Reflexión en el 12 Congreso de la UGT Huelva

Hay quien dice que la historia es nuestra memoria. Y de historia y de memoria sabe mucho la UGT, un Sindicato centenario con un recorrido a caballo entre tres siglos. El Siglo XIX, donde en 1888 tuvo su origen. El Siglo XX, en el que tocó sobrevivir a dos guerras mundiales y a un asesino Golpe de Estado contra la democracia y la voluntad del pueblo, que ocasionó cientos de miles de bajas y un interminable reguero de sufrimiento que duró 40 años, y que aún hoy, 77 años después, seguimos anhelando el deseo del derecho a la memoria parar dignificar el paso de la historia a aquellas familias que aún intentan comprender el por qué de la condición humana. Y trece años del siglo XXI en el que nos proponemos mantener las conquistas sociales como patrimonio exclusivo del pueblo y de las clases trabajadoras. 

He querido comenzar de esta manera mi saludo por dos razones:   

Primero, porque el próximo día 8 de agosto celebramos el 125 aniversario de la UGT. 125 años de sindicalismo, de lucha por la libertad y la dignidad del ser humano. 125 años de lucha por la justicia social que creíamos alcanzada y que la avaricia, el egoísmo y la codicia desmedida del capitalismo vuelve a situar en el albur de la revolución industrial del S XIX.  

En segundo lugar, porque cuando iniciamos el 11 Congreso de la UGT Huelva en octubre de 2009, a tenor de las intervenciones que se produjeron y de las resoluciones y documentos que aprobamos, se vislumbraban los tiempo actuales. Quizás porque en abril de aquel año, la Cumbre del G 20 celebrada en Londres consagraba el reconocimiento de que nos encontrábamos en una crisis global del sistema capitalista, o tal vez ante una estafa global y planificada del propio sistema.  

 

Por ello he querido comenzar mi saludo haciendo un reconocimiento explícito a la trascendencia de la historia, que es nuestra memoria y si la perdemos, se pierde un enorme capital histórico que vamos a necesitar para saber interpretar la realidad que hoy vivimos.

No es posible entender el trabajo de la UGT H en estos últimos años, sin referirnos a la dichosa Cumbre del G 20, porque el mensaje político que de ella se transmitió fue: “que el consenso social sobre el que se construyó Europa había concluido, y que nos situábamos en la antesala de un nuevo rumbo social como consecuencia de la globalización” a pesar de que el propósito de la Cumbre era, anticipar soluciones a los problemas que ya estaban identificados. Pero sin embargo, se advertían muchas dudas porque en lugar de construir una nueva arquitectura financiera, donde se encuentra el origen de la crisis, se encarga su rehabilitación a los mismos que la crearon. 

Hoy lamentamos que la evolución de los acontecimientos y de las decisiones adoptadas  hayan convertido la crisis financiera en una profunda crisis económica generalizada y de tal dureza, que ha degenerado en una crisis laboral, social, institucional y quizás hasta ideológica que está imponiendo un nuevo marco social, con menos derechos, menos justicia social, menos libertad y menos democracia. 

En mi opinión, en abril de 2009 se produce el punto de inflexión que condiciona toda la economía mundial, pervierte la voluntad política de los gobiernos y se cede soberanía de los Estados a  los mercados, produciendo con ello una extraordinaria mutación de la crisis bancaria a la crisis de deuda que aún hoy amenaza con llevarse por delante al euro y el proyecto de construcción europea.  

Las dudas sobre la moneda única se traducen en presiones especulativas sobre las economías más débiles entre las que se encuentra España, que pese a los ajustes y reformas efectuadas no hay fecha cierta para iniciar la senda de la recuperación económica.  

La presión de la economía especulativa forzó al Gobierno Socialista en 2010 a cambiar el rumbo de la política económica con el único propósito de reducir el déficit, y que se tradujo en un ajuste de 15.000 millones de euros. 

Ajuste que fue calificado entonces como el mayor recorte en el gasto social de la Democracia, pero pronto el Gobierno del PP lo dejaría pequeño. 

Cuando se anuncian las medidas de ajuste de 2010, la rentabilidad del bono a 10 años estaba en el 4, 022%. el paro registrado en 4.066.202 personas. El PIB crecía al 0,3% en tasa interanual y la deuda pública a finales de 2010 se situaba en el 60,1% del PIB. 

A la vista de los resultados, los recortes realizados en 2010 no sirvieron para superar la crisis.  

Estos hechos, junto a la irresponsable actitud del principal partido de la oposición entonces, instalado en un discurso catastrofista de España, insolidario con el sufrimiento del pueblo e interesadamente partidario, que lleva a su líder y candidato a la presidencia del Gobierno a declarar refiriéndose a la Prima de Riesgo: “ Esperamos que esto se pare, que se den cuenta los mercados de que aquí hay elecciones y de que los que ganen tienen derecho a un mínimo margen”; nos han conducido a la situación ruinosa que hoy padecemos. 

No se dieron por aludido los mercados, continuaron los ataques especulativos a la deuda pública aumentados por la incertidumbre sobre la solvencia del sistema financiero, y en diciembre de 2011, con un gobierno de mayoría absoluta del PP, el interés del bono a 10 años sube hasta el 5,495% (1,473% más que en mayo de 2010)

Cuando en mayo de 2010 la UE obliga al gobierno socialista a imponer las medidas que las organizaciones económicas y financieras internacionales exigen, quedó claro que aquellos que provocaron la crisis eran los arquitectos del nuevo orden social y económico europeo, y que los representantes políticos democráticamente elegidos por el pueblo se sometían a sus dictados, bien por convicción, bien porque consideraban que no tenían otra opción. Y es a partir de ahí, cuando las/os trabajadores y el Sindicato tomamos conciencia de nuestra soledad ante la que está destinada a ser la lucha de clases del siglo XXI. Una soledad inmerecida por la falta de reconocimiento durante años de la existencia permanente de la lucha de clases por parte de la izquierda gobernante o con vocación de gobierno, cuando los ricos la asumen y reconocen que la están ganando. 

Para las/os trabajadores/as es cada vez más preciso que la izquierda política ocupe su espacio natural, abandone el centro político y se diferencie cada vez más de la derecha, porque en el centro del discurso de la derecha está la democracia, el modelo social, la justicia y la libertad: valores propios de la izquierda y que para la derecha solo forman parte de la construcción del mensaje. 

Los partidos políticos deben saber, que los sindicatos no formamos parte de los problemas, los sindicatos somos parte de las soluciones y parte de los derechos democráticos, por lo que atacar a los sindicatos es atacar a la democracia. Y tienen que dejar de hablar de gastos o costes cuando se habla de salario y de gasto social, porque es una inversión rentable en el corto plazo en términos de bienestar.

Una lucha de clase desigual contra un capitalismo que acapara todos los recursos incluidos los gobiernos democráticamente elegidos, ya que han supeditado los intereses de las clases trabajadoras y de la ciudadanía en general a los intereses de la deuda, que genera ese veneno contagioso de la desigualdad que chupa la sangre a la gente y que pone a unos a luchar con los otros haciendo que la cohesión y la democracia alcancen cotas de retrocesos incalculables. 

Tras cuarenta años de lucha contra la dictadura política, en solo cinco años nos han impuesto una dictadura económica que hay que continuar combatiendo. Luchar por la integración, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad del empleo y la dignidad social; es luchar por la democracia, la libertad y la justicia y este es el llamado que les hago a todos/as ustedes por ser un deseo compartido. 

En este escenario, a las clases trabajadoras solo nos ha quedado la opción de la movilización y de la reivindicación de sus derechos. Una movilización compleja por la propia complejidad de la clase trabajadora, por su diversidad, por su fragmentación condicionada por intereses superficiales, junto al hecho de que miles de trabajadores son cautivos de salarios míseros, de condiciones laborales de pseudoexplotación, vulnerables y prescindibles ante la situación de paro. Y debemos haber aprendido que no es posible globalizar la economía al margen de lo social, porque ello genera desigualdades y tan profunda brecha que termina siendo pernicioso para los derechos de las/os trabajadores del mundo. 

En junio de 2012, el Presidente del Gobierno anuncia un nuevo paquete de recortes  (65.000 millones € en dos años), despejando las dudas de que el País estaba  intervenido al aceptar en julio las condiciones para el rescate establecidas en el MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO que ha supuesto una pérdida parcial de soberanía en favor de la TROICA, y anuncia la construcción de la “MARCA ESPAÑA” diseñada para trasladar a los mercados: “que España es atractiva para la inversión” porque los sueldos son baratos, tiene escasa cobertura social, un bienestar desmantelado y está dispuesta a competir con los países emergentes y desregularizados en derechos laborales.  

¿Han servido para algo los recortes de julio pasado? Está claro de que “NO” La economía de España está peor que en 2010 cuando se adoptaron las primeras medidas de recorte. La deuda pública equivale prácticamente a la totalidad del PIB. Los compromisos del déficit público son de imposible cumplimiento en los plazos acordados tal como ha quedado evidenciado recientemente. Y lo peor: QUE TODO ELLO LO SABÍA EL GOBIERNO DEL PP. 

Si las recetas económicas han sido catastróficas para la economía, no menos lo han sido en el ámbito sociolaboral. Las reformas laborales de 2010 y de 2011 han tenido un nulo efecto sobre el empleo. Se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo (1.200.000 en el último año) situando el paro en 6.202.000 personas con una tasa del 27% y una galopante pérdida de personas afiliadas a la SS.

 

En Huelva el reflejo de la crisis llega hasta:

• Las 100.000 personas desempleadas, con una tasa de paro del 46%. 
• 38.800 hogares con todos sus miembros en paro. 
• 40.000 familias viviendo en el umbral de la pobreza.
• Una precariedad que alcanza al 98,7% de la contratación.
• Lafiliación media a la SS ha sufrido una caída de 27.900 personas.
• La tasa de cobertura ha descendido hasta el 63,39% por lo que 37 de cada cien personas paradas no cobran prestación por desempleo.
• Más de 2.400 familias onubenses han sido desahuciadas de sus viviendas.
• Los precios se han incrementado un 10,98% mientras que la caída media de los salarios llega al 7,8%

Este relato y estos datos deben hacernos interesar por las siguientes interrogantes: ¿Si en 2010 para el PP, España estaba en una situación crítica y a punto de ser intervenida. Si se consideraba insostenible una rentabilidad del bono a 10 años de 4,022%, cómo con una rentabilidad media de 5,085% en enero de 2013 para el gobierno del PP la rentabilidad  está relajada?

¿Cómo era insostenible una deuda pública del 60,1% del PIB en 2010 y ahora, que la previsión para 2013 es que alcance el 90,5% (80% en 2012), estamos en la senda de la recuperación y del crecimiento?

Lo que ha sucedido en España desde los primeros recortes, no solo es la crónica de un fracaso sino, que después de cuatro años, también lo es de una estafa con la connivencia del gobierno del PP que, para pagar la deuda de los bancos recortan derechos, bienestar, empleo y salarios sin que tenga repercusión alguna para resolver, por ejemplo, los problemas de las preferentes y los desahucios y que está sirviendo para desarrollar un profundo ajuste ideológico.

El Pacto Social de nuestro modelo democrático de Estado sustentado en los principios del Dialogo y la Concertación, acabó hecho añicos con la llegada al poder del Partido Popular. Desde enero de 2012, la derecha en el gobierno no solo ha hecho lo indecible por ignorar, dificultar y debilitar a los sindicatos de clase propiciando una ofensiva antisindical que limita los recursos económicos y la posibilidad de disponer de recursos humanos mediante el uso de los derechos sindicales a los sindicatos de clase, violando la legislación por la que se rigen los derechos a organizarse las/os trabajadores en nuestro país para defender sus intereses; sino que ha actuado desde una dudosa constitucionalidad, y con toda seguridad, ignorando y no respetando los Estatutos de Autonomías de las diferentes Comunidades Autónomas especialmente el de Andalucía, imponiendo medidas económicas que ponen en cuestión el desarrollo de las competencias que le son propias a la Comunidad Autónoma, poniendo en riesgo la descentralización administrativa y de gobierno que establece nuestro marco constitucional.

Paralelamente la plataforma mediática de la derecha, en la cual se refugia el fascismo ideológico en su más pura esencia de nuestro país, se encarga sistemáticamente, día a día, de sembrar una ola de desprestigio contra sindicatos y sindicalistas. Ola de desprestigio, que en nombre de la libertad de expresión desarrollan con la más absoluta impunidad con la que nos están sometiendo a un escrache mediático permanente desde hace años, con la pretensión de sacar de las calles el conflicto social criminalizan a las organizaciones sindicales y sociales que le son molestas enjuiciando indiscriminadamente a ciudadanas y ciudadanos de forma ejemplarizante y que en Huelva, ha supuesto la persecución, sanción y denuncia penal de más de una decena de sindicalistas y ciudadana que repudiamos.

No solo hay responsabilidad de sistema financiero y de los gobiernos en la situación económica y sociolaboral de España. La CEOE y la CEPYME han sido y son cómplices del gobierno del PP como máximo exponente del neoliberalismo imperante. Ellos son los que han instigado las reformas, lo hacen ilegítimamente porque solo representan los intereses de la economía especulativa y de las grandes Corporaciones empresariales, sin importarles los problemas de las pequeñas empresas y se permiten además recomendar el despido masivo de funcionarios/as que son los garantes de los intereses públicos y generales.

CEOE y CEPYME han mantenido en la etapa del Gobierno Socialista una actitud hostil y beligerante con el diálogo social, negando todas las iniciativas y propuestas que desde los sindicatos planteamos. Y desleal  con la Concertación y el Acuerdo en la etapa actual del Gobierno del PP.

En este sentido, tenemos que hacer mención al II AENC firmado entre la CEOE y los Sindicatos el 25 de enero de 2012 mediante el cual se producía una muy moderada subida salarial (casi congelación salarial para 2011, 12 y 13) para que parte de los beneficios empresariales fueran invertidos en empleo y en I+D+i.

Sin llegar a iniciarse el desarrollo del II AENC, el Gobierno del PP, obsequia a la CEOE el 10 de febrero de 2012 con la actual reforma laboral que instrumentaliza el despido barato e incausado. Que sirve de herramienta para el despido masivo. Que transfiere a las empresas los derechos sociolaborales de los trabajadores y les otorga la carga de la certeza, entre otras medidas.

Obsequio muy bien recibido por el empresariado a tenor del uso efectuado: la destrucción de 1.200.000 empleos. El bloqueo sistemático y estratégico de la negociación colectiva para llegar a los plazos de cobertura de la ultractividad, en lugar de poner en valor el diálogo social y la concertación.

El empresariado en general y el onubense en particular, quienes aún consideran insuficiente la reforma laboral, son también responsables de la autodestrucción de las Instituciones Patronales por despreciar el dialogo social y el II AENC en favor de la reforma laboral que da prevalencia a las empresas entre todas las cosas, que genera competencia desleal en competitividad salarial entre empresas y que destruirá la condición de Agente Social  de las patronales al carecer de prevalencia en las relaciones sociolaborales.

Las empresas y el empresariado han decidido por la vía de de los hechos y al amparo de la Reforma Laboral, violar el derecho a la negociación colectiva. En la práctica decenas de convenios colectivos en Huelva están viendo frenada su negociación con su aplicación produciéndose en los últimos 12 meses, no solo la desregulación laboral que genera la Reforma impuesta por el Gobierno del PP, sino aquella derivada de la parálisis de la negociación colectiva y de la inaplicación de los convenios colectivos. 

Nunca a lo largo de los últimos 30 años hubo tantos trabajadores/as desprotegidos en Huelva en lo que a sus relaciones laborales se refiere. La reacción de la Patronal onubense ante la oleada desreguladora de derechos laborales y al albur de la Reforma Laboral, provoca la caída de los salarios y la devaluación o pérdida de las condiciones de trabajo generando con ello un mayor perjuicio a la maltrecha economía onubense, muy dependiente del consumo interno y de los servicios.

En mi opinión, la FOE debe haber ejercido un papel activo y protagonista ante los dos grandes problemas para la economía y las empresas onubenses: “el paro y la falta de financiación” y debe liderar una estrategia de cooperación solidaria entre empresas mediante la cual, empresas con beneficios aportan una parte de ellos para facilitar ayuda financiera a las pequeñas empresas para la contratación y la actividad comercial, con lo que, se estaría actuando sobre el estímulo económico y el empleo.

 En definitiva, las estructuras políticas, empresariales, mediáticas y financieras de la derecha, con el Gobierno del PP al frente, han desatado una guerra antisindical conscientes, de que en la actualidad, sólo las organizaciones sindicales de clase, podemos frenar con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía su ofensiva de reformas involucionistas, al servicio del capital y de los más rancios postulados de la derecha española. Ofensiva que pretende generar un calado descrédito del movimiento sindical entre los distintos colectivos de las clases trabajadoras y populares para fragmentar la capacidad de reacción de los/as trabajadores y de la sociedad ante la movilización frente a las imposiciones del gobierno y de la patronal.