El
próximo reto comprometido por el Presidente del Gobierno con la
Troika, es abordar con urgencias las llamadas reformas estructurales
y reducir el déficit en 37.000 millones de euros en los próximos
dos años de los cuales, 8.000 corresponden a la Reforma de las
Entidades Locales (EE LL) y 6.500 millones saldrán de la Reforma de
las Administraciones Públicas (AA PP) y sin coste en empleo; el
resto saldrá de la subida de impuestos, de los salarios de las/os
trabajadores y de las/os pensionistas. Objetivo a todas luces
imposible de alcanzar sin generar más sufrimiento y empobrecimiento
de las clases trabajadoras y populares (las clases medias las han
eliminado), porque la Iglesia, la grandes fortunas y los beneficios
desaforados de las grandes Corporaciones Financieras y Empresariales
son intocables para este Gobierno.
En
este contexto y en la convicción ideológica de que hay que
transformar el modelo de Estado Constitucional, es donde se originan
las reformas de las EE LL y de las AA PP. Es un paso definitivo hacia
la Administración Única “La España Única” anhelada por el
Presidente fundador del PP Sr. Fraga y en el ADN de la derecha
Española. Una derecha que ahora se apropia del espíritu
constitucional, del discurso moderado y del respeto a las
Instituciones cuando no ha hecho una sola concesión en la transición
a la democracia, primero como AP y actualmente como PP. Se impuso una
jefatura de Estado heredada del Dictador. Apostaron y apuestan por el
fortalecimiento del Concordato con la Santa Sede a pesar de la
laicidad declarada del Estado y ahora rescatan con sus reformas, la
recentralización del Estado pasando del la España de las Autonomías
a la “España Única”. No votaron la Constitución porque no
creían en el modelo de Estado social, democrático, de derecho y
plural que se estaba dibujando.
Con
la reforma de las AA PP y sus 217 medidas se inicia el proceso de un
profundo cambio del modelo de Estado sin articular el consenso
necesario que estableció el proceso constituyente y supondrá una
reforma en cubierta de la propia Constitución, ya que se legisla
sobre la esencia de la democracias y de la capacidad de decidir de la
ciudadanía.
Son
217 medidas que afectarán especialmente a las Comunidades Autónomas
y a su derecho de organización en virtud de los respectivos
Estatutos, pero eso sí, sólo serán recomendaciones que las propias
Comunidades Autónomas decidirán, o no su aplicación, pero ésta
será básica para las futuras relaciones bilaterales con el
ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas especialmente en
lo relativo a la financiación de las CC AA. En función de las
medidas adoptadas, el Estado se reserva la potestad de orientar la
financiación, lo que es lo mismo, que despidan a empleados/as
públicos las Comunidades Autónomas porque esa losa no está
dispuesto el Gobierno a asumirla después de haber generado más de
1.200.000 desempleados/as con la reforma laboral, estar prevista la
perdida de empleo de más de 300.000 empleados/as públicas con la
reforma de las EE LL, o haber reducido el salario casi un 8% de media
a las/os trabajadores del País. El Gobierno pretende que los/as
empleados/as públicos del Estado que se vean afectados por alguna de
las medidas, se despidan solos porque no acepten la movilidad
geográfica que pueden proponerles, por ejemplo, a un/a funcionario/a
con 55 años de Huelva, le ofrecen un puesto en Vitoria porque su
departamento ha desaparecido y lo que hay está en Vitoria: lo toma,
o lo deja.
217
medidas que van dirigidas a reducir democracia. Restringe el derecho
de expresión de las minorías al reducir el número de escaños de
los Parlamentos (aunque la decisión sea de la Comunidad Autónoma),
con lo que sólo beneficia a los grandes partidos y busca consolidar
el bipartidismo como modelo democrático. En el mismo sentido,
cercena la participación democrática de la sociedad civil a la que
deja sin herramientas colectivas de participación y protección
ciudadana haciendo desaparecer los Defensores del Pueblo, los
Tribunales de Cuentas, o el Consejo de la Juventud de España, …,
con lo que definen como base de las relaciones sociales y humanas el
individualismo y la competitividad donde los débiles serán
claramente los perdedores, y que incide directamente en la cultura
social española, basada en la profunda convicción de generar redes
sociales de participación, apoyo mutuo y solidaridad, que hace
posible hoy que no se haya producido un verdadero estallido social en
las actuales circunstancias de falta de igualdad y oportunidades.
217
medidas que rompen con el principio de cercanía que debe presidir
las relaciones entre administraciones y administrados, quienes van a
ver muy lejanas las soluciones a sus problemas. No todas las familias
españolas son familias estructuradas, formadas o con recursos, más
bien todo lo contrario, la mayoría de ellas carecen de poder
adquisitivo. La cercanía es un valor a no tener en cuenta por esta
reforma y doblemente castigada, porque a la par que suprimen el
transporte ferroviario de cercanía, único medio de viaje en muchos
pueblos rurales de España, alejan la administración y la solución
de los problemas ciudadanos.
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