más tienen y a los ejecutivos de los bancos, hasta los ya jubilados, que vuelven a sus negocios y a sus primas.

Atando cabos.

Ayer se consolidó la petición a la UE del rescate de España, que no a la banca española y lo explicaré.

Una vez más de Guindos actúa como portavoz del gobierno del PP y se esmera en llamarlo una y otra vez, “préstamo favorable o blando a la banca española” de la UE ( BCE, Fondo de estabilidad presupuestaria, …). Y una vez más Mariano, el ya conocido como “el Rajao invisible español” no dio la cara ante su país, y parece que hoy día 10 de junio disfrutará desde Polonia del juego del equipo español de fútbol en su interpretación particular de dar un mensaje de confianza, normalidad y tranquilidad. Yo la calificaría como cobardía vergonzosa, o vergonzosa cobardía.

¿Qué conocemos hasta ahora del rescate solicitado? Poca cosa. Que puede llegar hasta los 100.000 millones de € (17 billones de las antiguas pesetas), que hay que pagarlo a un interés supuesto del 3%. Hasta ahí se conoce.

¿Qué interrogantes están pendientes de conocerse? Ni más, ni menos que las condiciones específicas de la devolución y los avales exigidos al solicitante, el Reino de España para garantizarse Europa el pago del préstamo con sus intereses.

¿Por qué se le piden avales a España y no a los bancos que son los supuestamente rescatados? Precisamente por eso. Son los supuestos rescatados porque no tienen liquidez para hacer frente a sus compromisos contractuales, … carecen de economía y se les presta dinero para que puedan ir tirando, pero ¿podrán devolverlo? Esta interrogante hace que la garantía de pago sea avalada por el Estado

¿Y España, tiene margen y confianza institucional suficiente para garantizar el pago del rescate?

Es en este punto donde comenzaré a atar cabos para intentar construir una hipótesis que nos lleve a la conclusión de que el rescate real no es a la banca española, sino a la Real España.

Tenemos una economía en recesión, crecemos al -1,7% del PIB este año y las previsiones de crecimiento para 2013 dan una nueva contracción del 0,8% de la economía. En estas circunstancias se está produciendo una importante fuga de capitales (90.000 millones de € solo en marzo), están congeladas las inversiones públicas y privadas, la destrucción de empresas y empleo es galopante, no existe economía productiva, se ha empobrecido a las familias hasta límites insospechados, se ha paralizado el consumo interno, … y ya no queda entidades ni familias con solvencias suficientes a quienes darles créditos, salvo a la economía especulativa que no redunda en desarrollo socioeconómico y por tanto, no sugiere respuestas a los problemas de crecimiento y del modelo productivo, por lo que se seguirá profundizando aún más en los males que padece nuestra economía.

En estas condiciones sería en mi opinión, un atrevimiento aventurado decir que los bancos van a generar negocio suficiente para pagar el préstamo y sus intereses a las Instituciones Financieras Internacionales y al mismo tiempo saciar la avaricia del accionariado.

¿Y España, tiene margen para hacer frente a las condiciones del rescate? Objetivamente parece que no, pero algo se ha tenido que comprometer a la UE para solicitar el rescate y que irán entregándonos por fascículos el Gobierno del PP para que no sea tan dolorosa la asimilación de sus consecuencias.

Siguiendo atando cabos. En 2012 el ajuste del déficit presupuestario ha supuesto un recorte en el PGE entorno a 42.000 millones de €. Para 2013 de persistir la cerrazón de Mariano “el Rajao invisible español” para alcanzar el objetivo del déficit previsto al 3%, la reducción presupuestaria rondaría los 60.000 millones de €; con esta cifras objetivamente no parece posible que haya margen presupuestario suficiente para pagar los 17 billones de las antiguas pesetas con sus correspondientes intereses. Por lo que existe ya una amplia batería de sugerencias por parte de la UE (Merkel y el BCE)  que Mariano, supuestamente ya ha comprometido en el besamanos de su Firher.

Sugerencias todas hechas públicas en diferentes medios de comunicación y que van en la línea de: anticipar el objetivo en el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, establecer la vida laboral completa como base de cotización para el cálculo del salario de las pensiones y jubilaciones, bajar las bases de cotización para reducir los salarios de jubilados/as y pensionistas, reducir las prestaciones por desempleo y las políticas sociales protectoras de los más vulnerables a quienes consideran –no productivos-  y la sugerencia estrella, con la que atiende las inquietudes de la CEOE, la OCDE, EL Gobernador del BE y del BCE de reducir el volumen de empleo en las administraciones públicas hasta un 15% de su peso sobre el PIB de España. Sugerencia esta, confirmada por el ministro Montoro en una conferencia con el empresariado catalán en fechas recientes a quienes dijo: “en este país se acabó el privilegio de tener un empleo estable por el simple hecho de haber aprobado unas oposiciones”; para más tarde continuar diciendo “que el gobierno ya está trabajando en las reformas necesarias”.

Con esta sugerencia atamos el cabo principal, que no es otro que más pronto que tarde, nos presentará la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para hacer posible el despido masivo del funcionariado como ya lo han hecho vía reforma laboral con el personal laboral de las administraciones públicas.

Todas estas sugerencias, medidas después, las repercutirán sobre el conjunto de la ciudadanía, sobre el conjunto de todas las administraciones públicas y especialmente sobre las competencias de las Comunidades Autónomas, para con ello desarticular la capacidad política de las mismas y así dibujar un mapa administrativo de España inyectando el modelo ideológico que el PP tiene del Estado. Modelo de Estado que en nada se corresponde con el actual consagrado en nuestra Constitución,  que no es la suya, baste recordar que el PP, anterior AP, no votó la Constitución Española del 78.

Cada uno que saque las conclusiones que estime oportunas pero, en mi opinión se ha normalizado el rescate de derecho de España.

La solución está en Europa.

No es novedoso afirmar que vivimos tiempos difíciles y convulsos, excepcionales diría yo, no solo en España y en Europa sino en todo el planeta. Hechos acaecidos recientemente como el terremoto y posterior tsunami en Japón, puso de manifiesto la fragilidad ante lo imprevisto y la excesiva dependencia, en este caso energética de fuentes finitas, peligrosas y agresivas medioambientalmente, y hasta de los instrumentos de poder político y económico de los que adolecemos.

La primavera árabe y las revoluciones en África contra los regímenes corruptos, dictatoriales y brutales conllevan problemas adicionales en relación a los refugiados y las migraciones masivas hacia Europa, por lo que se hace preciso disponer de una estrategia para la inclusión social y laboral, sin embargo se ha legislado cada vez con mayor escapismo humanitario restringiendo los derechos humanos universales. Estas políticas en España se han visto agudizadas al  aniquilar la posibilidad de seguir profundizando en el desarrollo de energías renovables y alternativas con la retirada de las primas al consumo energético y criminalizar a los inmigrantes sin papales sacándolos fuera del sistema público sanitario y de protección social, negando de esta manera los derechos humanos y de ciudadanía.

La crisis financiera provocada por la codicia irresponsable y sin control de los bancos sometiendo el modelo económico al capital financiero, es la causante de la deuda soberana y con ella llega la crisis económica, social y política que vivimos que ha provocado paro, austeridad, recortes, trabajo precario, empobrecimiento de las familias, de la sociedad y hasta de la democracia y que ha transferido soberanía de los Estados hacia instituciones no democráticas. Todo ello recae fundamentalmente sobre las clases trabajadoras, pensionistas y jubilados, quienes están pagando un altísimo precio mientras que los causantes financieros de la crisis siguen disfrutando de salarios y bonificaciones fiscales indecentes.

Mientras que la UE no para de mirar el ombligo de Alemania y de Angela Merkel, en el resto del mundo se produce un fuerte crecimiento económico sustentado fundamentalmente en una abundante mano de obra barata y fácil movimiento de capitales y en la combinación de austeridad -que no recortes-  con inversión en crecimiento y con normas que estabilicen y racionalicen los mercados para convertirlos en productivos (casos de Islandia y EE UU). La lucha de la UE por seguir siendo competitivos es un reto complicado de futuro porque no se orienta en la dirección adecuada. Para encontrar el crecimiento y el empleo decente no se puede competir desde el abaratamiento de la mano de obra, no se puede competir sometiendo todos los esfuerzos en restablecer la confianza de los mercados despreocupándose de la capacidad productiva de nuestro tejido y modelo económico y productivo.

Todo lo que hasta ahora está imponiendo la UE ha sido un gran error que ha ocasionado recesión económica y el rescate fallido de varios países en lugar de ayudarlos realmente a recuperarse. Los mal llamados rescates han recortado los salarios y las pensiones para dar mayor flexibilidad a los mercados laborales con el propósito de garantizar unos ingresos más altos y lo único conseguido con esta estrategia ha sido el estancamente del consumo interno, e empobrecimiento social y económico y  el aumento del déficit público.

El fácil argumento de que las reformas realizadas son necesarias para proteger el euro y restablecer el crecimiento está quedando en entredicho desde la victoria de Hollande en Francia, y ahora se está iniciando una corriente de pensamiento coincidente con lo que venimos planteando desde 2008 y que explícitamente consistía en reclamar más Europa, más democracia dialogada y participada con los interlocutores sociales, más compromisos específicos sobre los eurobonos y los impuestos  sobre transacciones financieras. Sin embargo hasta ahora, se ha optado por una gobernanza económica que resta soberanía de hecho a los Estados, infringe los Tratados referentes a políticas salariales y de negociación colectiva y ataca a la Europa social.

Cuatro años de un retraso inaceptable que están acabando con todo y sobre los que debe exigirse responsabilidades más allá de las políticas, porque Europa puede acabar con una profunda crisis política y social como consecuencia del descontento ciudadano creciente. La gente está decepcionada, cansada e indignada a la vez por las recompensas para altos cargos y directivos bancarios (España es un claro ejemplo de ello) en contraste con la austeridad a la que se somete a la mayoría de la ciudadanía.