La congelación del SMI para 2012 parte del concepto de austeridad que tiene el PP y su gobierno. Un concepto sustentado exclusivamente en la posición doctrinaria de que la competitividad de la economía se alcanza reduciendo los salarios en lugar de mejorando la capacidad productiva de las empresas y reformando la cultura del tejido empresarial. Parte por tanto, de una premisa errónea porque los efectos que la medida tendrá sobre la economía y la política de ajuste presupuestario será insignificante en relación al déficit público, pero sí sus efectos serán devastadores sobre la capacidad de renta de trabajadoras y trabajadores, así como las garantías sociales de los mismos.
No es cierto que obedezca a criterio alguno de austeridad ni de reducción del déficit público y por contra, contraerá aún más el consumo y con ello el desarrollo del ciclo económico.
Es una medida injusta que debe ser rechazable de forma contundente, porque el SMI ha perdido, solo en 2010 y 2011 un 2,3% de capacidad de renta respecto al IPC de los mismos años y porque se aleja del objetivo de la Carta Social Europea de alcanzar el 60% del salario medio.
Es una medida solo justificable desde el punto de vista de la generación masiva del miedo, para que la sociedad española entienda o justifique los recortes y reformas regresivas que el nuevo gobierno tiene prevista realizar, entre ellas: la bajada generalizada de salarios, una nueva bajada del salario de empleados/as públicos, o dejar de prestar servicios públicos esenciales tal como los entendemos hoy.
Perjudica claramente a los más vulnerables, quienes verán sus rentas agraviadas por la reforma de la negociación colectiva, por la perdida de capacidad de rentas en relación al IPC, y por los efectos que sobre salarios y prestaciones sociales tiene la referencia del SMI, entre las que se encuentran el cálculo de las bases de cotización para miles de pensionistas, por lo que la congelación del SMI amortizará el pírrico incremento que van a tener las pensiones.
Es una decisión injusta porque el SMI ha servido como instrumento para garantizar una redistribución mínima de las rentas, y su congelación incrementará la brecha salarial y social entre los/as trabajadores/as que más ganan con quienes tienen menor capacidad de renta.
Con esta medida, el gobierno y el poder mediático que le sirve mandan un mensaje claro de por dónde quieren que discurra la reforma laboral, cuyo único objetivo es rebajar los costes salariales para mejorar la competitividad de las empresas y restituirle el poder de decisión al tejido empresarial.
Una vez más, serán los/as trabajadores/as los únicos pagadores de la falta de competitividad e incapacidad empresarial. Razones más que sobradas para pedir al gobierno que reconsidere esta propuesta, que penaliza a las personas más vulnerables y se distancia de los objetivo de la Carta Social Europea suscrita por España.
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