Por la fuerza de los hechos los poderes económicos, financieros y las políticas neoliberales están ilegalizando a los sindicatos de clase.
Acciones, medidas y reformas políticas que contravienen principios tan esenciales para el bienestar, como el diálogo, la concertación y el acuerdo, no hacen más que limitar la capacidad de acción que la LOLS otorga a los sindicatos más representativos.
La reforma de la negociación colectiva que da prevalencia al convenio de empresa respecto al convenio de sector y provincial, que da la potestad última al empresariado de imponer condiciones laborales en caso de desavenencia; limita la capacidad de acción que la LOLS y la propia Constitución confiere a los sindicatos más representativos.
Despedir a trabajadores y trabajadoras sin mediar justificación alguna, salvo el temor de entrar en pérdidas económicas, limita la capacidad de acción de los sindicatos más representativos.
Desliberar a los liberados sindicales en nombre de la austeridad y del ajuste del gasto, es limitar loa capacidad de acción de los sindicatos más representativos.
Sufrir la campaña de acoso y descrédito mediático tan atroz de la derecha mediática, limita la capacidad de acción de los sindicatos más representativos, al generar la conciencia colectiva de que los sindicatos son innecesarios y solo producen gastos.
Todas estas medidas tienen un objetivo común, reducir a los sindicatos al ámbito de las empresas, en el mejor de los casos. ¿Qué puede hacer un representación sindical empresarial sin una organización detrás?
Nos llevan a la individualización y privatización de las relaciones laborales y lo que ello conlleva colateralmente en términos del bienestar.
Estas medidas ilegalizan de facto al sindicalismo de clase poniéndolos a niveles de los años 70. Los sindicatos son y serán necesarios, no solo para trabajadores, trabajadoras y empresas, sino para el conjunto de la sociedad.
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