Desde
que estalló la crisis de la deuda soberana griega gracias al
maquillaje contable del actual presidente del BCE, (2º semestre de
2010) la UE vive obsesionada con el apoyo del euro poniendo a
disposición de los Estados miembros con dificultades fondos
condicionados a una estricta austeridad (Grecia. Portugal.
Irlanda...).
Para
organizar los rescates han sido precisos crear mecanismos permanentes
para la gobernanza económica como el pacto del Euro Plus, por
no tener autoridad legal para ello. Mecanismo que ha supuesto un
cambio en el Tratado de Lisboa y que ha roto con toda obligación en
materia de cohesión social y de diálogo social subrogándose con
ello la UE competencias en materia salarial, que no tienen.
Los
sindicatos adscritos a la CES (entre ellos UGT) han sido muy críticos
con las restricciones de las ayudas, que más que ayudas parecen un
castigo porque matan el crecimiento y el empleo en los países
afectados. Imponen recortes de salario en el sector público, en el
SMI, en los servicios públicos, en las pensiones, en las
prestaciones por desempleo e ignoran la obligación de respetar los
derechos fundamentales, en atención al sometimiento del control de
los salarios, las pensiones y la austeridad obligados por el Pacto
del Euro Plus.
Desde
entonces, la cesión de soberanía de los Estados en favor de la
UE de Merkel/Sarkoshy no ha sido cuestionada y cuando ello ha
ocurrido, la TROICA se ha encargado de eliminarla de inmediato.
Reforzar
la gobernanza económica subyace en todas estas decisiones, en virtud
de la cual está previsto que los países de la eurozona y otros
Estados miembros discutirán a nivel europeo los presupuestos
nacionales, así como los Planes Nacionales de reformas. Cada Estado
miembro tendrá que explicar cómo se incluyen las recomendaciones de
la UE en sus propios Programas de Estabilidad y Convergencia, por lo
que a pesar de las normas de gobernanza económica, los países
tienen margen para que los Planes Nacionales de Reformas no tengan
que estar centrados en el abandono del crecimiento económico.
Los peligros son múltiples, amen del sometimiento de los parlamentos
nacionales a las autoridades europeas, pueden obligarlos a tomar
decisiones orientadas a un aumento del desempleo, impulsar reformas
que hagan que el trabajo compense el equilibrio económico y hacer
los mercados laborales más flexibles, todo ello poniendo en riesgo
la Europa social.
El
Pacto por el Euro Plus ha supuesto un examen de las modalidades de
fijación de los salarios, de la centralización de la negociación
colectiva, además de ordenar reformas del merado laboral para
promover la flexiguridad y limitar los sistemas de jubilaciones
anticipadas. Los costes de los salarios unitarios serán revisados
para comprobar que evolucionan en consonancia con la productividad.
Y los salarios en el sector público deben también apoyar la
competitividad del sector privado. En definitiva, solo el
equilibrio de costes a partir de los salarios y nada sobre las
crecientes desigualdades, la brecha cada vez mayor entre ricos y
pobres, o la avaricia indecente de ejecutivos y dirigentes de banca.
(Los salarios se convierten en el principal instrumento de ajuste. Al
no poder devaluarse la moneda se devalúa el salario en forma de
recortes). Tampoco existen compromisos para la introducción de
impuestos a las transacciones financieras y las emisiones de
eurobonos.
El
nuevo proceso emprendido de gobernanza económica es la coartada
perfecta para supuestamente detectar, prevenir y corregir los
desequilibrios excesivos utilizando como indicador el “tipo de
cambio real, que compara la variación de los costes salariales
unitarios de la economía de cada uno de los países miembros con la
variación media de los costes salariales y los tipos de cambios en
las 35 economías avanzadas. Es ahí donde se encuentra gran parte de
la trampa del proceso, porque entre las 35 economías más avanzadas
solo cinco lo son de la eurozana y el resto lo son de países donde
el nivel de crecimiento es muy elevado en claro contraste con los
derechos laborales (China. India. Brasil. Rusia....)
Si
este indicador económico envía una señal de aviso de que los
costes salariales se salen demasiado de la línea, se inicia un
proceso de seguimiento muy exhaustivo de la economía del País,
acompañado de un proceso de advertencias y recomendaciones políticas
que terminan siendo de obligado cumplimiento, y en caso de que haya
grave desequilibrio o riesgo de amenaza de la moneda única el país
puede ser declarado en riesgo excesivo y las recomendaciones pasarán
a ser instrucciones específicas y a sanciones en caso de
incumplimientos, llegando a retirar los fondos estructurales que
puedan corresponder al país.
El
rumbo al que obliga la gobernanza económica europea está siendo
destructivo para las economías de los países periféricos al
asimilar el rescate a la sanción y no a la ayuda real. Países
como Gracia, Portugal, Irlanda y actualmente España e Italia lo
están padeciendo y de no rectificar, será extraordinariamente
complicado rescatar la senda del crecimiento y del empleo.
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