¿Qué puede significar la urgencia y el fondo de la modificación de la Constitución Española para limitar el déficit de las Administraciones Públicas?

Más allá del claro corte ideológico neoliberal que encierra impuesto por Merckel y Sarkozy, el hecho de promover una reforma de tal calado de la Carta Magna Española a espaldas del pueblo que la parió, es un claro intento de ocultamiento de la profundidad que la modificación otorga a la propia soberanía del Estado. Es decir, al propio ordenamiento de un Estado Social y de Derechos como el nuestro, que sustenta su ser en la voluntad del pueblo. Por tanto, usurpar ese derecho al pueblo es hurtar la capacidad de decidir del mismo. Dicho de otro modo, es hurtar la capacidad decisoria a la razón de ser del Estado.

Propiciar esta reforma es dar carta de naturaleza a la transferencia de soberanía de España hacia los mercados que no son tan intangibles como dicen, ya que tras ello hay personajes que controlan los hilos de la economía mundial y ahora quieren controlar las fibras sensibles, los sentimiento y la felicidad del pueblo con la acción connivente de quienes, la propia voluntad del pueblo han decidido que sean sus representantes.

Reformar la Constitución en los términos que  pretende el PP y el PSOE, es constitucionalizar la pobreza, el desafecto y la capacidad de evolución de una sociedad.

Reformar la Constitución para limitar el gasto público es condenar a los municipios al ostracismo de la perplejidad, ya que no podrán gastar más de lo que ingresan.

En definitiva, modificar la Constitución tan sustancialmente sin contar con el pueblo, es condenar de por vida a la izquierda de este país y renunciar a principios y valores básicos de la izquierda, quienes nos vemos ninguneados en derechos por un partido que parece estar haciendo un enorme esfuerzo por despegarse de la masa social que la sustenta, las clases trabajadoras y populares.

Esta urgencia innecesaria por otra parte, con la que quieren aprobar la reforma aparcará en el olvido reivindicaciones históricas del municipalismo de izquierda de este país, como es una justa Ley de Financiación de las Entidades Locales que concluirá con la pérdida de cintos de puestos de trabajo de los Ayuntamientos y sus Entes asociados, amen de garantizar el cuestionamiento de las políticas sociales  y del Estado del Bienestar por ser estos campos donde se producen la mayor inversión de las Administraciones Públicas.

Contra los abusos de un poder decadente y falto de representación, ya que su soberanía radica en el pueblo al que se le quiere hurtar derechos, es motivo sobrado para que el conjunto de la ciudadanía onubense se de cita en la Concentración que se realizará el próximo día 1 de septiembre a las 20,00 horas en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Gran Vía.