Mucho que decir.

En estos dos o tres últimos días, se han anunciado y hecho realidad dos nuevas medidas, que una vez más están diseñadas para que sus efectos descabellados recaigan sobre las clases trabajadoras y las clases medias. Me estoy refiriendo a la desafortunada iniciativa de la peor ministra de empleo de la historia democrática de España, la ministra Bañez, quien despreciando la Ley recupera un procedimiento para que unos españoles se conviertan en chivatos de los otros; y una segunda, que hace recaer un nuevo lastre intelectual e ideológico sobre la sociedad española en forma de recomendación del FMI y de la UE para que se produzca una reducción del 10% del salario de las clases trabajadoras con el loable propósito de crear empleo.

Una (la Báñez), nos ponen a los españoles en la tesitura de utilizar un procedimiento anónimo de denuncias, para que con la escusa de la lucha contra el abuso y el fraude laboral se puedan realizar los ajustes de cuentas vecinales que cada cual considere, de forma similar, salvando la distancia y la época, de los ajustes con los que ajusticiaban las hordas falangistas en la posguerra.

Fruto de estas denuncias anónimas, anuncia con satisfacción esta nefasta ministra que se han sancionado y retirado la prestación a 60.000 trabajadores/as que cobraban fraudulentamente un salario no declarado. Esta inutilidad (la Báñez), no sabe que para que se produzca un fraude tienen que darse dos circunstancias; por una parte, que haya una perentoria necesidad económica del trabajador/a parada. Y por otra, una clara voluntad de defraudar y beneficiarse ilícitamente de las miserias de aquellos los pagadores, con el propósito de enriquecerse y eludir el compromiso fiscal que debe ser concebido como una obligación legal, moral y hasta solidaria. ¡Entonces, cómo es que sólo se denuncian, persiguen y sancionan a las personas paradas! Quizás, en el ADN de este País se tiene asimilado el profundo arraigo sumergido de la práctica económica empresarial.

Y los otros, los prestidigitadores (FMI, UE) que se dedican a lanzar mensajes y sus contrarios a la vez (las medidas aplicadas no están dando los resultados adecuados, pero hay que seguir profundizando con ellas, …), y a reconocer lo precario de sus propios errores sin importarles las consecuencias, ya que persisten en sus exigencias y/o recomendaciones obviando intencionadamente que todas las medidas restrictivas adoptadas, entre ellas la bajada de los salarios, han incrementado en España un 5% la tasa de paro y ha generado una reducción salarial del 6,3%, (el 7,3% en Andalucía y el 7,8% en Huelva) desde su aplicación, a la vez que ha propiciado el empobrecimiento del 22,00% la capacidad de renta de la familias.

Ambas iniciativas, la de la nefasta Báñez y el lastre ideológico del FMI y de la UE, han contando con el contundente rechazo de los Sindicatos mayoritarios UGT y CC OO y una gran parte de la sociedad española. Pero, y en Huelva, ha habido la misma contestación? Es a caso Huelva una burbuja aislada en la que no tienen efectos estas iniciativas?

En mi opinión, en Huelva hay mucho que decir al respecto porque son muchas las razones. Tenemos el mercado laboral con los peores indicadores de calidad de Andalucía. Una tasa de paro del 46% (EPA). 4,8 personas paradas de cada 10 no cobra ningún tipo de prestación. Hay convenios colectivos de sectores productivos muy importantes para la maltrecha economía onubense en el abismo de la perdida de la ultraactividad. Disfrutamos de forma normalizada, de un amplio porcentaje de economía sumergida según se desprenden de las palabras del Presidente de la Patronal (FOE) en dos vertientes, una en forma de pago en negro (B) de parte de los salarios de las trabajadoras y trabajadores, y de otra, en forma de competencia empresarial desleal por empresas ilegales, solo hay que recordar las manifestaciones de los representantes de la FOE reconociéndolo y condicionando la firma del convenio del metal a ello (ver hemeroteca). Gozamos del desagradable privilegio de contar con 40.000 familias en el umbral de la pobreza y 36.000 de ellas con todos sus miembros en paro (EPA). La gente deambula entre contenedores, ayer vi una familia por última vez, en busca de restos de comida y enseres que poder vender.

En definitiva, porque de entre las 60.000 personas sancionadas puede haber gente de Huelva, porque los salarios se han reducido un 7,8% de media y no se ha generado empleo y porque la gente en Huelva está pasando hambre son razones poderosas de obligan a decir muchas cosas al respecto y no se han dicho.

No me parece aceptable que una de las pocas voces oídas haya sido la del responsable del IAJ en referencia a la bajada del 10% del salario a las personas asalariadas y sus consecuencias sobre los jóvenes, mientras que las/os trabajadores han carecido de los mensajes de lucha y resistencia por la justicia social de sus representantes.