jueves, 12 de abril de 2012

El miedo a la calle.

El gobierno del PP teme a la calle, y como la teme quiere instaurar un régimen de miedo y de represión de las libertades para tener controlado al personal y acercarnos de esta manera al régimen Sirio, donde la libertad de pensamiento, de opinión y de manifestación han sido coartados tan violentamente que ha generado un estado de guerra civil.

Con toda seguridad, en España aún estamos muy lejos de la situación siria, pero considerar “la resistencia pasiva un atentado” no deja de ser un nuevo corsé a las libertades individuales y colectivas que sin lugar a dudas, generará un alto grado de rechazo y de desencanto que explotará en masivas y pacíficas protestas en la calle que sumará al ya generalizado desencanto de la ciudadanía con las acciones del gobierno del PP.

El miedo del gobierno del PP a la calle no puede justificar por sí solo, el profundo calado de las reformas del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta la propia Ley Orgánica de protección a la Seguridad ciudadana y mucho menos, en la dirección que pretende el Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz porque criminaliza la libertad de expresión, de pensamiento y de movilización y porque supone en mi opinión, un claro atentado contra un derecho fundamental recogido en nuestra constitución en su art. 21.

Mucho menos asumible son las calificaciones justificatorias del ministro Fernández Díaz, quien en su verbo diabólico proclama la necesidad de luchar contra lo que denomina como “espiral de violencia” refiriéndose al movimiento del 15 M, a los cientos de miles de trabajadoras y trabajadores y a los cientos de miles de personas que en las pasadas fechas tomamos las calles e hicimos la huelga general del 29 M. Todos ellos y nosotros, para el ministro somos antisistemas que practicamos técnicas de guerrillas urbanas, y para aniquilar estas técnicas de guerrillas no tiene otra ocurrencia que:

o Endurecer las sanciones de lo que llama violencia callejera a los civiles cuando la -poli- infiltrada promueva una estampida social, y considerarlos terroristas en la aplicación de la ley. Se trata de que la gente tenga más miedo al régimen y por esa vía se desmovilicen los descontentos sociales que son muchos.

o Considerar delito de “atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa grande”, por lo que pasarán a ser presuntos delincuentes todas aquellas personas que coincidan en un espacio público para manifestar su indignación y repulsa ante una decisión de gobierno no contenida en el programa electoral de éste, y por tanto fraudulenta.

o Será considerado “delito de integración en banda criminal”, la difusión a través de Internet y de las redes sociales de las convocatorias públicas.

o Se introducen entre las medidas de acometimiento: las amenazas, comportamientos intimidatorios o los lanzamientos de objetos peligrosos, que serán agravantes cuando se produzcan en manifestaciones o concentraciones, en definitiva, cuando se utilicen en espacios públicos. Sólo se es presuntamente delincuente cuando se expresa de manera pública el pensamiento hostil contra la autoridad.
Ante todo este cúmulo de barbaridades cabe cuestionarse diversas actitudes de convivencias, de procederes y hasta de derechos consagrados por la Constitución Española.

En definitiva, ¿debemos considerar entre estas modalidades: la mirada desafiante a la autoridad, el lanzamiento de petardos en movilizaciones, la pitada generalizada contra lo que se protesta, el grito de “esto nos pasa por un gobierno facha” de más de 35.000 onubenses el pasado 29 M, concentrarse ante las puertas de un establecimiento público para denunciar practicas laborales improcedentes, o la expresión pública de un pensamiento hostil contra la autoridad? ¿Todas éstas serán actitudes delictivas en nuestra democracia?

¿Debo considerarme después de la reforma, presunto delincuente por lo que escribo en este post?

Debe saber el Ministro de Interior que, quien teme a la calle se teme así mismo o al menos, muestra su propias fragilidad y debilidad y que criminalizar la protesta civil atenta contra los Derechos Humanos.

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