Es el libre mercado un sistema democrático, y por tanto el neoliberalismo que los sustenta ideológicamente?
El mercado opera como una autarquía donde, quienes tienen el poder lo usan para controlar la voluntad de las masas y así garantizarse toda la influencia social, la intervención económica y el negocio.
El libre mercado conforma una especie intocable, venerada, prestigiada y exclusiva que no quiere relacionarse de igual a igual con la sociedad. Construye una clase social que impone las normas del juego económico, mediático y hasta político y en estas condiciones no podemos afirmar que en un país por muchos procesos electorales que se desarrollen, exista un sistema democrático en el sentido amplio del término. Ahora bien, sí es cierto que la ciudadanía “libremente?” eligen a quienes deben velar por los intereses generales pero sin molestar a los intereses del poder.
Es en esta acción de gobierno donde se desprecia el más estricto sentido democrático, al no desarrollar toda una batería de políticas proteccionistas de quienes no tienen la capacidad de competir con garantías de igualdad ante los poderes de facto establecidos. Gobernar para reforzar y blindar los intereses de los poderosos es una auténtica autarquía inquisidora y totalitaria con barniz de democracia.
España, con el actual gobierno del PP se encuentra en un momento de la historia en el que más se pone de manifiesto el blindaje del poder dominante, a la par que se generaliza el desacato a la justicia social con la acción de gobierno. El modelo de Estado “SOCIAL Y DE DERECHO” queda restringido al papel constitucional y la acción de gobierno transforma profundamente la concepción y normas de convivencia ciudadana dotándolas de un hondo calado ideológico neoliberal.
Cambio en la convivencia, cambio en la cultura del pueblo forjada en el tiempo y que se está produciendo en un breve espacio temporal, por lo que su imposición se sustenta en la estrategia del miedo, la desprotección social y jurídica, la insuficiencia económica de la ciudadanía, el control mediático y las restricciones de libertades, de acceso al conocimiento y al saber de las clases trabajadoras para generar dependencia emocional, material y hasta sumisión; todo avalado por la estrategia reformista del gobierno del PP.
Reducir el salario a las/os trabajadoras/es, desequilibrar las relaciones laborales en favor de los patronos, restar garantías jurídicas y coartar la posibilidad de que las clases trabajadoras se organicen colectivamente para defender sus intereses son claros efectos de estas políticas ideologizantes que aplica el gobierno del PP. A lo que hay que sumar: las tasas inaceptables para acceder a la justicia en asuntos laborales, las dificultades para que los/as hijos/as de los/as trabajadores/as puedan acceder a la universidad, el repago sanitario, la subida del IRPF, o la consideración de violentos (pertenecientes a bandas violentas) de aquellos que protesten manifestando su desacuerdo contra las injusticias por obra y gracia de la que será la nueva ley de resistencia pasiva a la autoridad; todo un claro ejemplo de restricción de un derecho fundamental de la ciudadanía y la última anunciada reforma de la ley audiovisual de España para garantizarse el control de las televisiones públicas y así poder adoctrinar y adormecer las conciencias.
En la balanza contraria y para satisfacer la vanidad del proyecto político del gobierno del PP, se sitúa la destitución de la Fiscalía anticorrupción, de los técnicos y directivos de la Oficina para el Fraude Fiscal, ambas instituciones que investigaban la trama de La Gürtel y la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Se amnistía fiscal y penalmente a los defraudadores profesionales, se aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se recorta drásticamente en educación, sanidad y dependencia todas ellas competencias de las Comunidades Autónomas; con el claro propósito de intervenir en las acciones políticas de aquellas.
En estas condiciones y con en el modelo capitalista actual cuesta compartir la idea de democracia con los poderosos, por lo que para instaurar derechos, justicia social y libertades democráticas se hace preciso incorporar al discurso político el concepto de la cohesión cultural e ideológica, de forma tal que los medios que canalizan la comunicación y la información tengan una presencia ideológica paritaria en la sociedad y así la ciudadanía pueda disponer de criterios plurales a la hora de tomar decisiones.
Es un sentir muy generalizado, pero poco comentado. Espreciso generar unu espacio de opinión, de difusión y de concienciación sobre lo que está ocurriendo en este País porque de no actuar, nos cambiarán las normas de convivencia y de relacionarnos socialmente y no lo harán en la dirección de favorecer la convivencia libre.
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